Chile: tras un mes de protestas, trabajadores públicos levantan el paro
El Gobierno, la comisión de Hacienda del Senado y los funcionarios municipales agrupados en Asemuch firmaron un acuerdo sobre las demandas laborales y previsionales que motivaron la movilización nacional realizada desde el 15 de octubre pasado, y que ha afectado a 320 de los 345 municipios de Chile. El arreglo incluye la garantía de financiamiento fiscal para las cuatro demandas de los trabajadores municipales, aunque estos accedieron también a flexibilizar sus exigencias.
En el Congreso de Valparaíso se dieron cita los actores políticos del conflicto municipal, que se desarrolló desde el 15 de octubre por demandas que buscan igualar las remuneraciones del sector municipal descentralizado con los funcionarios dependientes del Gobierno central.
La movilización ha significado un impacto sobre los programas sociales municipales, el retiro de la basura, las fiscalizaciones y el funcionamiento de los tribunales de policía local, entre varios otros ámbitos que dependen de las municipalidades del país.
La comisión de Hacienda del Senado oficializó la garantía de que habrá financiamiento, para aumentar los ingresos por concepto de Programas de Mejoramiento de la Gestión, incremento previsional, la modernización de la planta de trabajadores (que no se actualiza desde 1994), y finalmente la asignación previsional.
El presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch), Óscar Yáñez, dijo que los 60 mil trabajadores del sector flexibilizaron su postura, y dado que el Gobierno también ha hecho lo suyo, este conflicto está llegando a su final.
“Flexibilizamos nosotros el tema de la globalidad, de los dos a los tres, creemos que ese era el punto del escollo y definitivamente ya hemos zanjado ese tema. Y también queda resolver el tema que quedó pendiente que tiene que ver con el tema del PMG, específicamente respecto al componente base”, explicó.
Las autoridades aceptaron las exigencias de los trabajadores, entre ellas, la homologación de los grados con los correspondientes funcionarios públicos y el reconocimiento de las funciones que desempeñan. El acuerdo implica que tanto el fisco central como las municipalidades tendrán que desembolsar recursos para financiar los 50 mil millones de pesos, asociados a los pagos por rendimiento laboral.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicó que esta plata se obtuvo de reasignaciones presupuestarias que originalmente serían destinadas a otros asuntos, y que en tal sentido se evitó hipotecar los recursos de libre disposición del próximo Gobierno.
“Son reasignaciones dentro del presupuesto 2014. Para el Presidente de la República era muy importante mantener la responsabilidad en los recursos fiscales y, como vamos a tener un nuevo gobierno a partir del 11 de marzo, no queríamos dejarle comprometido a ese próximo gobierno recursos que van a ser de su libre disponibilidad. No nos gusta hacer al próximo gobierno lo que nosotros sufrimos cuando asumimos”, expresó.
El proyecto municipal debe despacharse a más tardar el 29 de noviembre, fecha límite para definir los temas asociados al presupuesto del Estado.
