Avanza histórico diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC
Tras más de cincuenta años de conflicto abierto, el gobierno de Colombia y las FARC abrieron este año una instancia de diálogo en La Habana con el horizonte puesto en la paz definitiva y el fin del conflicto armado. Luego de doce meses de discusión, y aun con algunas cuentas pendientes de la agenda inicial, se firmaron importantes acuerdos.
DESDE HACE UN AÑO EL GOBIERNO Y EL GRUPO ARMADO DIALOGAN PARA ALCANZAR LA PAZ EN COLOMBIA
El comienzo de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba) estuvo cubierto por un halo de esperanza que brotó de todos los sectores de la sociedad colombiana.
Hoy, cuando ha pasado más de un año de la primera reunión de las delegaciones de las partes, la conclusión es que, a pesar de las dilaciones y las críticas de sectores de extrema derecha, el proceso ha logrado avanzar hasta donde nunca antes se había podido llevar una negociación con este grupo guerrillero.
De los cinco puntos de la agenda pactada entre el Gobierno y las Farc, en dos se lograron acuerdos.
El 26 de mayo, después de seis meses de discusiones, la delegación oficial y la de la guerrilla le anunciaron al país el primer acuerdo, sobre distribución y uso de la tierra
Se trató del primer acuerdo sobre este tema en la historia de 50 años de conflicto armado con las Farc. Ejes de este punto son la entrega de tierra a los campesinos que carecen de ella y a los que no tienen la suficiente para garantizar la supervivencia; y la actualización del catastro rural para que los dueños de las grandes extensiones paguen los impuestos justos.
El 6 de noviembre, Gobierno y Farc lograron el segundo acuerdo, sobre la participación política de los movimientos que surjan tras un acuerdo final de paz.
Estos dos hechos históricos siembran la esperanza de que en Colombia se pueda concretar una negociación que termine con el conflicto y encamine al país por la senda del desarrollo social con justicia, equidad e inclusión.
Pero el camino no ha sido fácil. El comienzo del año estuvo marcado por las mutuas acusaciones sobre la disposición de las partes de llegar a un acuerdo. El Gobierno ha señalado que las Farc no ‘aceleran’ la negociación, mientras que la guerrilla afirma que el Gobierno no refleja en la ejecución de sus políticas lo que acuerda en La Habana.
Entretanto, los extremistas aprovechan para desacreditar el proceso.
Momentos que han generado tensiones
Durante la tercera semana de agosto las Farc anunciaron que hacían una pausa debido a su inconformidad con la decisión del presidente Juan Manuel Santos, de presentar al Congreso un proyecto para que los acuerdos que eventualmente surjan de la negociación en La Habana, sean refrendados mediante un referendo el día de las elecciones en 2014.
Como respuesta, Santos pidió a sus delegados en La Habana regresar al país para analizar la situación. Las Farc insistieron en que no están de acuerdo con dicho mecanismo, pero volvieron a la mesa.
En octubre, el Gobierno volvió a señalar a la guerrilla de no acelerar el ritmo de la negociación y el presidente Santos dijo ante los medios de comunicación que consideraba suspender o romper los diálogos, lo que generó un debate nacional sobre el tema y el señalamiento de la guerrilla de que el Gobierno pretendía imponer un ritmo que no estaba pactado.
Los ataques de la guerrilla han sido aprovechados por los enemigos de la paz para acusar al presidente Santos de estar ‘entregando’ el Estado, pero puede más la esperanza de un pueblo que está harto de la guerra y por eso el mandatario continúa teniendo respaldo para su gestión.
Las Farc decretan un cese al fuego unilateral por 30 días a partir del 15 de diciembre, que llena de esperanza a quienes piden que el cese sea permanente.
Los datos
Pablo Catatumbo’ se unió en abril al grupo de negociadores de Farc. Es el segundo del secretariado en diálogos.
Están pendientes las diferencias sobre latifundio e inversión extranjera en el campo, en el punto uno.
Diálogos de paz: balance y perspectivas -por Juan Diego García
Las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP parecen desarrollarse con vigor y, aunque no se conoce el alcance de los posibles acuerdos entre los insurgentes y la delegación del presidente Santos en La Habana, todo indica que al menos en la cuestión agraria existe un punto de encuentro bastante significativo en relación a las formas más improductivas de la gran propiedad rural y la necesidad de su modernización. Eso explicaría la reacción airada del gremio ganadero, principal representante del estamento latifundista del país, que ve amenazados sus privilegios.
De la misma forma, se explican las demás reacciones adversas a estos diálogos de paz por parte de grupos que interpretan los supuestos avances como una amenaza para sus intereses: políticos agrupados en torno al expresidente Uribe, usurpadores de tierras, militares y militaristas, empresarios de la guerra y los ideólogos a sueldo de la extrema derecha.
Una solución exitosa favorecería sin duda a Juan Manuel Santos, ya sea que apueste a la reelección presidencial o que aspire a alguna designación importante a escala internacional –se rumora que podría ser propuesto como futuro secretario general de Naciones Unidas y recientemente fue prenominado al premio Nobel de la paz–. En todos estos casos, la perspectiva no puede ser más favorable si Santos consigue cerrar medio siglo de guerra civil y pasar a la historia regional como el presidente de la paz.
Para las FARC-EP los resultados, hasta el momento, son bastante alentadores, pues ha conseguido darle un sentido diferente a la agenda pactada. En efecto, en parte por iniciativa de la guerrilla y en parte por la misma dinámica vigorosa de los movimientos sociales, la cuestión de la paz ha ido ganando terreno en el debate público dentro del país, algo que no estaba dentro de los planes del gobierno. Por lo visto, las autoridades deseaban sacar el debate del territorio nacional, reducir al máximo el temario –según el delegado gubernamental casi nada importante estaba a debate– y exigían alcanzar los acuerdos en el menor tiempo posible, es decir, la llamada ‘paz express’.
Sin embargo, las cosas no han transcurrido según estos propósitos, pues si bien es conveniente ajustar los procesos a tiempos razonables éstos no deben llevar a precipitaciones irresponsables tratándose de un asunto de tanta trascendencia como poner fin a un conflicto armado de tan larga duración. Tampoco tiene mucho sentido desvincular los puntos de la agenda acordada del modelo económico, del sistema político o de la doctrina militar del país. Impedir o limitar la participación ciudadana puede entenderse como una táctica gubernamental para no dar ventajas a la guerrilla, pero ha sido inútil y la ciudadanía ha dado muestras de una enorme madurez democrática en las formas y bastante manejo de la problemática nacional, ofreciendo diagnósticos muy sólidos y soluciones bastante apegadas a la realidad. En este aspecto, el gobierno ha visto frustrados sus propósitos y es evidente que las FARC-EP han sabido aprovechar al máximo su oportunidad de interlocución con la sociedad.
En contraste con la idea difundida por los medios y por éste y anteriores gobiernos, los delegados de las FARC-EP dan muestras de un conocimiento muy sustentado de los problemas del país y utilizan un lenguaje de altura que nada tiene que ver con el discurso de un grupo de delincuentes comunes o con las soflamas incendiarias de terroristas desalmados. Además, y para sorpresa de quienes esperaban propuestas utópicas, en el peor sentido de la expresión, los delegados de la insurgencia han dado muestras de un gran realismo y disposición a los acuerdos en un asunto tan sensible como la cuestión agraria, de honda significación para un movimiento guerrillero de orígenes campesinos y que tiene en las zonas rurales sus principales apoyos.
Además, el cumplimiento de la tregua unilateral que decretó esa organización insurgente disipa las dudas sembradas por algunos sectores contrarios al proceso, según las cuales existirían divergencias en las filas de las FARC-EP. Exceptuando incidentes menores, los guerrilleros acataron satisfactoriamente las órdenes impartidas por sus dirigentes, demostrando que existe cohesión y una unidad de mando efectiva.
Pero, probablemente, la mayor victoria de las FARC-EP es precisamente haber sido aceptada como interlocutor válido, como entidad política, una consecuencia natural de la decisión inteligente de Santos cuando aceptó, desde el mismo comienzo de su mandato, que en el país existe un conflicto de naturaleza social social y política al que no se puede buscar solamente soluciones de tipo militar. Era apenas lógico que el paso siguiente fuese el que se ha dado: sentarse a dialogar con los interesados para buscar una salida civilizada, una negociación política del conflicto.
Cuando la delegación guerrillera en La Habana presenta diez propuesta para resolver la cuestión agraria, recogiendo en buena medida las propuesta de diversos sectores sociales ligados al campo, pero también de la academia, de asociaciones de productores, de iniciativas ciudadanas y hasta propuestas de gentes anónimas que hacen llegar a la capital cubana sus ideas y sugerencias, están dando forma concreta a su legitimidad como voceros de determinadas reivindicaciones de la población, con independencia de la dimensión efectiva de unos sectores sociales que así ven recogidas sus exigencias. O sea, están mostrando cómo podrían ejercer como fuerza política legal, que es precisamente otro de los puntos centrales de la agenda acordada en estos diálogos. En lugar de obstaculizar, criminalizando, estos contactos de la insurgencia con la ciudadanía, el gobierno debería en sana lógica propiciarlos dando todo tipo de facilidades y ofreciendo, a su vez, las soluciones que en su opinión resultan más ventajosas para el país.
El proceso ya no está solo en La Habana: su secretismo se ha roto, para bien del país, y crece la opinión de que si bien, por una parte, es necesario concretar acuerdos para no convertir las conversaciones en interminables diálogos de sordos, por otra parte, debe darse a estos delicados asuntos el tiempo que razonablemente exijan.
Los grupos afectados, sobre todo los terratenientes y ganaderos, están muy activos movilizando sus recursos, que son enormes, con la perspectiva de torpedear el desarrollo de los diálogos, conseguir que Santos se vea obligado a suspenderlos y renuncie a toda tentativa de reforma. Y si éstos culminan exitosamente, estos sectores buscarían hacer imposible su aplicación, como ya sucedió varias veces en el pasado con los proyectos de reforma agraria que provocaron la violenta reacción del gremio terrateniente, hundiendo al país en una guerra civil como la actual, que tiene sus raíces precisamente en la violenta respuesta del sistema a los reclamos de los campesinos.
El gobierno no debería perder los nervios cuando constata que las FARC-EP han hecho una gestión bastante exitosa de estos diálogos de paz en La Habana. Por el contrario, debería aprovechar la ocasión para concretar los avances y ganar el favor de la opinión pública nacional, cuando ya cuenta con un amplio apoyo internacional. En el debate abierto, su papel sería demostrar de manera fehaciente que sus propuestas son mejores que las que ofrece el movimiento guerrillero y sería nefasto que en una demostración de impotencia, producto de sus propias limitaciones y de las presiones de la extrema derecha, diera una patada a la mesa y se retirara alegando motivos secundarios, por lo general propiciados en forma de provocación por los mismos que ahora conspiran abiertamente contra el proceso.
