Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación de Ecuador: “La Ley de Comunicación busca democratizar la palabra”
El superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, explicó el trabajo emprendido en torno a las denuncias presentadas por posibles violaciones a los derechos de la comunicación. Además, se refirió a la contratación de funcionarios y al proyecto de monitorear la programación de 1.160 medios reconocidos en el país.
¿Cuál es su balance durante este mes y medio de gestión?
Destaco como positivo que en tan poco tiempo funcione una estructura básica y sólida de la primera Superintendencia de Información en el mundo. Gracias a la gestión de organismos estatales. En los primeros pasos tenemos una partida presupuestaria que no llega al millón de dólares.
¿Cómo se arma la institucionalidad?
Actualmente trabajamos en unas oficinas prestadas por el Ministerio de Inclusión Social con 26 personas. Algunos abogados trabajan para cumplir lo laboral y financiero, mientras analistas revisan las quejas presentadas. Se aspira a que tengamos el próximo año de 220 a 270 personas laborando en oficinas de Quito, Guayaquil y en intendencias de las siete regionales, con un presupuesto proyectado de 34 millones de dólares, tomando en cuenta que partimos de cero.
¿Cuáles son las inversiones programadas?
Para cubrir el primer trabajo de la Superintendencia se necesita un equipo de monitoreo 24/7 de la programación de radio, televisión y prensa escrita. Esto permitirá verificar, ojo no controlar, los contenidos y servirá de archivo histórico para el país. Además, tenemos que adquirir mobiliario.
¿Qué han expresado organismos extranjeros de este nuevo ente?
Al estar bajo la luz de diversas organizaciones del mundo, existen comentarios, inquietudes y calificaciones. Entre estas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del delegado de Reporteros sin Fronteras. Eso nos hace que tengamos que estar abiertos a una evaluación nacional e internacional, para ello consideré necesario que María Elena Aguirre, quien estuvo segunda en la terna, nos colabore por su experiencia.
¿Se sigue externamente la actual Ley de Comunicación de Ecuador?
Definitivamente. Tanto que la embajada de Francia nos invitó a visitar el Consejo Supervisor de Audiovisuales, para conocer e intercambiar ideas sobre el funcionamiento de modelos de regulación audiovisual, entre otros, que constan desde 1881 que tienen vigente su Ley de Comunicación.
A su criterio ¿qué busca la ley?
Democratizar la palabra. En algún momento se trató de vender la idea de que era una ley mordaza. Yo les pido que demuestren si en algún artículo se menciona, por ejemplo, el retiro de frecuencias o cerrar medios de comunicación. Esta ley tiene aspectos destacados como los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación.
¿Qué han pedido a los medios de comunicación?
En primera instancia, todos los medios deberán remitir hasta el 31 de diciembre una lista del personal, así como su código. Esto con el fin de conocer el número del personal, el cargo que desempeñan, el nivel salarial, entre otros aspectos.
¿Qué avances tiene el Cordicom respecto al reglamento en el cual se basará la Superintendencia?
Mañana el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) debe aprobar el reglamento para el procesamiento de infracciones administrativas a la ley. Aclaro que este documento es diferente al que tiene que aprobar el Ejecutivo para el funcionamiento de la norma. Este texto regula el trabajo de manera más eficiente y permitirá evacuar las quejas y demandas ciudadanas relacionadas.
¿Con este documento podrá despachar las quejas?
Así es. Hace más de un mes recibí 13 quejas ciudadanas respecto al derecho a la réplica, rectificaciones, contenido violento, linchamiento mediático, entre otras. También recibí entre 15 y 20 denuncias de ciudadanos por presuntas vulneraciones a la comunicación. Con este reglamento evacuaremos, al menos, más de la mitad de ellas.
¿Cuáles son las últimas quejas?
Una de las últimas fue en contra de diario Extra, por el tratamiento dado en el caso de la muerte del rector y la relacionista pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
