Aprueban en Cuba primera ley que protege derechos de personas LGBT en el trabajo
Estoy sin resuello de tantas emociones vividas este viernes en el Parlamento. Ya tenemos la primera ley cubana que protege de forma explícita derechos de las personas homosexuales, en este caso en el trabajo.
En su condición de diputada, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, propuso además incluir en el proyecto de Código de Trabajo la no discriminación por identidad de género, seroestatus al VIH y discapacidad, junto con la sugerencia de utilizar en la norma un lenguaje no sexista, más una adición para prevenir la violencia laboral.
Sus planteamientos obtuvieron la solidaridad inmediata de la diputada Miriam Ofelia Ortega Suárez, la primera mujer ordenada como pastora de la Iglesia Presbiteriana en Cuba; y el diputado Pablo Odén Marichal, pastor episcopal, quienes destacaron la importancia de tales modificaciones para el progreso social de la Revolución cubana.
El intelectual Miguel Barnet también ofreció su respaldo a las propuestas de Mariela, al igual que otros diputados y diputadas.
Argumentaron en contra por supuestas razones de técnica jurídica el diputado Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, y José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de asuntos constitucionales y jurídicos.
El diputado Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente cubano, reconoció la trascendencia política de las propuestas de Mariela, y sugirió encargar a una comisión parlamentaria una redacción definitiva que considerara todas las posturas.
La idea de Díaz-Canel recibió el apoyo del presidente cubano Raúl Castro Ruz y la aprobación de los integrantes del Parlamento, lo cual permitió finalmente refrendar con el voto mayoritario la nueva ley.
Lo bueno:
Funcionó el activismo por los derechos sexuales, la democracia y el liderazgo político.
Fructificó la alianza de la comunidad LGBTIH con distintos sectores sociales, incluyendo algunos que pudieran parecer tan sorprendentes como los grupos religiosos.
Comenzó a tener una expresión jurídica concreta el discurso oficial de los últimos años sobre la voluntad política de avanzar en el respeto a la diversidad sexual.
Lo malo:
Habrá que mejorar muchísimo la conducción de los debates parlamentarios y cumplir estrictamente con sus reglas de participación.
Todavía parecen existir tecnócratas y leguleyos, que ya sea por desconocimiento, prejuicio o ambos, piensan que la política hay que ponerla en función del derecho, y no el derecho en función de la política.
¡Ahora, a festejar y tomar impulso para cambiar el Código de Familia!
