Procurador advierte que líderes de las FARC no podrán ser congresistas
Una semana después de que el gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron un acuerdo sobre la participación en política de los desmovilizados de la guerrilla, el procurador Alejandro Ordóñez hizo una particular advertencia. Mencionó a los dos miembros del secretariado de esa guerrilla que están en la lista de autores de delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Las palabras de Ordóñez trataron de responder una de las principales inquietudes que ha despertado en el grueso de los ciudadanos tras la firma del acuerdo del segundo punto de la agenda de negociación del proceso de paz. Precisamente, si al establecer nuevos espacios de participación en política, garantizar el surgimiento de nuevos partidos producto del acuerdo para poner fin al conflicto, algunos cabecillas de las FARC podrían incursionar en la actividad política.
Esta posibilidad está concentrada en el corazón del marco jurídico para la paz, y sobre todo de la ley que tenga que reglamentar sus alcances, que tendrá que definir qué delitos propios del conflicto armado, como los crímenes de lesa humanidad, pueden ser conexos del delito político.
Para Ordóñez el marco para la paz, como ya lo ha reiterado, establece una categoría de delito de lesa humanidad inédita, al señalar que si solo son cometidos de forma sistemática, se verían excluidos de los beneficios de la justicia transicional. Circunstancia que para el funcionario es una tronera hacia la impunidad total y que permitiría que algunos cabecillas de las FARC pudieran acceder al escenario de la participación política.
Más aún, cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, también ha reiterado que sobre los máximos cabecillas de las FARC aún no hay condenas en la justicia ordinaria por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, citando un informe de la Corte Penal Internacional, Ordóñez recordó que 218 miembros de las FARC, y 28 de la guerrilla del ELN, han sido condenados “en ausencia” por delitos como Homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, tortura, toma de rehenes y reclutamiento y enlistamiento de menores.
De ellos, recordó Ordóñez, ocho pertenecen o pertenecieron al secretariado de las FARC. Por eso mencionó que Rodrigo Londoño Echeverry alias Timochenko, y Luciano Marín alias Iván Márquez, son dos de los actuales miembros del secretariado, que según la CPI, tienen condenas por delitos atroces. Por eso, ellos dos no podrían representar a las FARC en un escenario de participación política, según el criterio del procurador.
Por eso Ordóñez dijo que la sociedad colombiana no está dispuesta a la impunidad total en el proceso de paz, y consideró que la participación política de estos cabecillas es imposible y no merece discusión. “Lo único que estamos dispuestos a discutir es sobre los lugares de reclusión”, fue el mensaje que el procurador le envió a los jefes de las FARC.
Y en un mensaje director al fiscal Montealegre, Ordóñez le dijo. “Es imposible desconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por los cabecillas de las FARC”.
