Tras conflicto por obras en el Canal, anuncian acuerdo con España
El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) se comprometió con la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, a cumplir lo pactado en el contrato para presentar cualquier reclamo de sobrecostos en la construcción del tercer juego de esclusas.
Así lo aseguró la funcionaria española al presidente de la República, Ricardo Martinelli, y al administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano.
“Vemos un poquito de luz al final del túnel”, dijo Quijano tras concluir una reunión por la tarde con Pastor, en las oficinas de la ACP, en Balboa.
Horas antes, Pastor había señalado el camino que continuará GUPC, con cuyos directivos se reunió antes de acudir a la Presidencia y a las oficinas del Canal.
“El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones económicas van a ir por la vía del contrato”, dijo Pastor, mediadora ante Sacyr, empresa española líder del consorcio GUPC.
La ACP y el conglomerado responsable del nuevo juego de esclusas resolvieron encontrarse hoy para acordar un modelo aún por definir para aportar capital al proyecto e impedir que las obras se paralicen.
“Nosotros conversamos de algún adelanto adicional que tenemos que verificar, siempre y cuando GUPC haga un aporte igual. Esa es la condición”, dijo Quijano.
Con el desembolso se le daría solvencia al consorcio mientras la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) resuelve el reclamo por $585 millones que GUPC presentó ante esta instancia.
“El problema que ellos tienen en este momento es de flujo de caja”, recalcó Quijano, tras señalar que la resolución del DAB puede tardar de dos a tres meses.
A pesar del acercamiento inicial, la disposición de GUPC de suspender los trabajos de ampliación se mantiene, si la ACP no responde a su solicitud de pago de sobrecostos por mil 600 millones dólares.
Quijano aclaró que ese tema no está en discusión y que el consorcio debe seguir los canales establecidos en el contrato para presentar reclamos.
http://www.prensa.com/impreso/panorama/consorcio-acatara-contrato-acp/256037
Salvar la reputación de España, la misión de Pasto
La visita a Panamá de la ministra de Fomento del gobierno español, Ana Pastor, viene acompañada de varias maletas.
Pastor es quien se encarga de impulsar la exportación del país, entre ellas los proyectos de construcción de empresas españolas en el mundo entero y esto ocurre justo en el momento en que España atraviesa una de sus peores crisis económicas. Compañías que, en caso de experimentar una quiebra, representaría pérdidas de cientos y miles de dólares para todos los españoles. Una situación así, sumada a la crisis bancaria y la deprimente rebaja de las empresas calificadoras al país, dejaría muy mal parada la marca ‘España’ en el mundo entero.
Pero al pisar suelo panameño, tal vez Ana Pastor ya contaba con instrucciones precisas del gobierno de Mariano Rajoy y de la Corona española. Especialmente cuando existe un informe elaborado hace años que hoy forma parte de los titulares en los diarios. Se trata del reporte de fiscalización de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) en relación con la gestión de riesgo asegurados por el Estado que elaboró el Tribunal de Cuentas de España (2009).
En dicho documento, el Tribunal de Cuentas hacía una advertencia a la aseguradora española, y es que prácticamente debía contar con una orden del Ministerio de Economía y Hacienda que aprobase el aval otorgado a Sacyr y que amparara las peculiaridades de la operación en cuestión.
CESCE es una empresa de capital mixto, con mayoría del Estado español (50. 2%) y participación de bancos (45. 85%) y compañías privadas de seguros creada para gestionar seguros de crédito a la exportación por cuenta del Estado.
La corporación proporciona una herramienta de financiamiento a las empresas españolas interesadas en expandir internacionalmente sus proyectos. Sacyr es una de ellas, y recurrió a CESCE para respaldar la mitad del aval (160 millones de euros) que utilizó el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) como fianza cuando se adjudicó el contrato el 8 de julio de 2009.
Un aval negligente, podrían decir algunos conocedores, especialmente cuando Sacyr ya tenía un hueco financiero importante y se lanzó a una oferta en baja temeraria, una especie de huida hacia adelante. ¿Qué sabía el Tribunal de Cuentas para advertir sobre el aval de CESCE a Sacyr?
Con este oscuro panorama podrían surgir dos corrientes para enfrentar la problemática: la primera, que busque publicar lo ocurrido; es decir, que han puesto al descubierto las acciones del partido de Zapatero y de Rajoy y que Ana Pastor hace lo posible para que Sacyr no termine en la quiebra. Una salida a este conflicto económico podría ser un adelanto económico de la ACP al GUPC para que éste pueda continuar con la obra. La segunda corriente sería más difícil de ejecutar, pues Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de España, se vería amarrado de manos para tirar un salvavidas a la empresa porque la troika de la Unión Europea le impediría firmar cheques para salvar de la crisis a Sacyr. Sería una pugna interna que podría interpretarse como dos ministerios cuyas batallas se producen a diario en el país europeo.
FRUTO DE LOS CONTACTOS
El proyecto de la ampliación del Canal se adjudicó cuando José Blanco ocupaba el puesto de Pastor en el gobierno del socialista José Luis Rodríguez-Zapatero. Aunque no ha sido juzgado porque el expediente se archivó, Blanco fue imputado por tráfico de influencias para agilizar la tramitación de una licencia para construir una ampliación al aeropuerto de Barcelona El Prat.
El diario digital El Confidencial cita que uno de los encargados de facilitarle el contacto a Salomón Shamah, hombre de confianza del presidente Ricardo Martinelli, con Luis del Rivero, expresidente del grupo Sacyr, fue José Blanco. El encuentro, según el diario, tenía como misión cerrar el contrato de la licitación de la ampliación cuando Martinelli todavía era candidato a la presidencia.
Y como era de esperarse, las cuentas no salieron. La propuesta de GUPC resultó menor a la de la ACP. Los directivos lograron el contrato, pero aplicaron una práctica muy común de la empresa: el sistema de modificados al alza. Una fuente que pidió reserva de su nombre manifestó que en España, Sacyr muy excepcionalmente se mantiene en el presupuesto dado, siempre lo multiplica por dos o por tres, y al final lo terminan pagando todos los españoles.
La marca país para los españoles es de vital importancia, especialmente cuando España trata de aprovechar una ola de recuperación económica. Y Pastor es un buen soldado del gobierno para lograrlo. Cuenta con la confianza de Rajoy, quien sabe que uno de los pilares fundamentales que tiene la fianza española es el impulso en la construcción de sus empresas en el extranjero. De lo contrario, corre el riesgo de hundirse en un hueco económico más profundo en el que acabarían pagando todos los españoles. La imagen del país, incluida la Corona, es recuperar su reputación a nivel internacional y mantener la confianza en España como un país cuyas empresas son capaces de desarrollar megainfraestructuras que licitan alrededor del mundo.
VENTA CUESTIONADA
Como si fuera un presagio, y antes de que saliera a la luz el ultimátum que pretendía hacer GUPC a la ACP sobre la paralización de las obras de no acatar sus reclamos, el expresidente de Sacyr José Manuel Loureda vendió 2,8 millones de acciones de la compañía reduciendo su participación. Loureda poseía el 8,423% de la corporación que distribuía en dos sociedades por medio de las cuales concretó la venta.
Una vez salió a la luz lo que tendría repercusiones internacionales, las acciones de Sacyr descendieron casi un 10%. De manera que a Loureda no le fue tan mal en Navidad, vendió el 23 de diciembre sus acciones, justo cuando se cotizaban al mejor precio y probablemente, hoy vea la oportunidad de comprar, máxime cuando se encuentran en uno de los puntos más bajos en el mercado y que el consorcio está a punto de lograr un acuerdo con la ACP.
