Organizaciones demandan al Estado salvadoreño ante la CIDH por impedir un aborto terapéutico
La Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto, en representación de Beatriz, presentó una demanda en contra del Estado Salvadoreño ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por violentar derechos humanos de la joven que solicitó un aborto terapéutico.
Según la información, la demanda se presentó el 29 de noviembre, justo el día que las organizaciones podían hacerlo.
Beatriz es la joven qué solicito practicarse un aborto terapéutico por su padecimiento de lupus eritematoso sistemático y artritis reumatoide, además el feto era anencefálico.
En El Salvador, el aborto es penalizado, por lo que se buscó un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se avalará dicho procedimiento y no se procesará judicialmente a los médicos y la joven.
Sin embargo, el caso se resolvió en contra de su petición cuando habían pasado más de 50 días, sin importar la urgencia por la gravedad de su estado de salud. Luego de negarle el amparo, la Corte IDH de carácter urgente emitió una sentencia en la que ordenó al Estado salvadoreño atender a la joven para salvar su vida.
Sin embargo, Beatriz fue intervenida, luego de presentar síntomas de parto, sin necesidad de ser inducida.
Pero para Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana, todo este proceso colaboró a que Beatriz sufriera.
De acuerda a la organización, se registraron y documentaron como hechos violatorios de la joven cinco ámbitos, entre ellos que la legislación penal en El Salvador, en torno al aborto, es “ambigua”; por lo tanto, es incompleta y contraria a su obligación de abolir leyes y prácticas que respalden la tolerancia contra la mujer.
En la demanda también se explica que el Estado Salvadoreño, pese a los esfuerzos de las organizaciones sociales, no garantizó la existencia de un recurso interno adecuado para salvaguardar los derechos oportunos de Beatriz.
Además, se incurrió “en prácticas judiciales que constituyen violencia estatal o violencia institucional en contra de las mujeres”.
“Desde el momento en que Beatriz tuvo un diagnóstico de embarazo anencefálico y recomendación del embarazo, hasta que se interrumpió trascurrieron 81 días. Un creciente sufrimiento e inseguridad, además un trato degradante e inhumano”, explicó Herrera.
En este proceso de 81 días, fue la CIDH la que se pronunció y otorgó medidas provisionales para que el Ministerio de Salud procediera a realizar una cesárea.
“A Beatriz se le expuso a un riesgo que no era necesario y se aumentó su sufrimiento innecesariamente, violentando el derecho a su salud personal e integral. Esta es una responsabilidad agravada de parte del Estado, al incumplir las medidas cautelares que dictó la CIDH”, sentenció la representante de la agrupación.
