El Poder Ejecutivo aprobó un decreto en el cual establece las diferentes medidas que deberán tomar los prestadores de servicios turísticos para prevenir la explotación sexual comercial de niños y adolescentes.
Asimismo, tendrán que “difundir sus derechos e impedir la explotación sexual comercial, pornografía infantil y el turismo asociado a las prácticas sexuales con niños, niñas y adolescentes”.
Por otro lado, los operadores turísticos deberán implementar medidas para “impedir que sus dependientes e intermediarios ofrezcan servicios turísticos sexuales”.
También se establece que “deberán denunciar ante el Ministerio de Turismo y Deporte y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la existencia de actos relacionados con la explotación sexual a través del servicio de la línea 0800 5050, y ante las autoridades competentes”.
En el decreto presidencial se dispone que “no deberán ofrecer en sus programas de promoción turística, expresa o tácitamente, planes de explotación sexual, ni facilitar espacios para la presentación de materiales que propendan a la difusión de las acciones tendientes a la prevención”.
Compromisos internacionales
En el decreto del gobierno se asegura que la prevención se encuentra dentro de la “política turística nacional”, y cumple con “compromisos internacionales”.
Uruguay ha asumido compromisos de carácter internacional y regional, entre ellos: “la Convención sobre los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo)”.
El país también ha suscrito el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía”, y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Todos ellos obligan al país a adoptar medidas que “contribuyan a prevenir y combatir el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes”.
El decreto lleva la firma del Presidente José Mujica, y los ministros Liliam Kechichian (Turismo y Deporte), Eduardo Bonomi (Interior), y Daniel Olesker (Desarrollo Social).
