Martinelli recibe a ministra española por conflicto en ampliación del Canal
El consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal), liderado por la empresa española Sacyr e integrado además por la italiana Impregilio, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, anunció el pasado día 30 que paralizará las obras si no se le reconoce un sobrecoste de unos 1.600 millones de dólares en el proyecto.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor, y el presidente panameño, Ricardo Martinelli, se reunirán mañana lunes para buscar una solución al conflicto desencadenado por la amenaza del consorcio que realiza la ampliación del Canal de Panamá de suspender las obras si no son satisfechas sus peticiones.
El consorcio GUPC (Grupo Unidos por el Canal), liderado por la empresa española Sacyr e integrado además por la italiana Impregilio, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, anunció el pasado día 30 que paralizará las obras si no se le reconoce un sobrecoste de unos 1.600 millones de dólares en el proyecto.
Durante su visita a Panamá, Pastor mantendrá encuentros con todas las partes implicadas -el Gobierno, el consorcio y la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP)- con el objetivo de «ayudar y mediar» en la búsqueda de una solución que permita «alcanzar un acuerdo» que satisfaga a todas las partes, señalaron a Efe fuentes de su ministerio.
La ministra estará acompañada por el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia.
En los últimos días, se han multiplicado las voces y los argumentos cruzados con respecto a las circunstancias que rodean a esta obra de ingeniería, considerada una de las mayores del mundo.
Mientras el consorcio defiende que los trabajos se han encarecido debido a la existencia de fallas geológicas no previstas en los estudios de licitación del proyecto, la Autoridad del Canal asegura que el sobrecoste demandado no está justificado y que su único objetivo es engrosar el contrato.
El consorcio afirma que carece de liquidez para continuar con los trabajos, a lo que la Autoridad del Canal de Panamá responde que ha pagado «religiosamente».
Pese a las desavenencias, las vías de resolución permanecen abiertas: el consorcio insiste en negociar con la Autoridad y esta se muestra dispuesta a reconocer parte del sobrecoste, siempre que esté suficientemente justificado.
Al margen de estas negociaciones, cuyo avance se desconoce, se ha abierto una vía política después de que Martinelli anunciara que viajaría a España e Italia para exigir a sus Gobiernos que las empresas de sus respectivos países cumplan el contrato.
La respuesta por parte del Gobierno español es la visita de Pastor a Panamá, donde tiene previstas tres reuniones: primero con los responsables del consorcio, después con Martinelli, y finalmente con el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, y el administrador de la Autoridad del Canal, Jorge Quijano.
Las autoridades panameñas insisten en que las obras de ampliación del Canal se terminarán en cualquier caso, aunque implique retrasos.
El contrato está protegido por una aseguradora, de manera que si finalmente el consorcio no concluye los trabajos, la propia ACP podrá asumirlos o adjudicarlos a otra compañía.
Las obras de ampliación del Canal de Panamá comenzaron en 2007 y se prevé que estén terminadas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El programa de ampliación registra un avance total del 72 %, mientras que el de la construcción del nuevo juego de esclusas es de un 65 %
El GUPC se adjudicó el proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, la oferta más barata, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
Ya en 2012 el consorcio reclamó 585 millones de dólares por problemas con la mezcla de cemento, lo que fue rechazado por la Autoridad del Canal.
Además, el pasado mes de diciembre, el consorcio presentó otra reclamación por 850 millones de dólares, que todavía no se ha resuelto.
ACP considera que argumentos de GUPC carecen de sustento
Para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) los argumentos planteados por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para suspender los trabajos de ampliación de la vía marítima carecen de sustento legal y no son claros.
Por consiguiente, “no dan al contratista [GUPC] motivos para suspender la obra” y además indican que la nota de preaviso enviada el 30 de diciembre de 2013 es inválida.
La ACP llegó a esas conclusiones luego de analizar la misiva, que fue hecha pública por GUPC el pasado 1 de enero.
Por otro lado, la ACP le recordó al contratista que el pasado 13 de diciembre le exigió que respondiera en siete días el motivo de varias faltas y presiones ilegítimas para retrasar la ejecución del proyecto, “sin embargo, a pesar de la disposición de la ACP por que se solventaran y corrigieran, el consorcio no ofreció una respuesta. GUPC solicitó una extensión hasta el 15 de enero pero aún no ha respondido”.
Esta posición de la ACP surge luego que en una entrevista al diario español El País el administrador de la ACP, Jorge Quijano, afirmara que los responsables del proyecto están “preparados para ser un poco agresivos” y asegurarse de que la obra se haga “lo más pronto posible”.
Quijano planteó que la ACP no se iba quedar esperando que el tiempo pasara sin reaccionar luego de conocer la posición de GUPC y su carta de preaviso.
La ACP aclaró hoy, domingo, que ellos buscan con el GUPC respuesta sobre la reducción de personal en los sitios de construcción; la falta de progreso en las tres represas de Borinquen que son parte de este contrato y retrasos significativos en la entrega de las compuertas de las esclusas.
http://www.prensa.com/uhora/locales/acp-gupc-argumentos-sustento-ampliacion-preaviso/255208
