Paraguay: La indisolubilidad entre militarización y privatización de recursos naturales y servicios
A menos de un mes de asumir la presidencia, el Partido Colorado y el presdente Cartes, con mayoría en el congreso, aprobaron la Ley 5036/13. Al mismo tiempo, con el concurso de sus aliados de distintas tendencias, agrupados en el Pacto Azulgrana, impone su proyecto político-económico de privatización.
Plenos poderes y la erosión de la institucionalidad democrática
En el primer caso, se trata de la movilización de las fuerzas militares en el teatro de operaciones en territorio nacional para combatir a una supuesta guerrilla: el EPP. En el segundo, implementar, sin controles reales, una reforma del Estado consistente en la privatización de los recursos naturales y de los servicios públicos. Esto, o más grave, en medio de una concentración de poderes extraordinarios, al límite del resquebrajamiento de toda la institucionalidad democrática.
Las fuerzas militares, bajo la dirección personal de Cartes, actuarán operacionalmente en dos departamentos del país, en zona fronteriza con Brasil y de fácil acceso hacia Bolivia. Se trata de zonas rurales donde se encuentran los movimientos campesinos tradicionalmente mejor organizados y con más tradición de lucha.
Ello implica un cambio profundo en el rol de las fuerzas militares que constitucionalmente, están para salvaguardar la soberanía- Es decir, para actuar ante un conflicto armado internacional, resultado de un acto de agresión según las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Este es el rol constitucional reservado a las fuerzas armadas.
En esta perspectiva, el debate no es tanto legal, en el sentido de saber si la ley citada viola o no las disposiciones constitucionales. La respuesta releva de la evidencia: modifica la Constitución Nacional, la remodela y produce como efecto un cambio legal incompatible con la norma fundamental y con el ejercicio de los derechos democráticos.
El control de las fuerzas militares y su subordinación al proyecto de restauración, su re- alineamiento a los intereses extra-regionales, es el verdadero debate, el núcleo del problema. Y éste, inseparable del proyecto de privatización.
Esta reorientación de la doctrina de las fuerzas armadas, es la continuidad y la profundización de la política de restauración que se dio con el Golpe de Estado de junio de 2012 contra el gobierno democrático de Fernando Lugo.
Una restauración estrechamente asociada con la contraofensiva de los Estados Unidos en la región, cuyo objetivo es resquebrajar el proceso de integración y obtener reposicionamiento estratégico, a pesar de la profunda crisis de legitimidad democrática y de su franco declive a nivel internacional.
La constitución de la Alianza del Pacífico, una especie de proyecto mini-ALCA, como puntal de un proyecto político-estratégico, introduce elementos discordantes y disfuncionales al proceso de recuperación de la soberanía iniciado desde el 2005 en el MERCOSUR, en la UNASUR, en el ALBA y en la CELAC. Y distorsiona a la institucionalidad democrática en su esencia.
El caso de Paraguay no es, ciertamente, extraño a la pretensión norteamericana de recuperar el control de toda la región.
La conjunción con la remodelación del Estado, la política económica conservadora y restauracionista
El proyecto llamado “Alianza Público- Privada confluye y es concomitante a la política de militarización. Es un proyecto económico y político que prevé en forma explícita, la privatización generalizada de servicios públicos de la salud, educación, de la energía y de las fuentes de producción, servicios sanitarios, etc. .
Se trata de la política de remate de los bienes púbicos, remate del Estado. Bienes y riquezas públicas que serán transferidos, sin ningún debate democrático, sin ninguna consulta al pueblo, sin control democrático, en manos de grupos económicos de facto, únicos beneficiarios de este nuevo gran negociado.
Se pretende con esta supuesta “alianza” con el sector privado, imponer a la población paraguaya el proyecto neo-liberal trasnochado, que fracasó rotundamente en todo el continente. Incluso el modelo chileno, impuesto por la dictadura empresarial-militar pinochetista, alcanzó su tope y se encuentra en plena crisis, preludio de su rotundo fracaso.
Es un modelo económico de Estado impuesto en los años ochenta y noventa,
estrechamente asociado a la corrupción del sector privado, a la pérdida de la soberanía sobre los recursos naturales, a la destrucción de la democracia y de los derechos democráticos, a la violación masiva de los derechos humanos, a la ruina de la sociedad y al saqueo de los recursos públicos.
En síntesis, el Gobierno de Cartes, con la militarización y con el proyecto de ajustes estructurales, entra en una fase de confrontación con el pueblo , poniendo en riesgo serio, a institucionalidad democrática del país, con el peligro inmediato de descomposición del Estado democrático y de la instauración de la lógica del conflicto en toda la sociedad.
Lo más grave es que, contra la Constitución misma, se someten al Estado y pueblo paraguayos al capricho tribunales extranjeros, al arbitrio de jueces extranjeros de Washington París o Londres, a la venalidad de los árbitros del Centro de Arreglo de Diferendos relativo a las inversiones (CIADI), brazo jurídico institucional del Banco Mundial y del sector privado, a las leyes extranjeras y a las jurisdicciones extranjeras. Es la entrega cínica de la soberanía paraguaya en manos extranjeras.
Porque allá no se van a decidir sobre cuestiones de soberanía judicial, sino sobre la Responsabilidad Internacional del Estado y según los intereses del sector privado, no según los intereses públicos y del pueblo. Como es sabido, el CIADI y otros tribunales, no son jurisdicciones fiables que gocen de credibilidad y de autoridad moral. Al contrario, la aplicación que hacen del derecho se caracteriza justamente por su carácter arbitrario, antijurídico, parcial e interesado.
Los dos proyectos están íntimamente ligados. La imposición del modelo neoliberal, sea a escala nacional o internacional, es consubstancial a la destrucción del “derecho político”, es decir, a la destrucción de las conquistas democráticas y sociales. Y la destrucción del “derecho político” es consubstancial, inseparable, de normas jurídicas económicas y comerciales, garantes de la apropiación ilícita de los recursos públicos.
Dicho esto, el proyecto de militarización del Paraguay tiene dos ingredientes muy importantes. Primero, la criminalización de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de los sectores democráticos y progresistas. Segundo, convertir al Paraguay en una especie de portaviones de agresión y de desestabilización. Una especie de Operación Cóndor en versión actualizada que necesita de la reorientación de la doctrina militar y el “nuevo” rol para las fuerzas armadas.
La criminalización de los movimientos sociales y de los sectores democráticos
Los dos proyectos, están acompañados por la ofensiva desatada desde los medios comerciales privados de comunicación.
Esta ofensiva ideológica consiste en asociar, por un lado, las luchas campesinas y toda movilización con la “guerrilla” EPP, el terrorismo y el narco-tráfico. Por otro, en forma particular, lograr establecer una relación de subordinación del EPP, del narco-tráfico y del terrorismo con el Frente Guasú y con todo proyecto político y social alternativo.
La acción de las fuerzas militares en el norte del país se manifiesta con el hostigamiento constante de la población- averiguaciones, “visitas”, recolección de información, seguimiento de poblaciones enteras y de dirigentes, control de identidad, delación, pedido de “colaboración”, allanamientos violentos durante la noche y la madrugada, justificados con el pretexto de la búsqueda de elementos del EPP. Es toda una política de terror contra la población.
La ejecución selectiva de dirigentes campesinos por “sicarios” o por “arreglo de cuentas”, es más que sugestiva. La reorientación de la doctrina político-ideológica de las fuerzas militares.
El Libro Blanco de la Defensa y la ley de militarización
La implementación del proyecto de asociación público-privada y de reforma del Estado presupone y exige el control de las fuerzas armadas. El control y la pérdida de identidad de las fuerzas militares, es un ingrediente esencial para este proceso.
La transformación político-ideológica de las Fuerzas Armadas se concretó bajo el gobierno golpista de Federico Franco. El resultado: el Libro Blanco, q uereactualiza la noción de agresión siguiendo los parámetros elaborados por los Estados Unidos. Aquella es redefinida con dos elementos no muy novedosos pero graves: primero, la agresión externa es asimilada a la agresión interna. Segundo, ambas son dos caras de una misma moneda, hechos indisolublemente ligados.
Aunque el Libro Blanco no lo explicite, la agresión externa, sólo puede venir o de Brasil, o de Argentina o de Bolivia, o de los tres al mismo tiempo. Sería insensato pensar en Panamá o Surinam como potenciales agresores.
La agresión interna es definida como sigue: “ ..la subversión que antiguamente representaba una forma de lucha por imponer una ideología, hoy, la han convertido…en una contienda semejante por su modo de lucha, pero con motivaciones y objetivos diferentes; prueba de ello es el nexo evidente con el crimen, sea este nacional o internacional”. Y continúa diciendo: “ ..la evidente internacionalidad de este tipo de amenaza debe inducirnos a superar el dilema de si constituye una amenaza interna o externa…” (Libro Blanco, p. 108).
La ley de militarización, uno de los elementos del proyecto restauracionista, plasma en uno de sus articulados ( art. 2), la redefinición de la defensa nacional entendida como destinada a “..enfrentar cualquier agresión externa e interna, que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República….”.
El “agresor” interno, lógicamente y aunque no se lo diga, está identificado con los movimientos sociales (campesinos, sindicatos, centrales sindicales, cooperativas campesinas, asociaciones de vecinos, movimientos barriales, ….).
La redefinición del rol de las Fuerzas Armadas, constituye, además de un acto de una gravedad especial, un retroceso que nos remite a épocas que creíamos, nunca más retornarían. Es una Operación Cóndor bajo otros paradigmas, pero en el fondo, una Operación Cóndor.
Los riesgos y peligros para el MERCOSUR, para la democracia y para los procesos de integración
La militarización en el Paraguay debe ser entendida, primero, como parte de una restauración conservadora, en el marco una profunda transformación del Estado, manteniendo un cuadro legal-institucional formal. Segundo, como parte de una estrategia de la ofensiva de los Estados Unidos y de las fuerzas conservadoras a nivel regional.
Los grupos económicos de facto en el Paraguay, manifiestan una hostilidad explícita hacia MERCOSUR y, en especial, hacia los gobiernos que lo componen. El gobierno de Cartes, conforme a los intereses de estos grupos, retarda el retorno del Paraguay al MERCOSUR, limitándose, coyunturalmente, al despliegue de una política de bilateralización.
Sabemos que Paraguay no tiene otra salida que el retorno al MERCOSUR, más allá de agitar, por cuestiones ideológicas, la figura de la Alianza del Pacífico.
El dato seguro es el actual gobierno de Cartes y los grupos de facto de derecha, no tienen ninguna empatía con la integración soberana, con el ejercicio real de los derechos democráticos y con los gobiernos progresistas y democráticos. Que va a implementar una política de zapa, no hay casi duda al respecto. La discusión es bajo cual política.
Lo cierto es que este tipo de gobierno restauracionista, es una “cuña” introducida por los Estados Unidos en el MERCOSUR y en la región. Paraguay, después de Honduras, es tal vez uno de los mayores éxitos que tuvo la política de desestructuración de la línea soberanista, democrática e integracionista impulsada en el MERCOSUR por los gobiernos progresistas y por los movimientos sociales.
Paraguay fue el eslabón débil del proceso de integración. En la región y en la sub región, hoy se consolida como cabeza de puente o si se quiere, como plataforma privilegiada de los Estados Unidos, con vistas a la desestabilización y el desplazamiento de los gobiernos democráticos y el desmantelamiento del actual proceso en el MERCOSUR. He aquí el verdadero riesgo que conlleva este proyecto de restauración con fuertes caracteres neo-stronistas.
La militarización del Paraguay, la reorientación de la doctrina de defensa y la doctrina militar, el modelo económico-social que busca imponer el gobierno de Cartes, forman parte de un único proyecto.
La resistencia de los movimientos sociales, la movilización de la población, la coherencia de los partidos democráticos y de izquierda, el proceso de integración, la movilización de los pueblos hermanos, son las garantías que tiene el pueblo paraguayo ante esta ofensiva y ante la criminalización forjada desde el Estado mismo.
