El gobierno de Lobo-Hernández, el estado de derecho y las próximas elecciones – Por Javier Maeztu

La historia de Honduras está plagada de acciones contrarias a la vigencia del estado de derecho. Múltiples golpes de Estado (el último el 28 de junio de 2009), que han roto la precaria legalidad existente en el país. A pesar de esta extrema fragilidad, el actual gobierno del Partido Nacional (presidido por Porfirio “Pepe” Lobo y su delfín y candidato a la presidencia Juan Orlando Hernández) está batiendo records en cuanto a autoritarismo y falta de apego a cualquier tipo de procedimiento legal. Todo con el objetivo de controlar todas y cada una de las instituciones clave del Estado, promover proyectos que beneficien a grupos poderosos afines y asegurar la victoria electoral de Juan Orlando Hernández. Pasemos a analizar la trayectoria de este gobierno desde 2009.

Ya desde la misma elección este gobierno arrastra vicios de legitimidad. Fue elegido en unos comicios que se produjeron tras un golpe de Estado, con suspensión de garantías vigente por un Decreto Ejecutivo promulgado meses antes de su celebración. La oposición zelayista, que decidió boicotear los comicios, acusó al Tribunal Supremo Electoral de inflar los datos de participación. Los datos finales del TSE establecieron que la elección de 2009 fue la de más baja participación desde la aprobación de la actual constitución en 1981, con un abstencionismo ligeramente superior al 50%. Es importante recordar que el sistema de conteo falló en la noche de los comicios y estuvo fuera de servicio durante horas de manera sospechosa.

Una vez en el poder, el tándem Lobo-Hernández ha llevado a cabo una arremetida sistemática contra varias instituciones del Estado. Ente las más memorables podemos citar la remoción ilegal de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia menos uno, y el nombramiento discrecional de sustitutos. Es importante señalar que esta decisión se produjo tras una resolución de la Corte que declaraba inconstitucional uno de los proyectos estrella del gobierno: las ciudades modelo. El magistrado que no se destituyó, Oscar Chinchilla, fue el único en votar a favor de este proyecto.

Tampoco hay que desdeñar el trabajo que han venido realizando en el Ministerio Público. Aquí el asalto estuvo un poco mejor planificado. Aprovechando las múltiples denuncias por corrupción y abuso de poder en contra del anterior Fiscal General Luis Alberto Rubí, se creó una Comisión de Intervención del Ministerio Público con el fin de establecer posibles responsabilidades y depurar la institución. Finalmente las organizaciones de sociedad civil que participaron en dicha Comisión fueron marginadas y este proceso solo sirvió para conseguir nombrar un nuevo Fiscal General. Casualmente fue nombrado para el cargo Oscar Chinchilla, el magistrado de la Corte que no fue destituido por su fidelidad al gobierno en el caso de las ciudades modelo. Este hecho es especialmente grave si se tiene en cuenta que el período del anterior fiscal terminaba en 2014, cuando debía ser elegido un nuevo fiscal por el Congreso Nacional electo en los comicios del 2013 por un periodo de 5 años. El tándem Lobo-Hernández pretende que el nuevo fiscal permanezca en el cargo los próximos 5 años.

Importante es también señalar las maniobras que nuestra pareja viene realizando para hacerse con el control de los puestos claves de los organismos de seguridad pública. Una de las medidas más llamativas para ello ha sido el lanzamiento de un proceso de depuración policial a cargo de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, creada ad hoc. Para realizar este trabajo incluso se promulgó una Ley que otorgaba amplias facultades ejecutivas (con capacidad de remoción de cargos e incluso de despedir agentes), al flamante nuevo Director de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla. Este individuo fue acusado en el pasado de haber dirigido escuadrones de la muerte policiales, y en febrero de este año fue acusado por el anterior Director de la Policía Nacional Ramírez del Cid de ser responsable del asesinato de su hijo. Dicho proceso de depuración ha consistido principalmente en la realización de pruebas de confianza a los agentes, a las que se ha negado a someterse el propio Tigre Bonilla, y cuyos resultados han sido decepcionantes. Al mismo tiempo que se realizaba este proceso, se multiplicaban las denuncias sobre la existencia de escuadrones de la muerte parapoliciales que estarían asesinando jóvenes por todo el país. Estas denuncias no parecen ser una prioridad investigativa. Por último, el ejecutivo actual está en proceso de formar una nueva unidad de “élite” conocida como TIGRES. Se trataría de un hibrido policial-militar que ya ha sido denunciado por organismos defensores de derechos humanos como un retroceso tremendo en materia de derechos humanos. Siendo una unidad creada por el actual gobierno, es de esperar que presente una especial fidelidad a éste y esté dirigido por personas de confianza del tándem Lobo-Hernández.

Pero no acaban ahí los abusos cometidos por el gobierno. Durante el proceso electoral para las elecciones primarias en 2012, se observaron múltiples irregularidades. Una vez más, hubo problemas con el sistema de conteo y los datos que se ofrecieron finalmente son más que dudosos. Según estas informaciones habría resultado ganador Juan Orlando Hernández. El principal oponente dentro del Partido Nacional al tándem Lobo-Hernández, el señor Ricardo Álvarez, denunció ser víctima de fraude y ser el verdadero ganador. No se realizó un escrutinio alternativo y Álvarez estuvo denunciando el fraude en los principales medios del país hasta que le ofrecieron presentarse como Designado Presidencial (una especie de vicepresidente) en la candidatura de Juan Orlando.

Y se podrían seguir citando otros abusos, como la reelección de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, con cambio legislativo incluido; el asalto a la Secretaria de Salud por parte de esta señora, concesión de ríos en contra de voluntad de la población local, violencia contra grupos campesinos en varios puntos del país y otros casos. Si evaluamos estos cuatro años de gobierno desde el punto de vista de los derechos humanos podemos darle una calificación de muy deficiente. Desde el conflicto en el Valle del Aguan con más de 100 muertos, pasando por los últimos eventos en Rio Blanco, con la muerte de varios activistas y la criminalización de la lideresa indígena Berta Cáceres y sin olvidar las denuncias de existencia de grupos parapoliciales de limpieza social, se puede afirmar que este gobierno solo ha contribuido a exacerbar los conflictos ya existentes en el país en un intento de imponer sus intereses y obtusas visiones sociales.

En cuanto a las elecciones del 24 de noviembre, el panorama tampoco es muy halagüeño. La campaña de Juan Orlando Hernández se ha convertido en algo totalmente omnipresente. Las calles están literalmente forradas con su cara y en los medios de comunicación no dejan de pasar sus anuncios. Llama la atención que en el partido que la selección de Honduras jugó contra Jamaica el pasado 15 de octubre apareciese un anuncio de Juan Orlando ofreciendo 100,000 chambas (trabajos) a quien le apoyase. Esto, unido a la contratación de JJ Rendón, Venezolano especialista en campañas sucias, hace temer unos comicios complicados. Ya lo dice Juan Orlando Hernández en uno de los anuncios de radio que protagoniza; “Voy a hacer lo que sea necesario para ganar estas elecciones”.

Con prácticamente todas las encuestas a favor, la candidata de LIBRE, Xiomara Castro podría sufrir una derrota a través de un juego sucio al que parece que el tándem Lobo-Hernández ya están bastante acostumbrados. La falta de representantes tanto de LIBRE en la sede central del Tribunal Supremo Electoral dificultará un buen monitoreo del sistema electoral. A principios de año varios de los nuevos partidos y los minoritarios propusieron la implantación del sistema de voto electrónico venezolano, calificada por el Centro Carter como “el mejor sistema del mundo”. Los dos partidos tradicionales (Nacional y Liberal) se opusieron y la propuesta no prosperó.

El 26 de octubre pasado varias organizaciones defensoras de derechos humanos declararon una emergencia de derechos humanos a 30 días de las elecciones. Señalan entre las principales víctimas de la actual ola de violencia a los militantes de LIBRE, aunque sin excluir a los miembros de otros partidos. El último asesinato se produjo el 23 de octubre cuando el camarógrafo de la vinculada a LIBRE Globo Tv Manuel Murillo Varela fue atacado en Tegucigalpa y falleció después de recibir tres balas en la cara. Era beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta al secuestro y tortura por parte de policías de que fue víctima en 2010. Esta semana varios fiscales de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos han denunciado que el gobierno este virtualmente desmantelando esta institución y dispersando a sus integrantes en varios puesto en el interior del país. Da miedo.

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