La candidata Bachelet – Por América Economía
El siguiente editorial responde exclusivamente a la visión de este medio
Es curioso lo que pasa con Chile. Desde fuera, es visto como un modelo de estabilidad política y sostenido crecimiento económico. Desde dentro, encarna un conflicto social causado por la desigualdad de ingresos que se ha traducido en descontento popular, desacuerdo político, paros laborales y violentas manifestaciones callejeras.
Ambas visiones son correctas, paradójicamente. Los problemas sociales, económicos y políticos que enfrenta Chile hoy son muy reales. El sistema educativo privilegia a los privilegiados y 30 años consecutivos de crecimiento económico casi no han disminuido la enorme brecha que existe entre ricos y pobres. Pero se trata de los dolores de crecimiento de un país que por más de 20 años ha hecho bien las cosas en lo económico y lo político, logrando pasar con estabilidad de un ingreso de US$ 5.000 a US$ 20.000 anuales.
No habrá sorpresas en las elecciones presidenciales chilenas del próximo domingo 17 de noviembre. La elegida será la pediatra socialista Michelle Bachelet, quien ya fue presidenta de Chile entre 2006 y 2010, y su reelección podría ser buena para el país.
Si Bachelet recibe más de la mitad de los votos será presidenta electa el próximo lunes 18 de noviembre. Si no llega al 50%, ganará en la segunda vuelta, programada para el 15 de diciembre y será presidenta electa entonces. Ese es el único elemento de suspenso que hay en las elecciones chilenas.
En su campaña, la ex presidenta se ha hecho eco de las demandas sociales que se han traducido en protestas callejeras y paros laborales, dificultando la labor del saliente gobierno del empresario Sebastián Piñera.
En los últimos cuatro años, los estudiantes secundarios y universitarios se han tomado las calles demandando un sistema educativo que realmente se traduzca en igualdad de oportunidades para todos. Al mismo tiempo, importantes centrales energéticas anunciadas han sido desechadas por sus inversionistas o por el gobierno luego de protestas de grupos ambientalistas y grupos comunitarios avecindados cerca de donde se instalarían los proyectos. Como consecuencia, hay peligro de que el sistema interconectado central que da electricidad al país no logre satisfacer la demanda para el año 2016.
Las protestas callejeras estudiantiles casi siempre terminaron en violencia y actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada. Su demanda de una educación que asegure igualdad de oportunidades, especialmente legítima en una sociedad desigual y clasista como la chilena, terminó decantando en una demanda de educación universitaria gratuita para todos incluyendo a los grupos de más altos ingresos, lo que no promueve precisamente la igualdad de oportunidades.
Bachelet, cuyo discurso actual es más izquierdista que lo que fue en su campaña de 2006, ha dado señales de que su nuevo gobierno dará educación universitaria gratuita a los jóvenes chilenos. Pero su programa incluye sólo un cambio gradual, que -quizás- alcanzaría esa meta en un plazo de seis años. Su programa educativo pone énfasis -correctamente- en mejorar la calidad de la educación, más que en subsidiar masivamente su financiamiento.
La candidata socialista piensa financiar su ambiciosa reforma educativa con una reforma tributaria que aumentaría de 20% a 25% los impuestos a las utilidades de las empresas y eliminaría un mecanismo que permite a las empresas diferir el pago de tributos sobre las utilidades no distribuidas.
Los partidos que apoyan al gobierno de Sebastián Piñera han reclamado que esas medidas desincentivarán la inversión y afectarán negativamente el empleo. Pero la verdad es que la tasa de impuestos corporativos que tiene hoy Chile está muy por debajo del promedio latinoamericano de 28%y también por debajo del 25% que tienen en promedio los países miembros de la OCDE, el club de los países ricos al cual Chile ingresó precisamente en el primer gobierno de Bachelet. La gran mayoría de los empresarios chilenos sabe que los impuestos a las empresas son muy bajos y que pagar 25% en lugar de 20% es un bajo precio que pagar si la mayor recaudación va a financiar programas sociales que reducirán la desigualdad en el país, incluyendo una reforma educativa que permita a dar buena educación a los hijos de familias de menores ingresos.
El actual modelo educacional chileno es fuertemente es segregado y discriminatorio, condenando a los hijos de los pobres a seguir en la pobreza. Un mejoramiento en la calidad de la educación, además, permitiría mejorar la competitividad de la economía chilena, lo que impulsaría el crecimiento futuro.Chile es el país más competitivo de América Latina, según el índice del World Economic Forum, ocupando el lugar 34 a nivel mundial. En calidad de su educación, se ubica en el lugar 74.
La ex presidenta ha embestido también en su discurso contra el sistema privado chileno de administración de los fondos de pensiones. Creadas hace 30 años por el gobierno de Augusto Pinochet, las AFP chilenas fueron vistas durante mucho tiempo como un modelo para el mundo, ya que no necesitaban subsidios estatales, aseguraban que las pensiones dependieran de los ahorros de cada trabajador y daban profundidad al mercado de capitales local.
Pero luego de tres décadas de operación, las AFP han defraudado en su promesa de dar pensiones razonables a los jubilados, en gran medida por los altos costos de administrar el sistema. Además, el rendimiento de los fondos ahorrados y el promedio de años de cotización no han sido los que se esperaba. Una revisión de las AFP chilenas, a estas alturas, es claramente necesaria.
La otra bandera de la ex presidenta es la reforma constitucional. La actual Constitución chilena data de un plebiscito convocado en 1980 por el gobierno de Pinochet y muchos cuestionan su legitimidad. Bachelet no ha descartado la creación de una asamblea constituyente para redactar y someter a aprobación popular una Constitución totalmente nueva -lo cual sería un error-, pero su programa enfatiza en la búsqueda de soluciones consensuadas que impedirá extremos como ese.
Por otra parte, hay consenso en casi todos los sectores políticos de que la actual Constitución sí necesita una reforma.
Sobre todo en el llamado sistema binominal, que obliga a elegir dos parlamentario por cada distrito electoral y permite que ambos sean de la misma coalición sólo si los votos de esa coalición duplica a los de la coalición que llega en segundo lugar. Este sistema, que no respeta en términos estrictos el veredicto de las urnas, no ha sido reformado hasta ahora porque ha favorecido tanto a la coalición que llevó al poder a la propia Bachelet, en 2006, como a la alianza que logró elegir presidente a Sebastián Piñera. Pero el sistema binominal ha impedido el surgimiento de nuevas fuerzas en la política chilena, negando representación parlamentaria a las minorías que no quieren integrar alguna de las dos coaliciones mayoritarias que dominan políticamente al país. Bachelet encabezará la reforma del sistema binominal y ya era hora que alguien lo hiciera.
La candidata socialista tiene una oportunidad de oro para hacer las reformas que el país necesita. Pero deberá sortear varios desafíos, empezando por las grandes expectativas que su campaña ha desatado. Las reformas que ella impulsa tomarán tiempo antes dar frutos, por lo que no será fácil contener y aplacar la ansiedad de la mayoría de sus votantes.
Por otro lado, la coalición que la lleva esta vez a la presidencia incluye partidos y posiciones que desean poner fin al modelo económico chileno.
El mismo talento político que Bachelet ha mostrado para conseguir el apoyo de un amplio abanico de posiciones y partidos, tendrá que seguir mostrando para hallar consensos aun más amplios después de llegar por segunda vez a la presidencia.
Está en buena posición para hacerlo. Ejerciendo un liderazgo fuerte podrá implementar las reformas que Chile necesita con urgencia, sin poner en peligro lo que el país ya ganó en los últimos 30 años.
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