Las próximas elecciones suponen fin de crisis en Honduras tras golpe de Estado
Las elecciones generales del 24 de noviembre próximo en Honduras suponen el fin de la crisis política derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, quien fue derrocado y expulsado del país cuando promovía una consulta popular en desacato a la ley.
Los analistas consideran que gane la izquierda o la derecha, el movimiento social hondureño igual perderá mucho con el próximo gobierno.
En la contienda política participarán, por primera vez, nueve partidos políticos, cuatro de ellos surgidos tras el golpe de Estado a Zelaya, quien aspira a volver al poder ahora de la mano de su esposa, Xiomara Castro.
La mujer de Zelaya, quien es opacada políticamente por su marido, es la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), que nació del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) organizado tras el golpe a la incipiente democracia hondureña para exigir sin éxito la restitución del exgobernante.
Los candidatos a la Presidencia en las elecciones generales de noviembre son ocho, tras una alianza entre dos de los partidos pequeños, Unificación Democrática (UD, de izquierda, surgido en 1990) y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), fundado después del golpe de Estado.
El candidato presidencial de esa alianza es Andrés Pavón, presidente de un cuestionado Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) y otrora amigo muy cercano de Zelaya.
Los otros candidatos son Juan Orlando Hernández, del gobernante Partido Nacional; Mauricio Villeda, del Partido Liberal, que en 2006 llevó al poder a Manuel Zelaya; Orle Solís, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), y Jorge Aguilar, del Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).
Completan la lista de candidatos Salvador Nasralla, un presentador de televisión del Partido Anticorrupción (Pac), y el general retirado Romeo Vásquez, del Partido Alianza Patriótica Hondureña, ambos movimientos también surgidos tras el golpe de Estado de 2009.
El general Vásquez era el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas durante la administración de Zelaya.
Ambos ahora se acusan mutuamente de corrupción durante el tiempo en que ejercieron el poder y aseguran tener la solución de los problemas de Honduras, al igual que los otros seis candidatos restantes, aunque ninguno de los ocho dice cómo van a dar respuesta a las necesidades de la mayoría de los 8,5 millones de hondureños.
A menos de dos meses de las elecciones, por ejemplo, los hondureños no saben qué harán los candidatos para superar problemas graves como el de la educación que tiene Honduras, uno de los países más pobres de continente junto con Bolivia, Haití y Nicaragua.
Los millones de lempiras que están gastando los nueve partidos políticos resultan como una ofensa para los millones de hondureños que viven entre la pobreza y la miseria, muchos de ellos con ingresos de menos de un dólar diario para subsistir.
La participación de nueve partidos en las elecciones augura para los analistas locales una mayor afluencia de votantes en las urnas y que se reduzca el abstencionismo, que en 2009 superó el 50 por ciento, debido a la crisis por el derrocamiento de Zelaya.
Otros consideran, a partir de sondeos de opinión, que las únicas agrupaciones con opciones reales de triunfo son los partidos Nacional, el Liberal que se resquebrajó tras el golpe, y Libre.
De los 4,6 millones de hondureños aptos para votar en noviembre de 2009, ejercieron el sufragio 2,3 millones, favoreciendo con 1,2 millones al actual presidente, Porfirio Lobo, del Partido Nacional, mientras que el candidato del Partido Liberal, primera fuerza de oposición, Elvin Santos, sumó unos 800.000 sufragios.
En un país marcado por el bipartidismo, encarnado en el Nacional y el Liberal, ambos conservadores y con más de un siglo de historia, la participación de nueve movimientos políticos no solo es una novedad, sino que también ha creado muchas expectativas.
Los activistas de Libre, encabezado por la esposa de Zelaya, aseguran que se han convertido en la primera fuerza política y que al llegar a la Presidencia convocarán a una Constituyente para “refundar el país”, que tras 30 años de democracia está sumido en una crisis política, económica y social sin precedentes.
Tres décadas de democracia no han representado avance, sino un retroceso para la mayoría de los hondureños, que cada vez son más pobres y sufren los efectos de otros flagelos como la violencia criminal, que a diario deja un promedio de 20 muertes diarias.
El más interesado en que las elecciones de noviembre, a las que están convocados 5,3 millones de hondureños, sean exitosas, es el presidente Porfirio Lobo, quien no ha podido cumplirle a los hondureños las únicas dos promesas de su campaña política: trabajo y seguridad.
Cualquier partido político que gane las elecciones asumirá en enero de 2014 un país que atraviesa una crisis económica agravada por una alta deuda interna y externa, lo que Lobo atribuye a problemas heredados de la administración de Zelaya, quien alega que dejó el país en mejores condiciones y que redujo la pobreza.
Otros de los flagelos que sufre Honduras son la corrupción, que tiene profundas raíces y es el causante, en gran medida, de la pobreza que vive el país; la inequidad social y la injusticia.
La corrupción también salpicó a la administración de Zelaya, a quien la justicia le anuló varios juicios, lo mismo que a algunos de sus funcionarios, como parte de un acuerdo político para que el exgobernante retornara al país tras más de un año de exilio después del golpe de Estado.
El mayor logro que Lobo destaca en su administración es el haber logrado que la comunidad internacional reconociera de nuevo a Honduras, tras el aislamiento por el golpe de Estado a Zelaya, un conservador que ahora se define como un líder del socialismo del siglo XXI, herencia del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez
