Escasos logros – Periódico La República, Perú
“Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región”
El año cierra con un panorama en el que si bien los conflictos no se han convertido, como a inicio del actual gobierno, en un problema nacional a causa de su agregación política, continúan presentando una tendencia general estacionaria, es decir, no han descendido en número mientras que la tasa de solución es baja. Sin embargo, debe ser saludada la disposición creciente de las partes al diálogo.
Según la Defensoría del Pueblo en noviembre se han registrado 221 conflictos, 9 menos que los 230 registrados en noviembre del año pasado. Durante el año esta cifra se ha alterado poco, salvo los 229 registrados en julio. La relación entre los conflictos activos (en desarrollo) y los latentes tampoco ha variado, de modo que por cada 4 conflictos activos se tiene uno latente. En noviembre, el panorama es el siguiente: 173 activos, 47 latentes, 84 en proceso de diálogo y 85 acciones de protesta.
En lo que va del año se han registrado pocas alteraciones en la tasa de nuevos conflictos; desde el mes de julio en que se registraron 10 nuevos conflictos, la aparición de estos ha cedido poco y en noviembre se registran solo 5 nuevos. Del mismo modo, la tasa de solución de conflictos sigue siendo muy baja y en ningún caso ha llegado a la decena. En promedio, se resuelven 3 conflictos cada mes, con lo que se tiene que estos surgen en una cantidad mayor a los solucionados.
La información disponible también confirma la existencia de un grupo de regiones donde en el transcurso del año la presencia de conflictos ha sido más insistente, como ha sucedido en los últimos 5 años. En noviembre, estas regiones han presentado el siguiente registro: Áncash (30 casos), Apurímac (23), Puno (18), Piura (13), Cajamarca (13) y Junín (13). Estas regiones concentran la mitad de los conflictos de todo el país.
Este panorama indica avances poco trascendentales en la gestión de conflictos por el gobierno. Es de reconocer que el principal logro ha sido reducir su carácter cruento, puesto de manifiesto en la gestión del premier Oscar Valdés a causa de un discurso de confrontación con las regiones y los movimientos sociales. El mérito del gabinete presidido por Juan Jiménez Mayor y continuado por el premier César Villanueva consistió en desarrollar las prácticas de diálogo y hacer participar en ellas a los gobiernos regionales. En ese sentido, cuenta también como un acierto la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad en la PCM aunque esa instancia tiene pendiente la clasificación de los conflictos.
La principal interrogante que emerge de esta realidad poco alterada se relaciona con la principal variable de los conflictos, es decir su naturaleza ambiental, que se observa en los 2/3 del total. El Estado en su conjunto ha avanzado muy poco en el desarrollo de una institucionalidad que permita una mejor regulación de las actividades extractivas. En este punto habría que señalar la lenta implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), atrapada en la presión de intereses y en el espíritu de la burocracia, al extremo que su responsable ha sido designada recientemente, un año después de su creación. Se puede afirmar otro tanto del virtual bloqueo de la Ley de Consulta Previa, cuya ejecución es jalonada por hechos que motivan la preocupación del relator especial de las NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas de visita en el país recientemente.
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