El Ejecutivo promulgó la Ley que aprueba un protocolo de UNASUR referido al “compromiso con la democracia”. Su aplicación será en caso de rupturas del orden democrático o constitucional que represente riesgos para el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los principios democráticos de alguno de los Estados partes.
Su aplicación será en caso de rupturas del orden democrático o constitucional que represente riesgos para el legítimo ejercicio del poder.
De esta manera Uruguay adhiere al protocolo de UNASUR referido al “compromiso con la democracia”. Lo podrán aplicar los presidentes o cancilleres de los países miembros del bloque.
El protocolo entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno instrumento de ratificación y formará parte del tratado suscrito por todos los Estados integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en 2010.
Suspensión de derechos
Será aplicable en caso de: “ruptura, amenaza de ruptura del orden democrático, violación del orden constitucional o de cualquier situación que implique riesgos para el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.
En caso de que ello suceda en algún país que integra la UNASUR, el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de gobierno o, en su defecto, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en sesión extraordinaria convocada por la Presidencia pro témpore, de oficio, a solicitud del Estado afectado o a petición de otro miembro de UNASUR.
Las medidas que podrían aplicarse, según lo establece el protocolo, son: “la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos e instancias de la UNASUR, de los derechos y beneficios previstos en la unión, y el cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión o limitación de todo tipo de comercio, provisión de energía, servicios y suministros”.
También se podrá promover la “suspensión del Estado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales, promover ante terceros países o bloques regionales la suspensión de derechos o beneficios del Estado afectado, y adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales”.
También se realizarán “gestiones diplomáticas necesarias para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado”.
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