Presidente dominicano decide acatar fallo del Tribunal contra migrantes y ejecutará plan de regulación
Tras una reunión del Consejo Nacional de Migración el Gobierno acordó este miércoles acatar la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que define los criterios de nacionalidad del país, aprueba el procedimiento para el cumplimiento de la disposición y, reitera que actuará, en este caso, respetando la institucionalidad.
Al término de la reunión encabezada por el presidente Danilo Medina y que duró poco más de tres horas, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, dio lectura a un documento con los puntos acordados
Según lo acordado por el Consejo, la Junta Central Electoral, en un plazo de 30 días, rendirá un informe sobre el impacto de la sentencia del TC en relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como de irregulares; el Consejo Migración elaborará, en un plazo de no más de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros, y procederá, en lo inmediato, a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo.
Rodríguez Marchena reiteró que el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y que sienten afectados sus derechos, como consecuencia de esta sentencia, y que como ha expresado el presidente Medina, “por el fallo, este es un problema humano que debemos resolver”.
Sostuvo que ante la situación generada por la sentencia del TC, el Estado en su conjunto está trabajando para encontrar una respuesta coherente y humanitaria, para lo cual el Gobierno lleva a cabo un proceso de consultas con los órganos competentes.
Al leer el documento contentivo de la declaración oficial sobre la sentencia del TC, el funcionario reiteró el compromiso del Gobierno con la implementación de una política migratoria clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
Pese a que en la rueda de prensa el portavoz del gobierno estuvo acompañado de algunos de los participantes en la sesión de trabajo del Consejo, no se permitió preguntas a los periodistas que por más de tres horas aguardaron hasta que concluyera la reunión, que se produjo a puertas cerradas.
Integran el Consejo Nacional de Migración los ministros de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien la preside; Defensa, Almirante Sigfrido Pared Pérez; Trabajo, Maritza Hernández; Turismo, Francisco Javier García; Salud Pública, Freddy Hidalgo; Agricultura, Luis Ramón Rodríguez y el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols.
También, los presidentes de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y de la comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.
Además, participaron la reunión el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
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Descendientes de haitianos protestan frente a sede Tribunal Constitucional
Un grupo de ciudadanos descendientes de haitianos continuó este miércoles protestando frente al edificio del Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia 168-13 de ese organismo, que desnacionalizarían a miles de hijos de extranjeros nacidos en el país.
Alrededor de 20 personas representantes de organizaciones defensoras del derecho de los descendientes haitianos, se apostó frente a la sede del TC desde la 1:00 de la tarde, coincidiendo con el anuncio del gobierno de acoger la sentencia de la alta corte.
El movimiento “Dominican@s por Derecho”, dijo que el derecho a la nacionalidad no es un asunto migratorio y que la base de su solución no es la ley de migración ni el plan de regularización, sino la Constitución de la República.
En ese sentido, Cristal Mañón, calificó como un absurdo pretender suspender un derecho fundamental por vía administrativa, usando la ley de migración como estandarte, y violentando el mandato superior de la constitución.
De su lado, el director del Centro Bonó, Roque Feliz, informó que entregaron documentos de solicitud de apoyo en las sedes de las embajadas de Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina y Chile.
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El Senado respaldó al presidente en la defensa del fallo contra hijos de migrantes
El Senado aprobó este miércoles a unanimidad una resolución que otorga un voto de confianza y expresa la solidaridad al presidente Danilo Medina, por su correcta posición respecto al fallo emitido por el Tribunal Constitución frente al tema de la nacionalidad.
La iniciativa de la autoría del senador Eddy Mateo Vásquez, representante por Barahona, también desaprueba el incidente promovido por activistas feministas y delegadas a la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Cepal, el pasado día 15, durante el acto de apertura, donde delegadas irrumpieron al presidente Medina, vociferando consignas.
Refiere que condenan ese incidente como una intervención en los asuntos internos del país y un atentado contra la República Dominicana como Estado Soberano.
Expone en uno de los considerandos que la posición del Jefe del Estado no ha querido ser interpretada por grupos nacionales y extranjeros que responden a intereses cuyas actitudes lesionan la institucionalidad y la soberanía del país.
Precisa que en contra del Gobierno y la Nación se ha levantado una campaña internacional sustentada por organismos y asociaciones con poderosas ramificaciones en el país, Europa y el continente, que pretenden obligar al Estado dominicano a quebrantar sus propias disposiciones legales y constitucionales, respecto a la nacionalidad y a políticas migratorias como Estado soberano.
Manuel Güichardo, senador por Valverde, descalificó a los sectores que han irrespetado al presidente Medina, y acusó a aquellos que cobran en organismos internacionales de prestarse a desacreditar el país, porque sus autoridades están defendiendo la nacionalidad.
Revisión de línea divisoria
El senador Sánchez Roa sometió otra resolución, que se envió a una comisión con plaza fijo de 15 días, que sugiere al Poder Ejecutivo revisar exhaustiva la línea divisoria que limita la frontera, para verificar el cumplimiento fiel del tratado fronterizo Dominico-Haitiano de 1929 y su protocolo de revisión de 1036.
La pieza sugiere al presidente Medina coordinar con el Gobierno Haitiano el cumplimiento del artículo tres del Protocolo de Revisión del Tratado Fronterizo Cominico-Hatiano de 1929, que acuerda la construcción de la carretera internacional de manera conjunta por los dos Estados, que servirá como delimitación física, de forma que ésta resulte absolutamente inequívoca del territorio que corresponde a cada Nación.
Además recomienda al Poder Ejecutivo dotar al Ministerio de Defensa de los recursos económicos necesarios y suficientes, para que el Ejercito dominicano, el Instituto Cartográfico Militar, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Cesfront y la Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas, poner vigilancia y seguridad de la frontera, así como con contribuir con el desarrollo de esa zona, y dar cumplimiento de una vez y por todas al artículo 10 de la Constitución de la República.
Expresa un considerado que “el descontralodado y creciente flujo migratorio y el incremento sostenido de las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití, ha generado que ciudadanos haitianos hayan venido ocupando irregularmente territorios de nuestro país, levantando en viviendas, negocios y sembradíos agrícolas con destrucción de la foresta, práctica que se observa en diferentes comunidades de la línea fronteriza”.
Señala que en la región fronteriza periódicamente se producen conatos de violencia, conflictos actividades delictivas y confrontaciones diversas entre ciudadanos, que intranquiliza y preocupa a las personas, familias, organizaciones sociales comerciantes, juntas de vecinos, y en general a los residentes en la frontera, afectando la convivencia de buena vecindad y el desenvolvimiento normal de la vida económica, social y cultural de esas comunidades.
Por otro lado, en la sesión de este martes, los senadores aprobaron varios contratos de ventas de inmuebles entre el Estado y particulares.
También el senador José Rafael Vargas, advirtió que no votará por el Presupuesto General del Estado, si no le incluyen esa pieza de desarrollo unas 15 obras que necesitan las comunidades.
Por otro lado, el vocero del bloque del PLD, José María Sosa, rechazó que al tratar de buscar una reunión con el Presidente Medina, se le quiera tumbar el brazo al Jefe del Estado.
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