Organismos de Derechos Humanos denuncian ataques contra la oposición
La Alianza por los Derechos Humanos en Honduras, denunció una escalada de amenazas contra estos derechos en el país por parte del gobierno central; al tiempo que expresaron su temor por la implementación de una campaña del terror previo a las elecciones presidenciales del 24 de noviembre.
La Alianza por los Derechos Humanos en Honduras denunció este jueves que la oposición de este país ha sido víctima de amenazas, hostigamientos e intimidación llevados a cabo por funcionarios del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Porfirio Lobo.
La denuncia fue dada a conocer a través de un comunicado, en el que aseguran que la nación ha sufrido una escalada de amenazas contra los derechos humanos «al allanarle las casas a personas que son víctimas y familiares de víctimas de los ataques durante el golpe de Estado» contra Manuel Zelaya en 2009.
De igual forma, hicieron referencia a las constantes amenazas de muerte hacia los candidatos a diputados y candidatas a diputadas para las elecciones del 24 de noviembre de este año, así como los asesinatos de hijos de líderes políticos «que al no ser investigados quedan bajo la sospecha de ser asesinatos políticos (…) y expresamos nuestro temor por la implementación de una campaña del terror previo y el día de las elecciones para evitar la concurrencia del electorado a las urnas».
El grupo de defensor de los Derechos Humanos, también hizo pública las constante agresiones de la que son víctimas los integrantes de esta institución; al tiempo que aseguran tener en sus manos «denuncias de que se han creado ambientes de terror y crimen en barrios y colonias para justificar la presencia de la Policía Militar».
«Condenamos la aplicación de la estrategia de fortalecimiento militar y advertimos de una escalda de violencia desproporcional, de violaciones de derechos humanos por parte de los militares en caso de darse movilizaciones sociales (…) Denunciamos la confabulación de algunos funcionarios del actual gobierno con el crimen común y organizado, al no depurar la policía y mantener en las direcciones de toma de decisión a funcionarios que protegen el crimen y delito».
Por otra parte la Alianza por los Derechos Humanos, expresó su apoyo a los fiscales Rosa Seaman, Edy Tábora y John César Mejía para quienes han solicitado medidas de protección, producto de las reiteradas rotaciones a las que han sido sometidos.
Comunicado de Alianza por los Derechos Humanos: http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/archivos/ARCH273_557.pdf
