Se realiza en Quito el seminario «Economía política de la información: hegemonías y resistencias»

En 13/12/2013

El director General del Centro de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), Fernando Checa Montúfar, inauguró en Quito el seminarioEconomía política de la información: hegemonías y resistencias. Como introducción al tema, e comunicador ecuatoriano realizó la siguiente exposición:

Las relaciones de poder atraviesan a todas las instituciones sociales, quienes detentan el poder las condicionan y configuran siempre en un marco de conflictos y tensiones entre diversas expresiones de poder y contrapoder, de hegemonías (o formas de construir consensos) y resistencias. En su conocido libro “Los media y la modernidad”[1], John Thompson plantea 4 formas del poder:

1. El poder económico, cuyas instituciones paradigmáticas son las industrias, las empresas comerciales, la banca, etc. y algunos de sus recursos son la deuda externa, las regalías, los TLC, etc.

2. El poder político, donde los gobiernos, partidos políticos y algunos organismos internacionales (como las UN, la OEA, etc.) juegan un papel fundamental.

3. El poder coercitivo, en el que se destacan los ejércitos, pero también están la policía, las instituciones penitenciarias, las bandas paramilitares, etc; y por último pero no menos importante,

4. El poder simbólico, esa capacidad de influir en la mentalidad y las acciones de la gente y que debe contar con la complicidad de ella; es un poder en el que tienen un papel destacado las industrias culturales, además de la iglesia, las instituciones educativas.

Si bien cada uno de estos poderes tiene su ámbito de acción específico, suelen operar de manera integrada, complementándose, para el mantenimiento de las estructuras de poder hegemónico transnacional y nacional. En el ámbito transnacional, por ejemplo, el poder que ejercen los centros metropolitanos se da a través de la dominación financiera y comercial, donde el Banco mundial, el FMI, el enorme peso de la deuda externa de los países pobres, las divisiones internacionales del trabajo y demás recursos e instituciones paradigmáticas (Thompson) contribuyen a mantener y acentuar esa dominación.

Dominación que se fundamenta en la construcción y reconstrucción de una hegemonía a través de la cual los poderes metropolitanos quieren convencernos de que esa relación de dominación/subordinación es lo mejor que puede pasarnos a los dominados, es esa “dominación carismática”, en el decir de Max Weber, o ese “delicioso despotismo”, al que se refiere Ramonet “con el que se busca que los esclavos disfruten de su servidumbre”. Y para ello, los medios de información, “instituciones paradigmáticas” del poder simbólico, son ideales, buena parte de las cuales viabilizan una propaganda de acuerdo a los intereses del poder, propaganda que busca influir en la mentalidad y acciones de la gente, busca “fabricar un consenso” (como definió a la propaganda en 1925 Walter Lippmann), consenso favorable a esa dominación, a esa hegemonía que se hace y rehace constantemente pues no está dada de una vez y para siempre, y que además está enfrentando permanentemente formas de resistencia, fuerzas y expresiones contrahegemónicas, prácticas de contrapoder que también buscan legitimarse y fortalecerse socialmente.

Cuando de la geopolítica imperial se trata, si las estrategias e instituciones del poder económico y simbólico, incluyendo el político (caso de la elección de gobernantes indeseables o de aquellos que resultan indóciles, por ejemplo), no son efectivas, se hace necesario aplicar el poder coercitivo y para ello están los ejércitos, las bandas paramilitares o mercenarias.

Desde luego, este poder coercitivo se combina con los otros, especialmente con el simbólico (antes, durante y después de que se despliegue el primero): los casos de Iraq, Libia, Afganistán, el desapercibido Yemen y, esperemos que no, ya mismo Siria (aunque parece que no o quién sabe) e Irán, son más que ilustrativos: a la invasión cruenta le precede y le acompaña la propaganda mediática fundada en diversos recursos retóricos orientados a la satanización del enemigo junto a la dulcificación de la ofensiva criminal. Aquí cabe recordar a Donald Rumsfeld, a quien le gustaba citar a Al Capone: “se consigue más con una palabra amable y un revólver que con solo una palabra amable.”

Pero no solo en estos casos el poder simbólico se ejerce de esa manera, también en los de otros actores y procesos no alineados con el poder imperial como los de Chávez (ahora Maduro), Correa, Morales, Kirchner, etc.

En un contexto así, el análisis del accionar de las industrias culturales no puede prescindir del estudio de la economía política de la información y la cultura; es decir, como la han definido Cesar Bolaño y Guillermo Mastrini, del estudio de las “relaciones sociales (particularmente las relaciones de poder) que constituyen la producción, la distribución y el consumo de bienes simbólicos”[2]; en suma, no puede prescindir del análisis de la naturaleza económica y política de esas industrias, especialmente de los medios de información, y su relación con la estructura social más amplia y cómo todo ello influye decisivamente en sus contenidos.

Más aún en América Latina donde un enfoque así es necesario por el modelo mediático que en la región prevalece: la propiedad privada es la mayoritaria, con tendencia a la concentración, el predominio de la lógica mercantil, de la rentabilidad, que con frecuencia va en detrimento del servicio social y la responsabilidad que deben tener los medios, los cuales suelen difundir propaganda a nombre de periodismo, “fabricar el consenso” en lugar de informar éticamente. Un modelo donde los medios públicos y comunitarios son marginales, y donde los primeros, a despecho de lo que debe ser un auténtico medio público, en algunos casos responden a los intereses de los gobiernos de turno.

No hay duda, en América Latina predomina un modelo excluyente y concentrador, un modelo de medios privados de comunicación, en su doble sentido: medios privados por el tipo de propiedad, pero también porque son medios privados de comunicación, es decir, medios en los que hay carencia de co-mu-ni-ca-ción, de esa relación dialogal, biunívoca, en igualdad de condiciones, que debe caracterizar a los verdaderos procesos de comunicación. Aquí se da esa “apropiación corporativa de la expresión pública” como define Herbert Schiller a lo que se da cuando de medios privados se trata.

Y lo que pasa en América Latina en Ecuador es más dramático, o lo era. Los grandes medios del país, que en su mayoría son medios privados de comunicación, dependen de diversos intereses que responden a una estructura de poder y propiedad que condiciona su labor.

Con el actual gobierno, posesionado en enero de 2007, empezó un proceso de desconcentración con la creación de medios públicos y la incautación de las empresas que poseían los prófugos Isaías, incluyendo sus medios de comunicación que pasaron a cargo del Estado. Por ello, actualmente desde el gobierno se ha clasificado a los medios estatales existentes en tres tipos: públicos, gubernamentales e incautados. Aunque la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) registró el oxímoron de “medios públicos oficiales” que en nuestra opinión no son viables: o son medios públicos, es decir independientes, por tanto no oficiales, o no lo son.

Sin duda que esta tendencia a la desconcentración y a la democratización del espectro radioeléctrico en el Ecuador, como ya sucede en otros países de América Latina, se ha consolidado con la aprobación de la LOC en la que se establece la distribución equitativa de frecuencias: el 33% de las frecuencias para medios públicos, el 33% para medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios.

Frente a este panorama de un predominio de los medios privados y de su lógica mercantil cabe la pregunta ¿Qué hacer? Desde luego no tenemos recetas, pero podemos pensar en algunas líneas muy generales: potenciar y democratizar las redes de sociabilidad on line (A. Mattelart), fortalecer medios alternativos e integrar redes con ellos; también fortalecer a los medios públicos (pero que sean auténticamente públicos) y comunitarios; la educación de audiencias es clave como forma de control ciudadano: audiencias formadas van a exigir contenidos éticos y de calidad; apoyar a leyes que democraticen la comunicación, como la que actualmente se debate en Ecuador.

Y, desde luego, generar y fortalecer espacios de reflexión y propuestas, para discutir estos temas trascendentales, como el que ahora se propone con la organización de este Seminario Internacional: “Economía política de la información: hegemonías y resistencias”, evento que nos permitirá adentrarnos en las relaciones de poder que se dan en los procesos de producción simbólica y que inciden en los comportamientos de las industrias culturales y sus contenidos, en las estrategias retóricas, discursivas, que circulan a través de los medios con el propósito de generar consensos en torno a los proyectos dominantes, de apuntalar su hegemonía. Pero también esperamos especialmente las propuestas en torno a experiencias y manifestaciones contrahegemónicas que apunten a la ciudadanización de la comunicación a su democratización, que es el cometido fundamental del Ciespal.

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