Uruguay: la Justicia ordena procesar a siete personas por una manifestación en la Corte Suprema
Siete procesamientos sin prisión de personas que se movilizaron contra el traslado de la jueza Mota.
La jueza Gabriela Merialdo procesó ayer sin prisión por “asonada” a siete personas que participaron en la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en contra del traslado de la jueza Mariana Mota. La denuncia había sido presentada en febrero por la propia SCJ. Los procesados no fueron citados al Juzgado; el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) los fue a buscar a sus casas, en un procedimiento similar al realizado en ocasión de las citaciones. La defensa apelará y podría presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La “asonada” es uno de los considerados delitos “contra el orden político interno de un Estado”. El Código Penal vigente, aprobado en 1933, dispone que cometen asonada “los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”. Esta figura fue la que aplicó Merialdo a Jorge Zabalza; Irma Leites; Patricia Borda; Eduardo, Álvaro y Diego Jaume; y al secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM), Aníbal Varela.
El fiscal Gustavo Zubía había pedido el procesamiento por “atentado”, una figura que los abogados defensores coincidieron en señalar como más grave que la asonada. Merialdo la rechazó por el número elevado de manifestantes que concurrieron a la SCJ y porque no hubo lesiones a las autoridades.
En el auto de procesamiento Merialdo evalúa que los procesados “participaron de una reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado, menoscabando por la estruendosa e ilícita ocupación del Edificio público donde tiene asiento la SCJ, el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales”. Estima que se produjo una “clara perturbación mediante gritos e injurias en la celebración de audiencias públicas de juramentos a sus nuevos cargos de varios jueces, las cuales, por consecuencia directa de los hechos, debieron suspenderse y prorrogarse por más de tres horas”.
Con respecto al argumento de la defensa de que se está afectando la libertad de expresión, la jueza sostiene que “los argumentos políticos no pueden ignorar la existencia constitucional de límites al principio de libertad”.
Estuvieron
El director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular y suegro de Zabalza, Henry Engler, estuvo ayer en el Juzgado. Dijo a la diaria que siente “una vergüenza impresionante”. “Considero que el derecho internacional debe ser respetado. Si hay una autotitulada Suprema Corte de Justicia que viola el derecho internacional, la indignación me parece muy sana por parte de la gente que se manifestó. Nosotros no somos una isla en el universo, somos parte del mundo, y hay leyes internacionales que continuamente se están violando”, opinó. Respecto del traslado de Mota, dijo que la jueza cometió “el error de ser inteligente, joven, y además interesada en el derecho internacional, y eso no fue admitido por una especie de machismo patriarcal que interfiere 50 causas que se estaban estudiando”.
El músico Daniel Viglietti, quien participó en la manifestación en febrero ante la SCJ, concurrió junto a Engler. “Todo esto ha sido un procedimiento absolutamente inaceptable. El hecho de que no hayan sido condenados a prisión es un matiz que no cambia el fondo del asunto, porque han sido procesados”, declaró a la diaria. “Acá los procesos que tendrían que estar funcionando en pro de una Justicia sana y ética son los de los torturadores y los represores, que están circulando libremente todavía, y sobre quienes actuó la SCJ en sentido inverso: en vez de afirmar los procesos y de afirmar a la jueza Mariana Mota, se la desplazó”, agregó. Consideró que se debe llegar a la conclusión de que hay “una mala intencionalidad”. Deseó que “se pueda limpiar la foja de estos honorables ciudadanos [en referencia a los procesados], más allá de matices políticos, y que realmente se condene a los criminales y a los torturadores”.
Hola, soy el DOE
En la mañana de ayer, la profesora Patricia Borda fue la primera en recibir en su casa la visita del DOE, personificado en dos autos blancos en los que viajaban tres personas. Entre otros, un oficial al que los activistas conocen como “inspector Mieres”, vestido de camisa a cuadros celeste y blanca. Mieres es la misma persona que abordó en la plaza Independencia a un fotógrafo, indagado por este mismo hecho, para citarlo al juzgado, y luego también lo interrogó. Ayer, los oficiales del DOE no se identificaron, no mostraron orden judicial y le pidieron a Borda que los acompañara. Borda tuvo que dejar a su hijo solo en su casa. Durante el viaje preguntó dónde la llevaban y le respondieron que se dirigían a Jefatura, pero la trasladaron al DOE. “Usaron la mentira, el atropello, los mismos parámetros que en dictadura”, relató Borda.
Más tarde se supo que el DOE había utilizado el mismo procedimiento con Eduardo y Álvaro Jaume. Diego Jaume llegó último al Juzgado. El DOE también se llevó de la misma manera a Varela, que estaba en la sede de ADEOM. “Me sacaron del sindicato como si fuera un delincuente”, relató.
Sobre el mediodía, otro de los implicados, Jorge Zabalza, envió un correo electrónico a sus contactos en el que avisaba que estaba al tanto del operativo del DOE y que él concurriría a presentarse voluntariamente al Juzgado, algo que hizo minutos después.
En el Juzgado de Misiones ya se habían juntado cerca de 50 personas. Un altoparlante repetía: “Procesamiento a los que luchan, mientras los gorilas están impunes o en cárceles de lujo. Basta de criminalizar la protesta”. Militantes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo -que ayer paralizó sus actividades- colgaron una pancarta en el vallado dispuesto para la ocasión: “Se criminaliza la protesta. Tocan a uno, tocan a todos”.
La activista de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites llegó al Juzgado a las 14.30 e inmediatamente fue abordada por la prensa. Aclaró que no tenía pensado ingresar al Juz gado porque nadie la había citado, y que asistió para “movilizarse”. Miembros del DOE habían ido a buscarla a su casa pero no la encontraron. “Mientras los asesinos de [Aldo] Perrini siguen libres, a nosotros nos tratan como a delincuentes. No fueron capaces ni siquiera de notificarnos”, cuestionó.
Después de que se alejaron las cámaras, el “inspector Mieres” se acercó a Leites. Tuvieron un breve diálogo y luego Leites levantó los brazos. “Bueno, me acaban de detener”, comentó. “Tiene que entrar”, le dijo Mieres. “¿A qué hora estoy citada?”, le preguntó Leites. “Ahora”, le contestó el inspector. “Voy a esperar a mi abogado”, le dijo Leites. “Si quiere, yo la acompaño”, se ofreció Mieres. Y así entró la activista al Juzgado mientras algunas personas cantaban: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.
Consultado por la diaria, Mieres se excusó de hablar del operativo y explicó que fue una decisión de la jueza Merialdo. Confirmó que los detenidos por el DOE estuvieron unas horas en las dependencias de ese departamento, antes de ser trasladados a la sede judicial.
Ya dentro del Juzgado, y según relataron los procesados, Merialdo les dijo que se habían excedido en la protesta porque “había habido gritos”. También se asombró por la molestia de los activistas y les hizo notar que les impuso una pena más leve de la que pedía Zubía. Les dijo que les iba a leer la sentencia pero finalmente no lo hizo.”Parece el tribunal militar”, comentó ayer Zabalza en conferencia de prensa.
En contra
El PIT-CNT también manifestó su rechazo a los procesamientos mediante un comunicado. Los calificó como “un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”.
Apelable
Sobre las 15.30, los abogados defensores salieron a dar la noticia a la prensa. Gustavo Salle, representante de Leites, valoró que Merialdo no haya dado lugar a la tipificación de Zubía, que a su juicio pretendía hacer “una selección” de los manifestantes. Informó que Merialdo continuará investigando a todos los que participaron en la manifestación ante la SCJ. No obstante, valoró que no ve a la jueza “en absoluto entusiasmada” con esa indagatoria.
El abogado de Borda, Pablo Donnangelo, anunció que apelará y que evalúa presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. “Entendemos que existe una relación de tensión entre dos derechos, el derecho a manifestarse y el derecho a realizar un acto público en tiempo y forma. El acto de asunción de la doctora Mota se retrasó, es cierto, pero eso no es una conducta penalmente relevante”, estimó.
Juan Fagúndez, abogado de los Jaume, también apelará. “Si bien pudo haber una conducta que distorsionó en algo un acto público, de ninguna manera había una intencionalidad de cometer un delito, porque lo que juzgan acá son delitos, no que alguien grite o moleste”, señaló. “No estamos hablando del reglamento de OSE ni de UTE, estamos hablando del Código Penal y de procesar gente como delincuentes”, agregó. El abogado presentará una denuncia ante la Fiscalía de Corte contra Zubía, ya que éste lo increpó en forma “bastante desagradable”. “Le pedí explicaciones y no me las dio”, afirmó. Fagúndez había opinado que Zubía tiene “una visión ideológica de los hechos” y “tergiversa la realidad”.
A las 19.30, los procesados dieron una conferencia de prensa. Zabalza afirmó que la SCJ utilizó esta instancia para procesarlos “de cualquier manera”, y que se utilizan métodos del “terrorismo de Estado”. Leites denunció que se está “limitando el derecho a la protesta” y que el Poder Judicial “le está haciendo los mandados a la impunidad”.
