El Salvador: inició audiencia contra dos ex gerentes de Chevron
En el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador se inició la audiencia preliminar en contra de dos ex gerentes financieros de la transnacional Chevron Caribbean Inc, acusados de estafa, ya que los involucrados no cancelaron a la firma auditora HBL El Salvador S.A de C.V 2 millones 300 mil dólares, como pago de un servicio profesional brindado a dicha petrolera.
En 2004 HBL El Salvador firmó un contrato por servicios de asesoría fiscal con la petrolera Chevron. En 2006, los ex gerentes Juan Carlos Moreno y Gerardo Martínez, ambos de nacionalidad colombiana, le expusieron a sus asesores fiscales, que la trasnacional mantenía un remanente millonario en concepto de IVA.
Los funcionarios les consultaron sobre la posibilidad de reclamar el monto de IVA pagado; a lo que los auditores respondieron que debían determinar cuál era la probalidad real de obtener esa devolución; pero que de lograrse se cobrarían honorarios por el 20% del valor rescatado, es decir 2 millones 300 mil dólares.
El Ministerio de Hacienda devolvió a la Chevron más de $12 millones, sin embargo el acuerdo del 20% no se efectuó y la petrolera no pagó a la firma auditora el valor pactado. Cuando HBL de El Salvador exigió el pago, descubrieron que las personas con quienes se hicieron los pactos, ya no trabajan para la petrolera, por lo que en noviembre de 2012 inició la batalla legal por demostrar el acuerdo establecido.
Según el abogado querellante, Oscar Romero, en noviembre de 2012, la firma auditora HBL El Salvador S.A de C.V interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que la petrolera cancela el valor de los servicios prestados.
“El objetivo de la querella y de la Fiscalía es que se evalúe y se establezca con toda la información que se ha recopilado, que existen elementos los cuales vinculan a estas personas y también a la transnacional, como responsables de una gestión que nunca fue concluida de parte de ellos”, sostuvo Romero. El querellante explicó que el caso ha sido llevado por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, donde se procesó la denuncia de la empresa salvadoreña, pero será en el Juzgado Quinto de Paz donde se determine si el proceso continúa o se define en esta etapa.
Mientras tanto, el fiscal del caso pidió que el delito pase de la calificación de estafa a estafa agravada, en vista al numeral dos del artículo 216 del Código Penal, el cual señala: “cuando se colocare a la víctima o su familia en grave situación económica, o se realizare con abuso de las condiciones personales de la víctima o aprovechándose el autor de su credibilidad empresarial o profesional”.
De acuerdo al fiscal del caso, se cuenta con los requerimientos para que se tipifique el delito como estafa agravada, dada la forma en que los imputados desarrollaron los hechos que se les están atribuyendo.
