Consorcio italiano: “Si Panamá no acepta nuestras propuestas, no tendrá su nuevo canal”
El grupo Impregilo, socio italiano de Sacyr, ha emitido un duro comunicado a pesar de la mediación de la ministra de Fomento, Ana Pastor, con una clara amenaza: “Si Panamá no acepta nuestras propuestas, no tendrá su nuevo canal”.
La compañía italiana Salini Impregilo ha parecido tomar el mando en el consorcio que lidera por ahora Sacyr y ha planteado dos posibles soluciones para evitar la paralización en dos semanas de las obras de ampliación del Canal de Panamá por el sobrecosto que calculan en unos $1,600 millones.
El consejero delegado de Salini Impregilo, Pietro Salini, ha propuesto a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que reconozca el pago de $1,000 millones adicionales al precio original para finalizar la obra o bien la financiación de $500 millones, aunado a que el consorcio constructor pueda retener sin tener que devolver los $600 millones anticipados por la autoridad panameña.
“Ambas propuestas representan la solución más sencilla, más rápida y más económica. Si no se aceptaran, la palabra pasaría al arbitraje internacional que tiene sede en Miami y, mientras, Panamá no tendrá su nuevo canal ni los ingresos derivados de su actividad, que equivalen a $6,500 millones al año”, afirmó Salini.
Según el consejero delegado de la compañía italiana, la pretensión de la Autoridad del Canal de Panamá de no reconocer sobrecostos “es del todo inaceptable e incluso ridícula en la actual emergencia dramática”. “Sería increíble e irresponsable no conseguir encontrar una solución ni los medios necesarios cuando se tiene ante los ojos las implicaciones y las consecuencias de un parón en el proyecto y las obras. No hay alternativas a una solución correcta y respetuosa de la ley y del contrato”, ha indicado la compañía italiana.
Por ahora, la ACP se ha declarado dispuesta a adelantar $100 millones y otorgar una moratoria de dos meses al pago de otros $83 millones que anticipó anteriormente al consorcio, siempre que este también aporte $100 millones, con garantía bancaria, y retire su intención de suspensión de las obras.
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