Honduras: la Corte Penal Internacional determinó que no se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el golpe de Estado de 2009

Organismos humanitarios interpusieron ante la CPI denuncias sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Los denunciantes presentaron varios casos de violaciones, entre ellos la muerte del joven Isi Obed Murillo, ultimado el 5 de julio en el aeropuerto Toncontín a manos de militares.

También presentaron decenas de casos de detenciones ilegales en diferentes sectores del país y reclamos de los estados de sitio decretados por el entonces jefe de Estado de facto, Roberto Micheletti.

Sin embargo, la Cancillería emitió ayer un boletín informando que la Fiscalía de la CPI ha publicado y distribuido a los Estados partes en el Estatuto de Roma su Informe sobre el estado de los exámenes preliminares correspondientes a las denuncias interpuestas contra autoridades hondureños.

CRIMENES
“Después de un análisis cuidadoso de los hechos, ha concluido que no existe una base razonable para creer que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas en ese corto período de tiempo, constituyen crímenes de lesa humanidad”, apunta el análisis de la Fiscalía de la CPI.

El documento señala que referente a la denuncia de violación masiva de los derechos humanos supuestamente originados por el golpe de Estado, la Fiscalía admite que aunque hubo restricciones a las libertades de movimiento, expresión, asociación y un gran número de detenciones breves, no se puede argumentar que hayan constituido un ataque masivo dirigido contra los opositores al régimen de ese momento.

“Sobre la denuncia de un ataque sistemático proveniente del gobierno contra la oposición, la Fiscalía concluye que la mayor parte de los actos de violencia ocurrieron en el contexto de demostraciones públicas y no como parte de un patrón de conducta consistente y organizado del gobierno contra los oponentes al régimen, por lo cual también resulta difícil caracterizar tales actos como un ataque sistemático dirigido contra la población hondureña”, señala.

REPRESION
La Fiscalía señala que ante la ausencia de actos constitutivos de un ataque masivo y sistemático contra la población hondureña, ha descartado también que los decretos aprobados restringiendo las libertades de movimiento, expresión y asociación o el establecimiento de un gabinete de manejo de la crisis, constituyeran una política de gobierno destinada a reprimir a la oposición al régimen.

“Igualmente,  que las acciones desarrolladas para mantener el control del país no se pueden considerar que fueron parte de una política preconcebida dirigida contra la oposición al régimen”, precisa.

CANCILLERIA
“La Cancillería deja constancia que desde el año 2010 ha contribuido con la Fiscalía de la CPI en el suministro de información relativa a los actos denunciados, los cuales ha rechazado enfáticamente por no configurar crímenes de lesa humanidad en los términos que prevé el Estatuto de Roma”: Comunicado oficial.