Preguntas a un acuerdo – Diario El Mundo, Colombia
El siguiente editorial responde exclusivamente a la visión de este medio
El comunicado sobre el acuerdo de participación en política anuncia, sin definirlas, la creación de nuevas instituciones democráticas, que generan importantes interrogantes.
En consonancia con los términos del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el comunicado de los negociadores del Gobierno Nacional y las Farc sobre participación política presenta las líneas generales de los consensos, cuyo detalles se anuncia se conocerán al momento de la firma del Acuerdo Final. Como lo hemos expresado ya en otras ocasiones, el modelo de publicidad parcial de los puntos acordados no tiene coherencia con la decisión de someterlos a referendo, a menos que a éste se le quiera dar carácter plebiscitario.
El comunicado en comento genera una miríada de interrogantes sobre las premisas admitidas en la mesa de negociaciones y las acciones a acometer en consecuencia con ellas, lo que hace imposible ofrecer a nuestros lectores una opinión responsable, favorable o desfavorable, sobre lo acordado. Una primera pregunta es si los negociadores del Gobierno admitieron la excusa, que no explicación, que han sostenido las Farc y sus portavoces en el sentido de que su alzamiento en armas y la apelación al terrorismo eran su única opción, y por tanto la de otros grupos participantes en el conflicto. Esto significaría que se omiten como causas de su declaración de guerra contra país la de su pertenencia a los movimientos marxistas-leninistas formados desde Cuba como guerrillas antidemocráticas.
Una segunda pregunta es si los negociadores admitieron la tesis sobre la estrechez y precariedad de la democracia Colombiana, aserto que desconoce los avances, por voluntad del pueblo, de la Constitución en 1991 en materia de apertura democrática y formación de nuevas instituciones para propiciarla, que con el paso de los años probaron ser tan amplias que se prestaron para abusos como los denominados “partidos de garaje”, entre otros. De esa misma admisión también se desprende la pregunta de cómo es posible que hoy sean garantes de la democracia quienes abiertamente han atacado las expresiones libres de la ciudadanía, con hechos como la persecución a la familia Turbay Cote y los militantes liberales en el departamento del Caquetá o a los pueblos que participan en el Comité Regional Indígena del Cauca, para sólo mencionar dos ejemplos.
Así como con lo divulgado parcialmente sobre los consensos en el punto sobre desarrollo rural, el comunicado sobre el acuerdo de participación en política anuncia, sin definirlas, la creación de nuevas instituciones democráticas; “globos” imprecisos que se lanzan para ver cómo los interpreta la opinión pública. Uno de ellos es la decisión de crear “circunscripciones transitorias especiales de paz” para la Cámara de Representantes, sobre las que solo se especifica que permitirán la elección al Congreso de habitantes de las regiones en conflicto. Como no hay claridad sobre si esos elegidos serán representantes de las organizaciones desmovilizadas, como ya existió en 1992, o si serán ciudadanos de las zonas de violencia que han visto coartada su participación política, y como todavía no existe acuerdo sobre la participación de los guerrilleros en política, queda abierto un amplio campo para la inventiva sobre los impactos del acuerdo de paz, no un espacio para reflexionar responsablemente sobre este.
Otro globo son los “consejos para la reconciliación y la convivencia”, que funcionarán en los ámbitos nacional y “territorial” (¿?). La forma de organizarlos, su temporalidad, sus funciones y capacidad normativa, así como su relación con las instituciones del Estado en esas regiones, son interrogantes que la enunciación del acuerdo no alcanza a resolver. Preguntas semejantes se abren a raíz del anuncio de los foros amplios que deberían definir los fundamentos del Estatuto de la Oposición. ¿Significa lo acordado que estos escenarios podrían sustituir al Congreso de la República, escenario natural y plural de la democracia, para hacer una reforma política de tal calado?, esta pregunta y las correlativas sobre la conformación de esos foros y las garantías de participación a las distintas vertientes de opinión del país, resultan de la vaguedad del comunicado y, seguramente, de los acuerdos alcanzados a las carreras.
El presidente Santos recordó en su intervención para presentar el acuerdo, el papel fundamental de la ciudadanía como responsable de su refrendación, rol que solo podrá cumplir a cabalidad y a sabiendas de que éste será el modelo para nuevas negociaciones, si se ofrece amplia difusión y se puede cumplir un proceso pedagógico suficiente para explicar lo negociado y sus alcances; perspectiva que se hace cada vez más difícil, dado que se conservan las decisiones de que “nada está negociado hasta que todo esté negociado” y de mantener el secretismo sobre los términos de las conversaciones.
La intervención del presidente también se centró en la decisión de no suspender las conversaciones durante el proceso electoral, en el que seguramente va a buscar su reelección. Con esta determinación, el doctor Santos renuncia a defender su obra de gobierno como razón para volver a recibir la confianza ciudadana, reniega de la posibilidad de recibir un mandato cierto para concluir el proceso de conversaciones con las Farc e iniciar otros y ata su suerte a la del grupo guerrillero, que a cambio de aceptar generalidades sobre participación en política, recibe la gabela de mantener el proceso que le da vigencia, especialmente ante la comunidad internacional.
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