El gobierno uruguayo decreta medidas para prevenir la explotación sexual infantil en el turismo
El Poder Ejecutivo aprobó un decreto en el cual establece las diferentes medidas que deberán tomar los prestadores de servicios turísticos para prevenir la explotación sexual comercial de niños y adolescentes.
Asimismo, tendrán que “difundir sus derechos e impedir la explotación sexual comercial, pornografía infantil y el turismo asociado a las prácticas sexuales con niños, niñas y adolescentes”.
Por otro lado, los operadores turísticos deberán implementar medidas para “impedir que sus dependientes e intermediarios ofrezcan servicios turísticos sexuales”.
También se establece que “deberán denunciar ante el Ministerio de Turismo y Deporte y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, la existencia de actos relacionados con la explotación sexual a través del servicio de la línea 0800 5050, y ante las autoridades competentes”.
En el decreto presidencial se dispone que “no deberán ofrecer en sus programas de promoción turística, expresa o tácitamente, planes de explotación sexual, ni facilitar espacios para la presentación de materiales que propendan a la difusión de las acciones tendientes a la prevención”.
Compromisos internacionales
En el decreto del gobierno se asegura que la prevención se encuentra dentro de la “política turística nacional”, y cumple con “compromisos internacionales”.
Uruguay ha asumido compromisos de carácter internacional y regional, entre ellos: “la Convención sobre los Derechos del Niños de las Naciones Unidas, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente de Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo)”.
El país también ha suscrito el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía”, y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.
Todos ellos obligan al país a adoptar medidas que “contribuyan a prevenir y combatir el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes”.
El decreto lleva la firma del Presidente José Mujica, y los ministros Liliam Kechichian (Turismo y Deporte), Eduardo Bonomi (Interior), y Daniel Olesker (Desarrollo Social).
