Colombia: Proclama del 2º Encuentro Nacional Urbano
El modelo trazado para las ciudades colombianas responde a las lógicas del sistema neoliberal, excluyente, monopolizado, injusto, para servir al capital económico.
Las ciudades colombianas son las de mayor desigualdad en Latinoamérica. La ciudad se ha adecuado a las condiciones que exige la complejización de la sociedad y las dinámicas del mercado, lo que trae consigo la implementación de diferentes políticas que profundizan la segregación urbana, aumentado la brecha entre la ciudad planificada y la ciudad fragmentada. Los grandes proyectos urbanos y el devenir de las dinámicas del conflicto están en relación directa con los proyectos macro estatales de dimensiones internacionales que comienzan a sentirse en la vida cotidiana de los pobladores y pobladoras urbanas, potenciando para las principales ciudades del país, la construcción de proyectos Ciudad-Región que priorizan los intereses de los empresarios, dándole un enfoque a la ciudad de prestadora de servicios priorizando los sectores financieros e inmobiliarios; en tanto las ciudades pequeñas e intermedias se asumen como ciudades para el despojo y corredores de enlace.
En ese proyecto de ciudad, los sectores populares son considerados como “frenos” y generadores de conflicto, segregados de un modelo para el que no son funcionales, y a quienes se niega el derecho al territorio urbano, y sus relaciones con lo rural.
Pobladoras y pobladores urbanos nos encontramos atravesados por diversas problemáticas comunes, los altos índices de desempleo que conlleva a que los pobladores sobrevivan del trabajo informal y otros acudan a la ilegalidad, el robo o el micro tráfico. A esto se suma la tercerización y la falta de garantías laborales, incluyendo la estigmatización y crisis sindical. Los pobladores urbanos hoy nos sentimos despojados de nuestros derechos sociales de la educación y la salud, porque el Estado no nos garantiza un acceso democrático, por el contrario han sido derechos violados y privatizados.
El crecimiento demográfico como consecuencia del desplazamiento forzado es uno de los factores que muestran cómo el conflicto social y armado también atraviesa las ciudades de Colombia, esta situación engrosa los cordones de miseria existentes en los territorios urbanos en donde no se ofrecen condiciones para la vida digna, esto se evidencia en una gran cantidad de asentamientos urbanos que exigen la falta de garantías para el derecho y acceso a la vivienda digna y la división de los territorios urbanos en zonas para mostrar y periferias para ocultar.
Otros problemas muy sentidos en las ciudades son el abuso de las empresas prestadoras de los servicios públicos, las altas tarifas y el limitado acceso a los derechos básicos domiciliarios, al igual que el derecho al transporte público porque no hay un sistema de movilidad que sea incluyente. Se denuncia la explotación minero energética y el abuso de los bienes naturales, la inexistencia de planificación ambiental en las ciudades que se evidencia en la contaminación de los recursos hídricos, el desabastecimiento de agua, la desaparición de páramos y humedales, las grandes plantaciones en zonas periurbanas , las inundaciones, la caducidad de rellenos sanitario que causan graves problemas de salud.
A esto se suma la violencia sistemática de los derechos humanos reflejado en la mmilitarización de la vida, la presencia de paramilitarismo, la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, el reclutamiento forzado para el ejército nacional, todo esto redunda en la estigmatización y persecución a líderes, lideresas y control de la vida social.
En este contexto los procesos urbanos nos reafirmamos en una disputa por las ciudades para la vida digna y no para el capital. Reunidos en la ciudad de Bucaramanga nos ratificamos en la construcción de un movimiento urbano popular, que logre articular los procesos locales de las ciudades colombianas, para disputar el territorio y construir poder popular en barrios y en las calles. Nos comprometemos para desarrollar los siguientes mandatos:
– Consolidación de habitat y vivienda digna que sea un hogar integral y protección de los territorios donde habitamos. La vivienda debe ser gratuita, sin hacinamiento y es necesaria un mejoramiento integral barrial.
– Servicios públicos con mínimos gratuitos entendidos como derechos y no como venta de servicios. Los servicios públicos deben ser operados por empresas públicas.
– Trabajo digno y economía solidaria. Consumo de productos nacionales, locales y propios como un ejercicio de soberanía. Una lucha conjunta de trabajadores informales, desempleados, precarizados y subcontratados por trabajo con condiciones laborales que garanticen la organización y el buen vivir.
– La defensa de los Derechos de los pueblos contra la militarización, la criminalización, y la estigmatización como mecanismo de respuesta que lleve a un control de lxs pobladores urbanos sobre la fuerza pública y ponga freno a la represión en las ciudades.
– Defensa de bienes de la naturaleza y oposición al modelo minero energético y agroindustrial extractivista. Nos comprometemos a defender un mínimo vital gratuito del agua y una utilización racional de la misma, así como la reducción del 50% de los precios de la gasolina
– Nos comprometemos a defender la educación pública en todos los niveles, gratuita y de calidad. Exigimos que no existan restricciones para el acceso a las instituciones de educación superior de las y los jóvenes que salen de instituciones secundaristas. Propendemos por la construcción de una educación popular que garantice que las ciudades sean entornos de paz y vida digna.
Llamamos a la realización de un foro alternativo popular y movilización popular que se realizara en abril de 2014.
Participantes del II Encuentro Nacional Urbano
Construyendo país para la vida digna
