Santos, reelección y paz – Periódico El Nuevo Siglo, Colombia

El siguiente editorial responde exclusivamente a la visión de este medio 

Es de recordar que cuando se comenzó a hablar en el anterior gobierno de la posibilidad de instaurar la reelección presidencial inmediata, desde estas páginas advertimos los riesgos de esa reforma por cuanto se estaba legislando en causa propia. El Congreso aprobó el cambio por mayoría y la revisión constitucional ajustó el proceso. Hoy la opción de repetir en el cargo es ya una figura institucionalizada y como tal le es dable al Jefe de Estado de turno, sin violentar las reglas del juego, optar por otro mandato. Así ocurre no sólo en Colombia, sino en un sinnúmero de países.

Precisamente el marco constitucional, legal y reglamentario ya existente garantiza que el proceso que se avecina, tras el anuncio anoche del presidente Santos en el sentido de buscar la continuidad en la Casa de Nariño, se transite sin sobresaltos desde el punto de vista institucional, bajo reglas democráticas preestablecidas, con las garantías suficientes para que todos los contendores puedan exponer sus propuestas y programas a la ciudadanía y que sea, finalmente, en las urnas en donde se señale al ganador del favor popular.

Hace apenas un par de días comentábamos que dado que el Centro Democrático se había adelantado a lanzar su candidato presidencial, lo mismo que otras fuerzas minoritarias, resultaba conveniente para la democracia que el presidente Juan Manuel Santos se definiera y anunciara su postulación a la reelección. Ello se concretó anoche y está bien que así haya sido.

El Jefe de Estado, con palabras sencillas, defendió su proyecto gubernamental y recalcó la finalidad de avanzar sin descanso para llevar a buen puerto todas sus políticas. Y lo hizo con fundamento en la convicción de que el país transita por un momento económico positivo que permite vislumbrar que con un esfuerzo concertado de los colombianos “por fin será posible avanzar a la prosperidad” que se merecen.

No se puede desconocer que la decisión del Gobierno de buscar seguir en el poder se fundamenta en el balance positivo de su gestión, en particular en lo que se refiere a avances como la reducción de la pobreza y la desigualdad. También por haber creado 2 millones de puestos de trabajo, más que cualquier otro país de América Latina. “Me eligieron para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los colombianos. Hemos cumplido”, sentenció el ahora Presidente-candidato.

Desde que se hizo la reforma constitucional que permitió la reelección del Álvaro Uribe es previsible que quien llega a la Primera Magistratura sienta la necesidad de ir a otro periodo presidencial. Santos así lo siente, ya que junto con su equipo de gobierno considera que debe concretar grandes proyectos y programas en los que se ha comprometido, como es el caso de las viviendas gratuitas para las familias más vulnerables. También está jugado con el programa de reparación a las víctimas de la violencia, así como con las reformas pertinentes al sistema de salud, el agro, el sector minero y agrícola, en particular en las zonas de la periferia. Así mismo apuesta por grandes cambios que se deberán hacer para favorecer la industria, el aparato exportador  y los sectores más golpeados por la apertura económica.

Y de otro lado, por estar inmerso en la política de paz, con la obsesión de superar más de medio siglo de violencia, el jefe del Ejecutivo considera que no es responsable ni posible abandonar la nave en la mitad del río. Se trata de “terminar la tarea que entre todos hemos comenzado”, dijo.

El país debe entender que consolidar la paz en Colombia no es una política gubernamental coyuntural, responde a una estrategia de Estado de largo aliento que se comenzó a implementar con la estructuración del Plan Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana, siguió con la Política de Seguridad Democrática del presidente Uribe y que ahora facilita, por efecto del cambio evidente en la ecuación del conflicto armado y la supremacía institucional y de la Fuerza Pública, abocar la posibilidad de buscar una salida política y negociada a la confrontación, siempre dentro de los lineamientos de la autoridad, la justicia transicional y, obviamente, la democracia.

Es claro que Santos acierta al interpretar el querer de la Nación al buscar la paz. Y por ello resalta que “optar por más años de violencia, más víctimas, más dolor para miles de colombianos, es una alternativa inaceptable”.

Al mismo tiempo reconoce que pensó, inicialmente, que los acuerdos de paz en La Habana se lograrían en menor tiempo, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, reconoce que lo alienta el hecho que se avanza en temas puntuales como el desarrollo social y la participación política. A juicio del gobernante lo fundamental es que las Farc aceptan las reglas de juego de la democracia, condición esencial para la desmovilización y la integración en la sociedad.

Por todo lo anterior es que el Jefe del Estado entiende que un gobernante que “rechace la opción de hacer la paz no solo sería irresponsable, sino que estaría violando el mandato de la Constitución y del pueblo”.

Es una verdad de a puño que desde el momento en el cual se institucionaliza la reelección  como una opción en Colombia, el panorama político cambió hacia la posibilidad de mandatos presidenciales de ocho años, con una instancia de refrendación popular a los cuatro.

Como lo hemos expresado numerosas veces en estas páginas, la paz es el mayor anhelo de los colombianos, el objetivo supremo de nuestra sociedad para consolidar la democracia y avanzar al desarrollo. Al Partido Conservador, el defensor del orden y la autoridad, corresponde en esta hora crucial entender ese escenario y jugar un papel decisivo, ser protagonista de primera línea de esta alternativa histórica y, dentro de la unidad nacional y los consensos políticos superiores, llevar al país a superar los escollos de los reductos de la violencia retrograda. Llegó la hora de las decisiones y la bandera de la paz se consolida como la dirección mejor establecida.

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