Los reclamos policiales se extienden a 12 provincias y el gobierno irá a la Justicia
Las esquirlas del conflicto policial en Córdoba por mejoras salariales siguen impactando en las provincias. Este lunes, luego de un fin de semana de tensión en el que se combinaron protestas y saqueos, más efectivos se plegaron a los reclamos mientras que en otros continúan con medidas de fuerza.
Efectivos de las provincias de Corrientes, La Pampa y Jujuy se plegaron a los reclamos. EnEntre Ríos siguen con la protesta el aumento salarial que dio el gobernador Sergio Urribarri y elevó el mínimo salarial a $ 8.530. Mientras que enMendoza, el gobernador acordó pago de $ 500 y avances en paritarias para 2014.
Uno de los conflictos que genera mayor tensión es el que se produce en la provincia de Buenos Aires. Allí, policías de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata insisten con el reclamo pese a las advertencias del gobernador Daniel Scioli, y que se decretaron mejoras salariales.
En Santa Fe, uno de los distritos donde se puso especial foco durante el fin de semana, los efectivos rechazaron el ofrecimiento hecho por Antonio Bonfatti. El gobernador anunció un sueldo básico de $ 8.100 a partir de enero para los policías que recién arrancan en el escalafón, en momentos en que continúan las protestas en distintos puntos de la provincia.
Tras anunciar la suba salarial, el mandatario santafesino llamó a la «reflexión» a los uniformados y sentenció: «Los hago responsables de la vida de la persona y los bienes de la personas».
El gobernador aclaró que en los $ 8.100 no están incorporados las horas extras ni los adicionales, ni tampoco el dinero para los uniformes.
«Con la propuesta que hicimos un sueldo de bolsillo para el que recién comienza en la policía será de $ 8100», subrayó el gobernador, al detallar que el sueldo de bolsillo en diciembre será de $ 7.600.
El anuncio fue realizado poco después de las 16.00, cuando Bonfatti brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Gris.
La protesta salarial de la Policía del Chaco se intensificó este lunes con la toma de una comisaría del centro de la ciudad de Resistencia, luego de saqueos a comercios que se realizaron durante la madrugada de este lunes y el Gobierno provincial anunció que pediría la ayuda de Gendarmería.
Una caravana de 300 efectivos policiales, en motos y patrulleros, recorrió el centro de la Capital chaqueña para incentivar a que otros integrantes de la fuerza se sumen a la protesta. Al mismo tiempo, el grupo amenazó que tomará la sede central de la Jefatura de la Policía provincial si es que el Gobierno no responde al pedido para elevar el salario inicial de la fuerza a 12 mil pesos.
Esta protesta comenzó ayer por la tarde cuando se autoacuartelaron efectivos en siete comisarías de Resistencia y los agentes del Servicio Penitenciario de la ciudad de Sáenz Peña, a la vez que hubo una asamblea en la plaza de la localidad de Villa Ángela donde los uniformados podrían sumarse en las próximas horas a un cese de actividades.
En Chubut, la policía de la ciudad de Puerto Madryn se acuarteló en el comando radioeléctrico, confirmó Hugo Herrera, jefe de la Unidad Regional de esa localidad, a pesar de que las autoridades anunciaron este fin de semana un incremento escalonado para el sector.
El Comisario Mayor detalló que «desde las 7 se declaró la medida de fuerza por lo que todas las seccionales están sin agentes, que se movilizaron al comando radioeléctrico».
«Eso hace que no se pueda hacer trabajo de calle, básicamente porque no hay choferes y con eso directamente no existen los patrulleros», explicó el jefe policial.
Las guardias son cubiertas por la oficialidad y administrativos, a quienes se le reasignan funciones para que se realicen las prestaciones mínimas.
La Policía de Misiones amenazó con abandonar los servicios y acuartelarse si antes el gobierno de Maurice Closs no cede al reclamo de una mejora salarial del 50 por ciento.
Los efectivos se agruparon este lunes frente a la Casa de Gobierno para pedir un salario inicial de 10.000 pesos, similar al acordado por agentes de fuerzas de seguridad de otras provincias, como Córdoba y Catamarca.
En medio de la fuerte tensión en al menos 15 provincias por la rebelión policial, Closs gestionaba contrarreloj para iniciar una reunión con la plana mayor de la fuerza con el objetivo de calmar los ánimos.
Lorena Lingowich, oficial policial auxiliar y miembro de la mesa de diálogo de la Policía y el Gobierno, afirmó en declaraciones a la prensa que los efectivos misioneros «queremos llegar a un acuerdo en paz».
La vocera de los efectivos denunció además que la provincia no cumple los acuerdos de haber asumidos con los retirados de la Policía y del Servicio Penitenciarios misionero.
«Y vamos a presentar un pedido de aumento de sueldo que equipare lo conseguido por las demás provincias, para el personal activo», explicó Lingowich.
En tanto, un grupo de policías retirados de la provincia de San Luis, junto a sus familiares, iniciaron hoy una protesta por aumento salarial y advirtieron que si no obtienen respuestas convocarán al personal en actividad y «el reclamo será de otra forma».
El vocero del grupo, que se identificó como «inspector retirado Ledesma», aclaró que «el reclamo lo estamos haciendo solamente policías y penitenciarios retirados, junto a nuestras familias y en forma pacífica. El personal en actividad se encuentra trabajando normalmente y sin inconvenientes».
Además, cerca de un centenar de policías se concentra en las puertas de la sede de la Subjefatura de la Policía provincial de Tucumán desde anoche para pedir un aumento salarial que eleve el sueldo de bolsillo a 10.000 pesos, pero el Gobierno asegura que sólo son exonerados y retirados.
«Se trata de alrededor de 70 personas que ya no forman parte de la fuerza, son exonerados y retirados que no tienen legitimidad para hacerlo», dijo este lunes el secretario de Seguridad Ciudadana Paul Hofer al diario local La Gaceta.
El funcionario indicó que por esa razón no se mantiene diálogo con el sector y se constató que anoche procuraron que agentes activos se sumen a la protesta. «Amedrentaron a personal en algunas comisarías, en un intento por imponer sus criterios a través de la extorsión», dijo el funcionario, quien monitorea la situación en la provincia.
Indicó que él mantiene diálogo con los referentes policiales con los que se acordó la última recomposición salarial y que pese a que las paritarias están previstas para marzo, se podrían anticipar para este mes o enero de 2014.
El gobernador José Alperovich aseguró en tanto que «la seguridad está bien (en la provincia), el ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer está tratando de dialogar con los policías para ver qué sucede».
Los efectivos de la Policía de Mendoza se autoacuartelaron y la tensión en la provincia comenzó a incrementarse, luego de que se registrara un saqueo en Las Heras.
La medida tomada por los uniformados se produjo tras una reunión con el Gobierno provincial, en la que consiguieron que se les incorpore al salario un ítem de $500.
El descontento se hizo público de inmediato a través de las redes sociales y en respuesta a la oferta oficial los policías decidieron acuartelarse, además de movilizarse hacia la Legislatura provincial.
Las medidas tomadas por los uniformados de otras provincias habían puesto en alerta al gobernador Francisco «Paco» Pérez, quien tras los primeros saqueos en Córdoba, la semana pasada, salió a confirmar el pago del aguinaldo para la administración pública, pese a que pocos días antes había asegurado que la provincia no tenía dinero cumplir con el medio sueldo complementario.
Los uniformados, que reclaman $9.000, perciben un salario de $4.500 y con los servicios extraordinarios llegan a cobrar $7.000.
En la reunión de este lunes, los funcionarios les explicaron a los representantes policiales que aún no está aprobado el presupuesto en la Legislatura y por ende no pueden estimar aumentos.
Solo les otorgaron $500 a través de la incorporación de un ítem especial pero que significaba, según el Gobierno, el inicio de las negociaciones paritarias que comenzarán cuando esté aprobada la Pauta de Gastos.
Los delegados aceptaron los $500, pero cuando se lo comunicaron a la población policial, el descontento estalló.
Retomaron el camino iniciado el pasado sábado y comenzaron a autoacuartelarse en las comisarías de los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, en la División Infantería y en otras seccionales.
Esto género que en Las Heras se produjera el primer saqueo, alrededor de las 17.00, cuando unas 40 personas y 30 camionetas llegaron al supermercado Átomo, ubicado en calles Olascoaga e Independencia, y lo desvalijaron.
En tanto, en las provincias de Neuquén y Río Negro se alcanzó un acuerdo, y se sumaron así aCatamarca, San Juan, La Rioja y Córdoba.
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=719680
El Gobierno irá a la Justicia por los incitadores a saqueos y pidió a los policías «deponer la actitud»
El gobierno nacional aseguró que «la Justicia actuará con toda firmeza» contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales. Sobre las medidas de fuerza de efectivos, Alak aseguró que «hay vías institucionales para el reclamo, y entre ellas no está quitar el servicio a ciudadanos».
El ministro de Justicia Julio Alak aseguró que «la justicia actuará con toda firmeza» contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales, y llamó a los efectivos que realizan protestas a que «depongan la actitud», dado que “las medidas de fuerza adoptadas están fuera de la ley”.
Al mismo tiempo, el ministro calificó a las protestas policiales como actividades fuera de la ley, ya que según sostuvo “la seguridad es un servicio esencial y ningún ciudadano argentino puede estar privado de este derecho”.
Al inicio de la conferencia de prensa, el Secretario de Justicia aseguró que “desde hace días en las redes sociales se vienen haciendo una serie de convocatorias a realizar saqueos por parte de sectores de distinto signo político”.
Vinculado a la creación de un “clima de desestabilización”, Alvarez calificó como “preocupantes” las declaraciones radiales formuladas por el exjefe de la policía provincial y actual concejal del Frente Renovador, Salvador Baratta, quien justificó las medidas policiales y deslizó amenazas si no se resuelve el conflicto.
También mostró sorpresa por el hecho de que a días de cumplirse 30 años de democracia, “los sectores políticos que se caracterizan por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy en su mayoría hacen un silencio total”.
Posteriormente, el Ministro Justicia y Derechos Humanos se refirió tanto a las protestas policiales, como a los saqueos de comercios sucedidos los últimos días.
Alak afirmó que «hemos podido comprobar que los saqueos no han sido espontáneos, sino que fueron organizados. Estos hechos sucedieron de manera simultánea con una medida de fuerza que está fuera de la ley, dado el carácter esencial de la seguridad pública».
«Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza», subrayó Alak, para quien también surgen «claros indicios» del accionar de una organización «delictiva» a partir de la «elección de la época del año».
En lo relativo a las medidas de fuerza impulsadas por efectivos de seguridad provincial, aseguró que «nadie está diciendo que no se van analizar necesidas o demandas, pero el ámbito y el modo no pueden ser la privación de la seguridad a nuestra población, por lo que vamos a efectuar las denuncias penales correspondientes».
Con respecto a los asaltos a comercios, el ministro destacó que «no obedecen a necesidades alimentarias y suceden en momentos en los que Argentina tiene una tasa de desocupación más baja de su historia, por lo tanto no obedece a necesidades sociales».
Alak resaltó que los delitos cometidos durante los últimos días «atentan no sólo contra la seguridad, sino también contra la Constitución Nacional».
Entre los delitos mencionó «la alteración del orden público, los robos agravados, extorsiones y amenazas, la intimidación pública y la incitación a la violencia colectiva».
Posteriomente, Alak confirmó que se aunarán esfuerzos en distintos estamentos y distritos a fin de acelerar las investigaciones sobre los hechos delictivos.
De esta manera, anunció que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó a los fiscales federales avanzar en las investigaciones para la imputación, procesamiento y detención de quienes hayan estado involucrados en esas acciones.
También aseguró que la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, dictó una resolución para que los 720 fiscales dispongan el seguimiento de las actividades vinculadas a los saqueos y al incumplimiento de la prestación de la seguridad pública.
Finalmente, el Ministro comunicó que han convocado a todos los procuradores y fiscales generales de las provincias argentinas para que junto a la Procuración General y a la cartera de Seguridad nacional puedan coordinar y otorgarle precisión a los procesos de investigación de quienes no están cumpliendo con la ley y a los que protagonizan saqueos y actos delictivos.
