El fraude y los actores políticos en Honduras – Por Liliam Oviedo
“Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región”
La imposición del fraude electoral en Honduras vuelve a poner de manifiesto que, para derrotar los planes de la derecha y la ultraderecha, se necesita la consolidación de un liderazgo realmente comprometido con los sectores populares.
La denuncia de irregularidades, la exigencia de que se haga un recuento de los votos y la organización de alguna que otra marcha por las principales ciudades, no lograrán que el sector más conservador, apoyado en forma descarada por el gobierno de Estados Unidos a través de su embajadora Lisa Kubiske, desistan del proyecto de investir a Juan Orlando Hernández en enero próximo.
En los hechos, una mal llamada ley antiterrorista y la militarización de las calles, han facilitado la imposición del fraude electoral. El Tribunal Superior Electoral emitió su fallo; la Embajada de Estados Unidos declaró que hubo una fiesta de la democracia; y el inocultable sello burgués de Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro (presidente depuesto en el año 2009 y candidata víctima del fraude el mes pasado), les ha impedido llevar la confrontación más allá de las declaraciones altisonantes y las manifestaciones tibias.
Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, exige el recuento de centenares de actas y denuncia que hubo irregularidades, pero deja claro que solo está dispuesta a recurrir a protestas pacíficas y con corte institucional. Manuel Zelaya (fue alrededor del golpe de Estado en su contra en junio del año 2009 cuando se constituyó la alianza política que, convertida en partido, terció en las elecciones) declaró que reconoce el nuevo gobierno.
¿Por qué no enfrentar al enemigo?
El apego a las “normas institucionales” por parte de los esposos Zelaya, es dictado por su compromiso de asumir como válida la concepción que, sobre las protestas, manejan los sectores dominantes. Obviamente, fue comprometida la organización política con la parte del empresariado que apoyó a Xiomara Castro.
Uno de estos empresarios es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, quien apoyó de manera resuelta el golpe contra Zelaya. ¿Cabe, acaso, pensar que el apoyo a Xiomara Castro no fue condicionado por un acuerdo de no afectar los intereses del gran capital?
El avance político de los Zelaya y el compromiso con las masas que puedan tener las organizaciones lideradas por ellos, obviamente llegaron a su punto máximo cuando Zelaya, desde la presidencia, impulsó algunas conquistas para los trabajadores y estableció buenas relaciones con los gobiernos progresistas del continente.
La procedencia oligárquica de los Zelaya y su evidente pertenencia a la clase dominante, los limita y los compromete a no transgredir las normas de un sistema que ha puesto todo su empeño en criminalizar la protesta y en tildar de terroristas a quienes defienden la soberanía y combaten la desigualdad social.
Las mismas razones que les impidieron, antes de las elecciones, combatir de frente el autoritarismo y los sucios mecanismos de fraude puestos en marcha por el gobierno de Porfirio Lobo y apoyados por la Embajada de Estados Unidos, les impiden ahora llamar a la gente a las calles sin la previa advertencia de que no dañen los intereses de los grandes empresarios.
Si, como denunció la Federación Internacional de los Derechos Humanos, voceros del oficialista Partido Nacional lograron la abstención de muchas personas entregándoles a cambio tarjetas de descuento en comercios y servicios como telefonía celular, atención médica, farmacia y restaurantes y para ofertar esas tarjetas y otros objetos, instalaron casetas en lugares próximos a centros electorales como las escuelas Mixta Cerro Grande y José María Casco, esto debió ser enfrentado en su momento.
En cuanto a la transparencia en el financiamiento de la campaña, LIBRE debió, no solo exigir explicaciones en su momento, sino también descubrir el origen sucio de ciertos fondos.
En Honduras, la pobreza ha crecido. Un estudio reciente reveló que, en cuatro años, ha aumentado en más de un millón el número de personas que viven con menos de dos dólares por día. Más de 5.3 millones de personas están en esa situación, y la población total es de 8.3 millones.
La militarización es una manifestación de la coerción de clase que viene a alimentar la posición del actual presidente, Porfirio Lobo: “Calle tomada, calle desalojada”.
La oligarquía hondureña es entreguista, y no tiene reparos en dejarse dirigir por la Embajada USA y por la rancia y fundamentalista ultraderecha del poder estadounidense. Es autoritaria, y hace cuatro años lo dejó claro cuando apoyó el golpe de Estado contra Zelaya. Y es obvio que no tiene reparos en hacer correr la sangre de los de abajo, porque para imponer fraude y golpes de Estado, no tiene reparos en ordenar a los cuerpos represivos que disparen a matar.
Es obvio que el pueblo hondureño tiene que construir un liderazgo fuerte, con conciencia de clase, comprometido con las mayorías, y, más importante aún, que identifique como su enemiga a la oligarquía. Erigir la esperanza, es tarea dura, pero necesaria… Urgente.
