El gobierno argentino envío 1200 efectivos a Córdoba para prevenir un nuevo levantamiento policial
Tras un pedido del gobernador, y para “evitar acciones de carácter extorsivo”, según explicó Capitanich, la Nación dirigió 1200 agentes de Gendarmería, Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria a la provincia. El intento de levantamiento parecía controlado.
El gobierno nacional envió ayer a Córdoba 1200 efectivos de distintas fuerzas federales de seguridad para frenar un nuevo intento de levantamiento de la policía provincial. “Lo que tiene que quedar claro y en evidencia es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos portando armas”, sostuvo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al anunciar por la mañana la decisión presidencial. “No vamos a permitir la extorsión por parte de algunos pequeños grupos dentro de la policía que todavía no se adaptan a vivir en convivencia con la democracia”, agregó el secretario de Seguridad, Sergio Berni, antes de viajar a Córdoba para supervisar la llegada de los efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El envío de las fuerzas federales fue solicitado por el gobernador José Manuel de la Sota luego de que la propia jefatura policial pasara a “situación pasiva” a cuatro policías que promovían la rebelión de la fuerza frente a la decisión judicial de detener a 17 uniformados por su participación en el levantamiento de diciembre, que dejó indefensa a la población y abrió paso a saqueos en la capital provincial. En el transcurso de la jornada, el intento de protesta policial se desvaneció, pero el gobernador pidió que se extienda la estadía de los federales en la provincia.
El objetivo es “evitar acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo”, manifestó Capitanich al anunciar ayer el envío de fuerzas federales a Córdoba. “Es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional”, remarcó el jefe de Gabinete.
Esta vez todos actuaron con celeridad. “El Tribunal de Conducta Policial de Córdoba sancionó a cuatro efectivos como una medida preventiva en virtud de que han promovido un proceso de acuartelamiento similar a lo registrado” el 3 de diciembre pasado, “con los disturbios y saqueos acaecidos que han involucrado a miembros de la fuerza”, detalló Capitanich.
“Me comentaron que hay grupos minúsculos de policías que no tienen una vocación de servicio”, afirmaba ayer el propio jefe de la policía de Córdoba, Julio César Suárez, quien ratificó que los policías pasados “preventivamente” a situación pasiva el miércoles por la noche querían “promover” un acuartelamiento. Los movimientos de insubordinación surgieron tras conocerse la orden de detención solicitada por el fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, para 17 personas –16 policías y una ex agente y esposa de un efectivo– por su participación en el levantamiento policial de diciembre pasado por reclamos salariales. Todos fueron detenidos ayer y trasladados a la cárcel Bouwer, para ser indagados el próximo lunes.
“No vamos a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre”, advertía en tanto el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Walter Saieg. El funcionario cordobés fue el encargado de confirmar que la provincia gestionó el pedido de fuerzas federales “para garantizar el orden constitucional y público”, a los efectos de prevenir y evitar nuevos conflictos en la policía provincial.
Pasado el mediodía, también había fracasado la protesta de una veintena de “esposas” de policías que se habían concentrado por la mañana frente a la Jefatura de la fuerza, en rechazo de las sanciones aplicadas el miércoles. Las mujeres no encontraron adhesión para sostenerla, a lo que se sumó la detención de una de las líderes, Adriana Rearte, en el marco de la causa que investiga la Justicia. El propio abogado que representó a los uniformados durante el levantamiento de diciembre, Miguel Ortiz Pellegrini, le bajó el tono a la protesta de las mujeres, al afirmar que se trataba de un grupo minoritario ajeno a los que firmaron el acuerdo salarial que entonces puso fin al conflicto policial.
“Nosotros estamos acá por decisión de la Presidenta, porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político. Porque las armas que les dio la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos”, remarcó Berni en su arribo a Córdoba.
El secretario de Seguridad nacional explicó que su llegada a la provincia se produjo como respuesta a un pedido del gobernador, quien el miércoles por la noche se comunicó con el gobierno nacional a través de Capitanich para solicitar “trabajo conjunto” debido a la reestructuración iniciada dentro de la policía local. Berni definió esa reestructuración como “un esfuerzo para avanzar en una seguridad democrática con mayor participación ciudadana”, al tiempo que explicó que la decisión está relacionada con “los actos de inconducta” de la policía de Córdoba y que tiene por objetivo “avanzar en el control político de esa fuerza”.
A su lado estaba el ministro de Gobierno y Seguridad cordobés, quien se encargó de destacar el carácter “preventivo” del trabajo coordinado entre la Nación y la provincia. Saieg también había afirmado durante la jornada que el pase a retiro de cinco comisarios generales de la policía cordobesa no estaba vinculado con los hechos de diciembre, pero tampoco los había relacionado con la reestructuración policial. “Los recambios son cíclicos y se cumplen”, había sintetizado. De todas maneras, Saieg intentó llevar tranquilidad a los cordobeses: sostuvo que la policía provincial “cumple sus funciones” y que no tuvieron novedades sobre otros intentos de acuartelamiento de los uniformados.
Por su parte, Berni se mostró esperanzado en que la Justicia cordobesa “avance para dar con los actores intelectuales” de los saqueos de diciembre “y no se quede sólo en los autores materiales”. También volvió a aclarar que “no toda la policía” estuvo involucrada en aquellos hechos y estimó que entre los uniformados “son mucho más los buenos”. “A los que extorsionan al poder político no sólo los tenemos que exonerar, sino que debemos ponerlos en el banco de la Justicia”, enfatizó Berni antes de partir para reunirse con De la Sota.
“Pedí la Gendarmería cuando me informaron que algunos policías estaban agitando un nuevo acuartelamiento”, dijo el gobernador en rueda de prensa, tras la reunión de media hora que tuvo en el Centro Cívico con Berni, quien le confirmó la disponibilidad de 1200 efectivos de las distintas fuerzas federales. El nuevo intento de rebelión policial se había frustrado, pero el gobernador le pidió a Berni que ampliara la estadía de los federales en la provincia.
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Argentina: tras el acuartelamiento de diciembre, detienen a 16 policías en Córdoba
La Justicia cordobesa arrestó ayer a 16 efectivos involucrados en el levantamiento policial y los saqueos ocurridos en esa provincia en los primeros días de diciembre pasado. Por orden del fiscal Raúl Garzón, fueron detenidos durante una serie de allanamientos aquellos agentes que, según fuentes de la investigación, son considerados como “los primeros insurrectos, pero no los únicos”. Están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delitos”, figuras que establecen penas de 2 a 6 años de prisión. Esta situación despertó un nuevo intento de rebelión por parte de policías provinciales, que alegaban el incumplimiento de varios puntos del acuerdo alcanzado con el gobernador José Manuel de la Sota.
La investigación judicial lleva un mes y medio y los arrestos de ayer son sus primeras consecuencias concretas. Garzón explicó que los detenidos son “oficiales y suboficiales que protagonizaron la primera insurrección 3 de diciembre. Se trata de los principales uniformados que desoyeron las órdenes de sus superiores y además instigaron al resto a insubordinarse y autoacuartelarse”.
Para identificarlos, la fiscalía recurrió a un trabajo de chequeo satelital de sus móviles, que cerca de las tres de la madrugada estaban parados sobre la avenida Sabattini y que a través de sus radios recibieron la orden de sus jefes de reincorporarse al servicio. “La desoyeron y además se quitaron sus insignias para no ser reconocidos”, contó el fiscal. De la misma manera taparon las identificaciones de los vehículos. Además de los efectivos, también fue detenida Adriana Rearte, ex agente del Servicio Penitenciario, esposa de un policía retirado y una de las mujeres que en noviembre comenzaron con las protestas que terminaron con el acuartelamiento y los saqueos. Rearte es una de las figuras de ese grupo bautizado las “Rosas azules”, y fue arrestada cuando participaba de una nueva protesta de mujeres frente la Jefatura de Policía, por lo que denunciaron como el “incumplimiento de 13 puntos del acuerdo con la provincia”.
El fiscal explicó que “el hecho que se le atribuye es entorpecimiento funcional y se debe a una conducta puntual en la madrugada del 2 de diciembre, en situación en que, junto a otras mujeres, habría interceptado el ingreso y egreso de los móviles de la Guardia de Infantería”.
En ese sentido, indicó que por la acción de las mujeres hubo policías que ese día “debían salir por los techos a tomar servicio porque ellas impedían el ingreso y egreso”.
Garzón dijo que en lo inmediato no están previstas nuevas detenciones, aunque no las descartó, sino que las ató a la marcha de la causa.
El avance de la investigación judicial y la posibilidad de las detenciones, aseguran en Córdoba, fue lo que puso en alerta a un sector de los efectivos. El fin de semana, las “Rosas azules” habían convocado para ayer a un “abrazo solidario” en la Jefatura de la Policía, para –argumentaron– reclamar por un incumplimiento del acuerdo de salarios con la gobernación.
En este clima, el miércoles cuatro policías, maridos de las “Rosas azules”, habían sido pasados a situación de pasividad por planificar nuevas protestas.
El grupo decidió entonces adelantar unas horas su protesta en la jefatura policial. Y estaban allí cuando la Justicia notificó a Rearte que debía presentarse en la policía, donde la informaron que quedaba detenida. Los policías detenidos fueron trasladados al penal de Bouwe y serán indagados a partir del lunes.
Las sospechas de que el motivo real del nuevo intento de levantamiento estuvo vinculado a las detenciones fueron abonadas incluso por algunos de los abogados de los policías. Miguel Ortiz Pellegrini, patrocinante de la mayoría de los efectivos que se acuartelaron, aseguró que “hasta ahora, el gobierno ha venido cumpliendo con lo prometido. Las mujeres que yo represento no tienen nada que ver con esta nueva protesta”, aclaró ayer, cuando el río estaba todavía revuelto. “Se firmó un acuerdo con el gobierno y por ahora no hay motivo que nos haga pensar que no se cumplirá.”
El fiscal aseguró que el apoyo del jefe de la Policía, Julio César Suárez, así como las declaraciones de la ex cúpula de la fuerza fueron muy importantes para la causa. “Las detenciones no han sido al azar”, remarcó. Sostuvo además que “se coordinaron con el jefe (de la Policía) para garantizar la paz social y por ello también la justificación de la presencia de la Gendarmería Nacional”.
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