La CELAC acordó no otorgar asilo político a acusados de corrupción
Los 33 Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) firmaron un protocolo por el cual se comprometieron a no otorgar asilo político a las personas que en sus respectivos países estén implicadas en casos de corrupción. La ministra boliviana de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, señaló que la cláusula de garantía está incluida en la Declaración de Santa Cruz, firmada el viernes en esa ciudad del oriente del país.
«En la reunión del grupo de expertos en el combate a la corrupción acordamos que ningún país pueda constituirse en refugio de personas procesadas y sancionadas por hechos de corrupción», afirmó Suxo. La funcionaria informó que se planteó a la cancillería boliviana que se encargue de la creación y puesta en marcha de un grupo especializado permanente que tendrá la misión de realizar el seguimiento del acuerdo.
Según el texto de la Declaración de Santa Cruz divulgado el sábado por la cancillería boliviana, los gobiernos comunitarios acordaron «promover el desarrollo de principios comunes que impidan el ingreso de funcionarios públicos y de los particulares procesados y sancionados por delitos de corrupción a territorio de otro Estado miembro, respetando las legislaciones internas y los compromisos internacionales vigentes». En el acuerdo final los Estados también ratificaron que «deben abstenerse de considerar los delitos de corrupción como delitos políticos».
Bolivia, que en la actualidad reclama a Brasil, Perú y Paraguay la extradición de funcionarios, gobernadores y legisladores acusados de cometer delitos de corrupción pero que pidieron refugio arguyendo persecución política, fue el impulsor de la Declaración de Santa Cruz. La ministra Suxo señaló que tras la fuga a Brasil del ex senador Roger Pinto, en agosto pasado, el gobierno de Evo Morales decidió trasladar a sus pares la idea de adoptar una estrategia sin fronteras para acabar con ese flagelo que implica a todos por igual.
«Está bueno que los 33 socios empecemos a recorrer el mismo camino en forma conjunta», dijo Suxo, que recordó que Bolivia es el único país del mundo que cuenta con un Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, «lo que nos permite exhibir el logro de haber recuperado en los dos últimos años 120 millones de dólares que habían sido sustraídos a las arcas del Estado». Suxo señaló que en el primer semestre de 2013 la Fiscalía General inició procesos por corrupción contra 2239 jueces, fiscales, actuarios y otros funcionarios de menor rango del Poder Judicial.
El gobierno de Morales señala que la lucha contra la corrupción no sólo está dirigida contra exponentes de la oposición –aunque son los que más aportan a la lista– sino que llega a todos los sectores. En ese sentido, a mediados de octubre reivindicó la condena de cárcel aplicada al jefe de la Dirección de la Hoja de Coca e Industrialización, un área vital en la estrategia oficial de reivindicación del uso de la hoja con fines medicinales, para la que Morales había supervisado personalmente el proceso de elección de su director general. «
