México: acusan al Estado y la Iglesia por políticas «antimigratorias y xenófobas»
El obispo de Cuautitlán Guillermo Ortiz Mondragón, que cubre con su diócesis las estaciones de migrantes de Lechería, Tultitlán y Huehuetoca, entre otras paradas estratégicas para la sobrevivencia de los migrantes centroamericanos que cruzan el país a bordo de los trenes de carga, tiene una política abiertamente “antimigrante y xenofóbica”, denunció el fraile Tomás González, director del albergue de Tenosique Tabasco. Por ello fue recibida con tristeza la noticia de su nombramiento de la Comisión de Pastoral Social, de donde se derivan las tareas de los 60 albergues de religiosos a lo largo de la ruta migratoria.
Con ese cambio fue relevada la hermana Leticia Gutiérrez, responsable hasta entonces de la Dimensión de la Movilidad Humana (DMH) y aliada de los curas más activos en la protección de centroamericanos. En su lugar fue nombrado un joven de 27 años, Juan Justino, ordenado hace un año y sin experiencia en ese terreno.
“A los pocos meses, estamos viendo las consecuencias. El trabajo de los albergues y las redes institucionales se están desmantelando”, con la colaboración del comisionado del Instituto Nacional de Migración Ardelio Vargas Fosado.
Acompañando a la Caravana de Madres Centroamericanas que está de paso por la capital, el sacerdote alertó: “Con estas políticas antimigratorias y xenófobas de parte del Estado y la Iglesia se está añadiendo un peligro adicional” en las rutas férreas del Golfo y el Pacífico, donde se generan con frecuencia asaltos, asesinatos, violaciones, extorsiones, secuestros colectivos y accidentes con alto saldo de muertos.
Este martes las 44 mujeres procedentes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, integrantes de la novena caravana, hicieron una parada en Cencos para hablar con periodistas. Al frente tapizaron el piso con decenas de fotografías, algunas nítidas, otras desvaídas, todas de muchachos y muchachas jóvenes que abandonaron sus pueblos y sus familias buscando emigrar a Estados Unidos. A todos se les perdió el rastro.
En esta ocasión, en sus intervenciones, apelan directamente al presidente Enrique Peña Nieto: “Escúchenos, por favor. Dele a estos muchachos visas para pobres, para que no los maten en el camino. Ayúdenos a encontrar a nuestros hijos. Ellos son extranjeros que solo van de paso, no son criminales”, decía la guatemalteca Gabriela Vázquez, de pie ante los reporteros, levantando las fotos de sus dos hijos –dos chamacos—a los que busca desde 2010.
De los pueblos donde vienen estas mujeres, las regiones más pobres de la geografía centroamericana, hay decenas de miles de familias desoladas porque tienen uno o más hijos extraviados en México.
Lo que se exige, explica Martha Sánchez, directora del Movimiento Migrante Centroamericano, es sencillo: que se otorguen visas de paso o “visas para pobres”, como lo llamó una de las madres, para que los migrantes dejen su condición indocumentada; que el gobierno dé cuenta de dónde están sus familiares, que faciliten, no obstaculicen, su búsqueda, que agilicen la identificación de posibles migrantes entre los restos hallados en las fosas comunes.
A diferencia de las ocho caravanas anteriores, explica Sánchez, ésta “se ha consolidado como un fenómeno regional con atención mediática. En todos los lugares donde tocamos puertas hay organizaciones locales y comunidades que se involucran; una paradoja, ya que que mientras la población supera prejuicios contra los centroamericanos, la Iglesia y el Estado cierran puertas y se endurecen”.
Tomás González, que integra junto con decenas de hombres y mujeres una fuerte red de solidaridad, subrayó que, contra lo que se percibe mediáticamente, durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se disparó la violencia en las vías: han ocurrido tres accidentes de magnitud, se han reportado cinco episodios de asaltos en las cercanías de Cosoleacaque y son muchos los incidentes que nunca se reportan.
Encapsuladas e ignoradas en la FIL, la fiesta de las letras
En esta gira, donde asisten menos madres que en las anteriores, pero donde están representadas las organizaciones nacionales de cada país, encontraron muchos brazos abiertos y también gestos de hostilidad e insensibilidad. Es el caso del centro migratorio de Huehuetoca, administrado por el gobierno del Estado de México y la diócesis de Cuautitlán. En un sitio rodeado de alambres de púas y custodiado por policías estatales que difícilmente invita a pedir protección.
Hasta sus puertas llegó la nicaragüense, Julia Márquez, porque le dijeron con señas confiables que ahí habían visto a su hijo. Los responsables obstaculizaron la búsqueda y le negaron revisar los registros de entrada y salida, aunque reiteraron que sí había pasado por ahí. “Sentí una pena tan grande por el mosquerío y la suciedad en la que los muchachos son obligados a permanecer. Y yo le pregunto al señor presidente: ¿por qué nuestros hijos tienen que sufrir tanto?
La otra sombra se produjo en Guadalajara, en la celebración de las letras y la cultura. Hasta ahí llegó la caravana con la esperanza de hacerse ver en un sitio que en esos días acaparaba tantos reflectores. De la difusión de su causa dependen los pocos hallazgos que pueden tener. No fueron policías ni autoridades locales sino los propios organizadores de la FIL quienes actuaron como policías, encapsulando a la pequeña congregación de mujeres (son 44) e impidiendo el diálogo con el público.
Entre las extranjeras, que ingresaron al país el dos de diciembre y permanecerán en territorio mexicano hasta el 18, marcha una mexicana, Rosa María Illescas, madre de Rafael Flores, un joven de Córdoba, Veracruz que tuvo el último contacto con su madre en Reynosa, cuando estaba a punto de alcanzar su objetivo de cruzar a Estados Unidos. Hoy tendría 23 años. Hace dos que desapareció.
Visas para pobres” y búsqueda de vivos
Martha Sánchez pone en contexto el tema de las “visas para pobres” que la Secretaría de Gobernación se niega a aplicar: “México les niega las visas a los pobres de todo el mundo; tiene una política de segregación. Incluso en El Salvador, a quienes solicitan visa para viajar a México se les pide un examen de SIDA”.
Fray Tomás sintetiza lo que desde la base solidaria de la iglesia se está demandando al gobierno y a la jerarquía. “Primero, desaparecer al INM para crear una secretaría de Migración que efectivamente ofrezca protección a los transmigrantes y a los migrantes mexicanos. A sus superiores en el episcopado les recuerda el llamado que ha hecho el Papa Francisco sobre el tema delas migraciones, subrayando su mensaje incluso yendo a Lampedusa, Italia.
Un punto lacerante de estas políticas contradictorias es el de la estación de Lechería, ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, cerrado por órdenes del gobernador Eruviel Ávila con el visto bueno del obispo Ortiz Mondragón el año pasado. Desde entonces fracasaron todos los intentos de abrir albergues temporales o permanentes, y organizaciones de base tuvieron que salir, acosadas incluso con armas por grupo de maras centroamericanas que trabajan en el control de la vía bajo protección, a decir de los organizadores, de “paramilitares mexicanos”. Ni siquiera un comedor ambulante en La Concha, cerca de la estación de Tultitlán, ha podido operar en condiciones de seguridad. “En este caso, la asociación entre el Estado y la Iglesia ha sido para hacer el mal, no el bien”.
En cuanto a los protocolos para identificar a migrantes entre los restos hallados en fosas comunes en distintos estados, se informó que ese trabajo se hace a través de los antropólogos forenses de Argentina y una asociación mexicana. Pero “se avanza muy lentamente”. Apenas la semana pasada la cancillería mexicana notificó a algunas familias en Honduras que muestras de ADN recogidas en San Fernando Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, coincidían con las depositadas en sus archivos. “Fuera de eso no se avanza nada”, explicó Martha Sánchez, quien subrayó que la PGR todavía no entra a la investigación para la localización de gente viva.
