Países de Unasur acordaron coordinar controles frente al lavado de dinero
Ministros de la Unasur acordaron ayer establecer un esquema de coordinación entre los organismos de control financiero de cada país miembro con el objetivo de combatir el lavado de activos, informó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.
Tras el encuentro que se desarrolló en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, los participantes fueron recibidos en Casa de Gobierno por la presidenta, Cristina Fernández.
En contacto con Tiempo Argentino, Sbatella consignó que los asistentes suscribieron el denominado «Compromiso de Buenos Aires» con el fin de concretar «un esquema de coordinación para afinar el intercambio de información» contra los delitos financieros. El representante argentino destacó que la iniciativa servirá para «avanzar hacia la capacidad operativa» entre los organismos específicos de América Latina.
Sbatella puso el eje en casos de evasión por los que se investiga al BNP Paribas y al JP Morgan como mediadores de casos puntuales de lavado de activos. Con esa referencia, el titular de la UIF consideró que «la banca extranjera emplea mecanismos para encubrir el lavado de dinero» y propuso «avanzar en la combinación operativa con los países que tuvieran la misma problemática».
Un eje central del acuerdo está dado en el intercambio con los países limítrofes. A propósito de este punto, Sbatella aseguró que «hay datos de una estructura delictiva establecida» que demanda de agilidad en el intercambio de información. La idea «es que se rinda información a los ministros de la Unasur cada tres meses por medio de un informe». Las expectativas de funcionamiento «depende de la dinámica de la estructura» del organismo regional, señaló el funcionario.
Entre otras actividades sospechadas, los especialistas alertaron por casos de lavado vinculado al mercado de la moda, al narcotráfico y a la tala de árboles en Bolivia. En esa línea, también discutieron la minería ilegal de oro «que genera fondos ilícitos en varios países», indicó Sbatella, quien abogó por «una solución operativa».
Además, la Unasur reclamará «ante los foros mundiales más importantes» que los países centrales se sometan a los mismos controles que reclaman para sus pares de la región, donde «la mayoría de los países hicimos adecuaciones y alcanzamos estándares de transparencia». Ayer en la mesa del ente regional «se planteó que los países centrales que tienen guaridas protegidas hagan lo mismo que nosotros y lo vamos a exigir como posición regional en los foros internacionales», afirmó Sbatella.
En esa línea se pronunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien criticó «el doble discurso de los países centrales, que mientras exigen endurecer las normas en las naciones periféricas en la lucha contra el lavado de dinero, muchas veces amparan y avalan la existencia de paraísos fiscales».
Alak diferenció que «los países de la Unión Suramericana no apadrinamos paraísos fiscales, tal como las potencias señalan en los foros mundiales», y explicó que «el lavado de activos provoca fuga de capitales y contribuye a debilitar nuestras economías». Finalmente, en esa línea, destacó que «para combatirlo, toda la región ha hecho notables esfuerzos para fortalecer sus agencias de control y prevención, y se han dado avances sustanciales en pos de lograr el compromiso de los sectores de la sociedad civil como los bancos, los profesionales y las compañías de seguros, entre otros, y adecuando el sistema de justicia para que el esfuerzo se convierta en condenas concretas».
Por su parte, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, señaló que la Unasur «tiene el objetivo de coordinar acciones para conjurar los delitos de guante blanco» y defendió los avances de «la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina» en el control de los delitos informáticos.
Puricelli apuntó en ese sentido contra «la presencia de una verdadera estructura que se dedica a llevarse recursos de la región en forma ilegal». El acuerdo logrado ayer, agregó el ministro de Seguridad, «contempla el intercambio de experiencias, información y medidas para hacer avanzar las investigaciones por lavado de dinero existentes en los distintos países».
