Tres exámenes de la política económica -por Eduardo Anguita

Tras la devaluación: cómo se acomodarán los precios relativos y cómo se defenderán los asalariados para no perder posiciones.

El tándem Jorge Capitanich-Axel Kicillof afronta un duro desafío. La semana pasada, pese a las incertidumbres políticas existentes, tomaron la decisión más importante desde el resultado de las elecciones del 27 de octubre: devaluar la moneda. El lunes 20, el dólar oficial cotizaba a 6,84 pesos, y el jueves 23 pasó la barrera de los 8. Es indudable que la sombra del dólar blue, tras haber llegado a los 13 pesos, empujó este cambio. Sin embargo, no fue un golpe de mercado, sino que la autoridad política tomó la iniciativa de fijar un nuevo escenario. Como corolario de esta decisión, desde ayer rige un nuevo sistema para que los particulares puedan hacerse con dólares para ahorro.
De todos los factores que empujaron, quizá el más trascendente, aunque no esté tan a la vista del gran público, sea la persistencia del sector agroexportador en no liquidar una parte importante de la cosecha de soja de la campaña 2013. Kicillof lo dice en una entrevista publicada por Página/12 el pasado domingo. El ministro de Economía afirma que hay en silobolsas perfectamente identificadas por el Estado el equivalente a 4000 millones de dólares. Pero lo que es aún más grave es que, según sus propios informes, habría una cantidad un poco mayor –alrededor de 5000 millones de dólares– que no habrían sido vendidas. La cifra es escandalosa por el volumen: 11 millones de toneladas de soja. Es decir, con satélites que escanean todo y que permiten detectar una ampliación en una vivienda que no está declarada por un laburante que se hizo un cobertizo en la terraza y que a los pocos meses se lo suman al impuesto inmobiliario calculando los diez metritos cubiertos que no declaró en catastro.
Por un lado, bienvenido que se le ponga número a las cosas y que el debate público no se limite a los exégetas o detractores del gobierno ni a los que hablan de los años ganados o de los años perdidos. Por el otro, cabe preguntarse: ¿tanto poder tienen los sectores más concentrados del complejo agroalimentario como para poner al conjunto de los argentinos en este frenesí de cuánto vale un dólar? Y, directamente al ministro de Economía: ¿Estos datos de cómo se abusan los sojeros son para que la sociedad tome nota de cuánto poder tienen o son para preparar el terreno y mandar una batería de proyectos de ley a las sesiones extraordinarias del Congreso y contar con herramientas legales que impidan que los intereses de una minoría privilegiada sometan a los intereses generales?
La misma presidenta de la Nación en reiteradas oportunidades afirmó que este gobierno no iba a devaluar. Lo hizo con argumentos genuinos y claros: las devaluaciones siempre trajeron aparejadas transferencias de ingresos de los asalariados y las clases medias hacia quienes tienen capital concentrado. Agreguemos: y particularmente hacia las empresas transnacionales. Al respecto, en una extensa entrevista publicada ayer en Ámbito, Capitanich dijo que dos tercios de las exportaciones están en manos de empresas transnacionalizadas. Entonces, por un cambio de la relación de fuerzas y más allá de la voluntad de la presidenta, un conjunto de acontecimientos llevaron a la devaluación de la semana pasada. Como eso no es retórica sino una decisión con riesgos, los debates también tienen que ser crudos, propositivos pero crudos.

LA SEGUNDA. Si el primer movimiento fue la devaluación, el segundo movimiento es cómo se van a acomodar los precios relativos. El tercero es cómo se van a defender los asalariados para no perder posiciones. Respecto de los precios, el vocero de la Cámara de Supermercados, ya abrió el paraguas: afirmó que los comerciantes no tienen derecho a remarcar en estos días pero sí tendrán que ver cuál es el valor de reposición de las mercancías. Y agregó que, para tranquilidad del público, el comercio de productos de la canasta básica es muy competitivo y que ninguna cadena comercial va a querer que sus clientes se pasen a otra firma. Dos aclaraciones aunque resulten verdades de Perogrullo. La primera, seis de cada diez pesos que se gastan en comercio minorista salen de no más de seis grandes cadenas de supermercados, entre ellas hay una competencia bastante imperfecta, debido precisamente al grado de concentración del sector. La segunda, no es fácil obligar a un molino harinero a que no aproveche el dólar más caro para exportar, de manera que de modo automático habrá presión para el aumento del pan y otros productos que tienen como insumo básico la harina. El presidente de Shell, Juan Aranguren salió por todos los medios a dar su versión sobre las acusaciones que pesan sobre él respecto de haber querido comprar dólares a un precio más alto el pasado jueves 23, en medio del calor dantesco y el dólar en alza. Pues bien, aprovechó para decirle a Marcelo Longobardi por radio Mitre que Shell importa todos los meses crudo por valor de 210 millones dólares para refinar y que el cambio en los costos relativos, ergo, deberán trasladarlo a los precios de las naftas.
Ahora bien, en las naftas, el Estado ahora tiene a YPF como para evitar que otras compañías petroleras hagan movidas especulativas, sin perjuicio de que no puede ignorar el impacto devaluatorio sobre sus propios costos –y los de sus socios privados–. En cambio, en el comercio minorista, el Estado no tiene ningún instrumento que pueda hacer de testigo de las maniobras especulativas. Y, volviendo al comercio internacional de granos, hay aún menos presencia del sector público. Siete grandes empresas concentran el 72% de la exportación de aceites: Cargill, Molinos, Dreyfus, Bunge, Vicentín, Oleaginosa San Lorenzo y Terminal (datos del Ministerio de Economía, 2011). Estas empresas están integradas verticalmente, tienen intereses cruzados entre sí y lograron liderar a varias de las entidades de productores rurales. Tienen una serie de puertos –desde los noventa– en el Paraná desde Zárate hasta San Lorenzo. El Estado no tiene todavía ni una empresa pública con un puerto propio que pueda de algún modo salir de la lógica de estas multinacionales y tratar de fijar, aunque sea de a poco, otro rumbo.
El cálculo que venían haciendo todos los analistas alineados con el sistema sojero hasta la semana pasada, previa a la devaluación, es como una cuenta de almacenero: liquidar exportaciones con el dólar oficial menos el 35% de retenciones no les conviene. Ponen al dólar blue como costo de oportunidad. Es decir, terminar liquidando a cinco pesos cuando el blue les ofrecía el doble. Desde el punto de vista de esos intereses ultraminoritarios tiene lógica, pero desde el punto de vista del interés de los trabajadores y del interés general representado por el Estado, esa cuenta es, por lo menos, una trampa. En primer lugar, porque desconoce que las retenciones son recursos fiscales que sirven para aportar a planes sociales universales y para recursos de las provincias vía la coparticipación. Pero, además, porque evitan decir cuáles son los colosales niveles de ganancia que obtienen. Y con esta devaluación van a ganar bastante más

LA TERCERA. La pregunta que queda, antes de pasar a las paritarias, es si el tándem Capitanich-Kicillof, que cuenta sin duda con el aval de la presidenta, confían en obtener resultados vía el diálogo con los sectores concentrados. Es cierto que al diálogo suman algunas advertencias, como que abrirían la importación para compensar aumentos injustificados de precios. Está claro que el diálogo está bien. Ahora: en la puja distributiva, ¿no es preciso sumar a los representantes de los sectores productivos y, fundamentalmente, a los trabajadores? Además: ¿no se puede poner a la oposición en la legítima obligación de debatir cómo se le pone límite a la renta agropecuaria y a otros sectores privilegiados, como el financiero, por ejemplo?
Es momento de serenidad en el debate público. Pero no parece momento para quedarse esperando que el mercado acomode las cosas. Porque, más allá de los resultados a cortísimo plazo, están los 30 años de ejercicio democrático que mostraron la voracidad de los especuladores. Pero, sobre todo, estos años mostraron el poder de los sectores minoritarios a la hora de coyunturas complejas. En este sentido, así como estos días se habla incansablemente del dólar, en febrero se hablará con frenesí de cuánto es el piso salarial. Faltan poquitos días para eso.
¿Acaso Hugo Moyano o Pablo Micheli avalarían una escalada mayor de presión devaluatoria? ¿En la Unión Industrial Argentina quisieran un escenario de desbarranque que provoque grandes tensiones sociales y cierres de fuentes de trabajo si la escalada del dólar no termina acá? No hay razones políticas ni económicas para que estas turbulencias terminen con un ajuste del salario. Así como Capitanich y Kicillof dieron abundantes datos sobre cuál es el estado actual de la economía, no debería haber ningún secreto para que se establezca con claridad meridiana cuál es el impacto en el ingreso de los distintos sectores asalariados. Esto es, para que se pueda saber sin subterfugios cómo impactaron la inflación real de 2013 y esta devaluación de enero de 2014 en la capacidad de compra –y ahorro– de los trabajadores. Con esos números en la mano, patrones, trabajadores y representantes del Estado tendrán que ponerse de acuerdo. Si en algunos sectores hay razones de productividad o de otra índole para un punto más o un punto menos de aumento es harina de otro costal. Y si para darle fuerza institucional a ese debate es preciso convocar al Consejo Económico Social, incluso sumando instituciones académicas, sectoriales, religiosas, bienvenidas sean.
De esos debates, de esos cruces de información, de opiniones y de intereses particulares se puede nutrir la política. Muchas cosas pueden ponerse en paréntesis en este momento. Pero hay una verdad –relativa– que no puede desconocerse: la política en esta última década logró un alto grado de autonomía del poder económico y cada vez que el Estado tuvo la determinación –recordar AFJP, YPF, Ley de Medios y varias otras– los lobbies económicos no pudieron avanzar. Podrá decirse que en 2014 el kirchnerismo no tiene la fuerza de los años anteriores. En contrapartida, puede tener la capacidad de convocar al conjunto de las fuerzas políticas y poner su fuerza y su inteligencia para sortear esta situación sin que los intereses populares sean dañados y para que la Argentina avance a un sistema productivo de matriz diversificada y con mucha más autonomía del poder económico concentrado.

http://tiempo.infonews.com/2014/01/28/editorial-117609-tres-examenes-de-la-politica-economica.php