Puerto Rico: jueces demandarán al gobierno por reformas en su sistema de retiro
La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura aprobó este sábado una resolución en la que señalan que la ley que enmienda el Sistema de Retiro de la Judicatura es inconstitucional por lo que presentarán todos los recursos legales necesarios para detenerla.
El documento, con fecha del 28 de diciembre y firmado por la secretaria de la Asociación, la jueza Yolanda Doitteau Ruiz, señala que «la ley aprobada, de su faz, es inconstitucional al violentar disposiciones claras en nuestra Carta Magna que específicamente disponen en el Art. VI, Sec. 10: ‘Ninguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento'».
Añade que también viola lo dispuesto en el artículo VI, sección 11 que establece que «el sueldo del gobernador, de los secretarios de gobierno, de los miembros de la Asamblea Legislativa, del contralor y de los jueces no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados».
La resolución expone que todos los miembros de la Asociación que estuvieron presentes en la asamblea extraordinaria celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana votaron de forma unánime para que este ente «presente todos los recursos legales necesarios y conforme a derecho, en cualquier foro, así como destine los fondos necesarios en defensa del principio de independencia judicial».
La presidenta de la Asociación, la jueza Elizabeth Linares, había adelantado durante esta semana que la organización que dirige iba a debatir hoy sábado si demandaban al gobierno tras la aprobación de la ley que aumenta del 8 por ciento al 10 por ciento la aportación individual que deberán hacer los jueces a su jubilación y reduce de 75 por ciento a 60 por ciento la pensión sobre el salario que recibirán al jubilarse.
Los jueces tienen salarios anuales establecidos por ley que fluctúan entre $69,500 para los jueces municipales hasta $120,000 de los jueces asociados del Tribunal Supremo y $125,000 del juez presidente.
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