Organizaciones haitianas apoyan diálogo con Dominicana pero expresan preocupaciones
Cinco organizaciones de la sociedad civil haitiana ofrecieron este martes su apoyo al reanudado diálogo entre la República Dominicana y Haití, reiterando al mismo al mismo tiempo su determinación de continuar acompañando a las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional hasta tanto las autoridades dominicanas adopten medidas de conformidad con las convenciones internacionales, de las cuales se excluya toda fórmula de naturalización.
En el documento, las organizaciones pasan revista a las preocupaciones expuestas por sus dirigentes a los miembros de la comisión ad hoc nombrada por el gobierno de Michel Martelly para participar en la reunión del pasado día 7 con la parte dominicana, entre las que citan el temor a un “diálogo de sordos”, particularmente en lo atinente a la sentencia del TC dominicano, “sobre la cual los dos Estados habían expresado hasta entonces posiciones profundamente contradictorias”.
“El hecho de que, según las declaraciones oficiales haitianas, más de tres horas hayan sido dedicadas al debate de la sentencia TC-168-13 puede ser visto como un logro sobre los voceros ultranacionalistas y diversos miembros del gobierno dominicano que habían proclamado en los días previos al 7 de enero, que ni este fallo ni el plan de regularización debían figurar en la agenda de discusión”, dicen Jean Baptiste Azolin, del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), el padre Antonio Lissaint, del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), Guy Alexandre, del Colectivo Haitiano para la Migración y el Desarrollo (COHAMID), Edwin Paraison, de la Fundación Zile, y Rachelle Charlier Doucet, por el Comité Memoria 1937.
Entienden, sin embargo, que pese a la inclusión en la declaración de la demanda haitiana de medidas concretas que salvaguarden los derechos de las personas de origen haitiano y el compromiso dominicano al respecto, la concreción de este punto requiere la vigilancia de la sociedad civil.
En esta perspectiva, las organizaciones consideran positivo que la delegación haitiana no condescendiera a tocar el tema bilateralmente y que haya logrado que en su discusión y recomendaciones tomen también parte los observadores internacionales.
Asimismo, estiman positiva la diferenciación de las comisiones ad hoc y mixta bilateral. Señalan, empero, que más allá de la coyuntura, es necesario dotar a esta última de todas sus prerrogativas para manejar un expediente sobre el cual las dos partes han acumulado información y experiencia.
Frente a este saldo positivo, las organizaciones destacan sin embargo algunas incertidumbres y preocupaciones que, en su opinión, deben ser clarificadas. Citan entre la metodología de trabajo y el contenido de las próximas reuniones bilaterales.
También les preocupa el hecho de que, al parecer, no se ha previsto vincular a las discusiones a los grupos e instituciones de la sociedad civil ligados a la defensa de los derechos humanos, ni a representantes de las asociaciones del sector informal, que son actores importantes de los intercambios comerciales, principalmente en la zona fronteriza.
“Conscientes de la complejidad de la cuestión comercial entre los dos países, las organizaciones signatarias llaman la atención de la comisión ad hoc sobre la necesaria clarificación de los mecanismos institucionales implicados en la gestión de las aduanas y de los mercados transfronterizos, incluido el papel de los alcaldes y de las organizaciones anteriormente mencionadas”, añaden.
Adicionalmente, y en razón de los frecuentes conflictos entre pescadores haitianos y las autoridades dominicanas, llaman a apoyar las recomendaciones del GARR en la materia y piden prestar atención al problema de las fronteras marítimas entre los dos países.
Relevando la visibilidad e influencia de los sectores neonacionalistas dominicanos, las organizaciones llaman a los comisionados haitianos a mantenerse vigilantes y los diplomático en la República Dominicana a jugar un papel proactivo en la protección de los ciudadanos y en la exigencia de respeto al Estado y al pueblo haitianos.
Al mismo tiempo, exigen al gobierno de Puerto Príncipe cumplir su compromiso de dotar de documentos de identificación a los trabajadores haitianos de modo que estos puedan beneficiarse de las visas temporales que les permitirán regularizar su situación en la República Dominicana, para lo cual es indispensable que las autoridades faciliten el acceso de la población a estos documentos, no solamente mediante la simplificación de los procedimientos y la reducción de costos, sino también consagrando recursos para estas operaciones.
“Por último, es importante entender que la declaración conjunta surgida de las discusiones del 7 de enero es, todavía en esta etapa, una declaración de intenciones. Estamos habituados a que nuestros dos Estados emitan declaraciones que se convierten en letra muerta. En esta ocasión, los exhortamos a establecer la diferencia por el hecho mismo de haber coincidido las dos partes en calificar de histórico el diálogo franco y los logros de la reunión de Ouanaminthe”, precisan las organizaciones firmantes.
El documento concluye ratificando la misión del GARR, el SJRM, el Comité Memoria 1937, el COHAMID y la Fundación ZILE, de trabajar por el reforzamiento de los lazos de amistad y de solidaridad entre los dos pueblos de la isla.
