“El riesgo de ser niña en el Caribe” – Entrevista a Shira Miguel Downs, militante de los derechos de la mujer
La violencia contra la mujer es “una emergencia permanente en el Caribe”, afirma Shira Miguel Downs, directora del Centro Nidia White. 80% de los casos atendidos son abusos sexuales contra niñas menores de 14 años. Violencia, narcotráfico y falta de presencia del Estado acechan a las mujeres
El Centro de Mujeres Nidia White, afincado en Puerto Cabezas desde la década de los ochenta, ha sido testigo activo de la violencia y abuso en contra de las mujeres que ahora amenaza a las niñas en proporciones que, para la directora del organismo, Shira Neoime Miguel Downs, deberían ser “vergonzosas para las autoridades y el Estado”.
Las violaciones en el Caribe suelen quedar impunes a falta de autoridades en las comunidades. Muchas veces la agresión se salda con la entrega de algún animal o un terreno y los derechos humanos de las mujeres son lo menos importante. Shira, en entrevista con Confidencial, en la que grafica la situación de la mujer en esa zona, explica los factores sociales, culturales y externos que propician que ser mujer en el caribe sea un peligro desde la niñez.
Además, repasa el rol de las autoridades judiciales y la sociedad multiétnica con la entrada en vigencia de la Ley 779 y su reciente reforma. La incidencia del crimen organizado ligado con la trata de personas y la amenaza para ellas como defensoras de los derechos de las féminas.
Shira sostiene que “el tema de la violencia hacia la mujer es de emergencia permanente en el Caribe”. Para demostrarlo recurre a los datos: el Centro Nidia White ha conocido 1, 940 casos hasta la fecha, conteo que no abarca el sub registro de casos que la mujer cree ronda un poco más del 50%.
Aunque la directora del Centro Nidia White reconoce que el gobierno del comandante Daniel Ortega ha prometido más Comisarias de la Mujer, insiste que eso no es suficiente. “Estamos abandonadas”, afirma. Hacen falta más acciones frente a un entorno hostil, donde hasta la ubicación geográfica juega en contra. Esto planteó Shira:
¿Cómo es la situación de las mujeres en el Caribe actualmente?
Una de las cosas primordiales que desde la organización Nidia White hemos visto, es que el contexto geográfico es una de las razones que ubica a las mujeres de la Costa Caribe en mayor invisibilización. La ubicación geográfica tiene que ver con recursos y costos. Y no todo el mundo entiende la realidad que esta situación pone a las mujeres, lo que hace que la violencia aumente.
En la Costa Caribe el contexto sociocultural es otro factor de peso. Somos una región multiétnica y pluricultural y de allí parte la particularidad de la violencia contra niñas y adolescentes, que está afectando pero que no es evidente. Aún en el año 2013, y aunque hay avances a través de la lucha de muchos grupos de mujeres, sigue habiendo un vacío en la lucha contra la violencia. Cuando estás hablando que es un fenómeno cultural todo lo naturalizan, se justifica la violencia por la cultura. Eso hace la magnitud del problema más grave.
¿Puede describir mejor el fenómeno?
El último diagnóstico que hizo el IEEP (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas) sobre seguridad ciudadana ubica la particularidad, que para el Estado y las autoridades debería ser vergonzoso, que es el abuso sexual contra niñas y adolescentes dentro de las comunidades; dentro de un contexto que puede ser mediado, ya que no existen instancias en esos lugares. ¿Qué apunta esto?: que la seguridad ciudadana no solo parte del exterior, fuera de casa, si no que las mujeres corremos riesgos hasta dentro de nuestras casas.
Los abusos son cometidos mayoritariamente por miembros de la familia. Muchas veces eso ni siquiera se denuncia porque es naturalizado. Bueno, dicen las mujeres, como a mí me pasó eso cuando era chavala y mi comunidad no hizo nada, si haces algo es porque estás irrespetando la administración de justicia comunitaria. Eso es lo que hace más complejo el abordaje de la violencia contra mujeres indígenas.
¿Es decir que las niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia y abuso sexual en el Caribe?
Es correcto. Lo hemos evidenciado desde nuestra organización. Tenemos un albergue, el único que existe a nivel de la región Atlántico Norte, en el que vemos que las edades en que se mueven la mayoría de los casos son menores de 14 años. De esos, seguimos de 15 a 29 años. Eso indica las edades claras y coincide con los números de la Comisaría de la Mujer en lo que refiere a violencia contra las mujeres. Sobre todo en estos casos ubicamos lo que tiene que ver con violencia sexual en menores de 14 años.
Por ejemplo, en nuestros datos de enero a junio de 2013 tuvimos dentro del albergue a 122 niñas; de ese número un 80% son abusos sexuales… ¡Violaciones que se cometen en contra de niñas! Y eso hay que decirlo claro, porque debemos hacer entender a la gente la magnitud del daño: son niñas de 1, 2, 4, 5 hasta 14 años que en algunos de los casos son obligadas a ser mamás. Producto de su situación de abuso quedan embarazadas sin su consentimiento y sin que estén preparadas para ese proceso.
También el fenómeno es que el victimario son adolescentes y jóvenes. La delincuencia en la Costa Caribe, hablando de Puerto Cabezas, la cometen los más jóvenes. Hay muchos casos de abuso sexual cometidos por ellos y lo más fácil que se dice es que no pueden ser procesados. Y sí, hay leyes que los amparan, pero también el Código de la Niñez dice que esos niños deben de tener espacios creados por el Estado para darles seguimiento.
Un adolescente que abusa de una niña no lo vas a echar preso en las mismas condiciones de un adulto, pero las leyes mandatan que debe haber un proceso de rehabilitación. Pero como no existe, lo más sencillo es que no pueden ser procesados y la situación se agrava.
¿Cómo actúan las autoridades judiciales y Comisarías de la mujer en el Caribe? ¿Tienen presencia?
Puerto Cabezas es el que lleva el proceso del pilotaje, el modelo de atención integral. También está activado con el juzgado de violencia que lleva esos procesos enmarcado en la Ley 779, que ahora ya no es solo un discurso de la sociedad civil o de las organizaciones de mujeres, sino que el tema tiene que estar sobre el tapete de las instituciones administradoras de justicia. En esa parte podemos decir que existe, pero los abordajes necesariamente tienen que ser iguales.
Para nosotras, lo primordial es toda la parte de los derechos humanos. El centro de atención integral nosotras lo definimos como el centro de atención integrado, porque allí integras a las instituciones: el Ministerio Público, Medicina Legal, la Comisaría y demás procesos investigativos. Pero eso no significa que se garantice la integridad humana a la mujer. ¿Por qué? El médico la va a atender para poder extraer evidencias, igual la psicóloga forense, pero eso no es igual a que si la mujer tiene un daño psicológico ellos garanticen la estabilidad emocional, el acompañamiento.
Nosotras apuntamos y decimos que se debe separar lo que es integrado y lo que es integral. La lucha de las mujeres ha sido integral, en donde lo principal sea la recuperación humana de la mujer en todos los niveles psicológicos, sexual y físico.
Y en el caso que los abusos se den en comunidades remotas, ¿allí también hay presencia de las autoridades?
Las autoridades tienen presencia en municipios puntuales. Tenemos entendido que el gobierno de Daniel Ortega aprobó crear Comisarías de la Mujer en otros espacios. Sin embargo, tenemos que estar claros que esto no da solución a todo, porque las instancias están en sedes. El trabajo es con los líderes comunitarios. Hay comunidades súper lejanas que la gente ni siquiera sabe de las autoridades. Al final quienes resuelven los procesos son los líderes comunitarios, injustos para la óptica de nosotros y justos para ellos que no tienen nadie más en su entorno. Ellos seguirán resolviendo porque no hay cobertura y eso requiere costos.
Sabemos también que esta es la región con más niveles de pobreza. No va a salir una mujer de su comunidad del Río Coco cuando tiene que pagar un motor que le cobrará 600 pesos para bajar el río y la lleve a Waspán. Todo el proceso que implica eso es complicado y en Waspán solo existe juzgado local, no existe Ministerio Público. Por fuerza si es un caso de violación tiene que venir a Puerto Cabezas, lo que implica otro costo que no tiene. Entonces su solución más clara es ver cómo arregla, aunque eso implique el violador me dé una vaca o un chancho, o un terreno por la situación de abuso que cometió. O aún más difícil, que el violador se tenga que casar por la reivindicación del abuso contra la niña. Son abusos que seguirán pasando, que es lo mismo que hablemos de la trata de personas.
Crimen organizado y trata de personas
¿Cómo funciona la trata en el Caribe?
Pues en la Costa Caribe la trata de personas ha sido una violación histórica. Los padres entregan a sus hijas para supuestamente llevarlas a trabajar y las dan como si nada. Ahora hay fondos para fiscalizar, pero el año pasado (2012) era más difícil sacar un camión con ganado que sacar niñas, porque pedían papeles por los animales y no por las niñas. Aquí se naturaliza eso, pero también hay mucho temor.
¿Temor de qué? ¿Tiene que ver con el narcotráfico que opera allá?
Sí, hablamos de crimen organizado. Nosotras mismas como defensoras nos encontramos en riesgo. Existen conexiones muy fuertes de ellos que dificultan el proceso de clarificación de los casos. Esa gente tiene dinero y a las organizaciones de mujeres es a quienes les caen. Creen que se persigue el delito porque nosotras lo demandamos. Las autoridades nacionales se lavan las manos y el crimen organizado pone sus ojos sobre nosotras.
Es narcotráfico también. Ellos se van a una comunidad y si se quieren llevar a una niña se la llevan. Con dinero que ofrecer hacen la propuesta. ¿Aceptas papá o mamá? Es sí o sí, porque si no aceptas te hacen aceptar…
Entonces, ¿no hacen nada las autoridades?
Sí, hay un nivel de trabajo, pero hay mucho más que hacer. Necesitamos un proceso de fiscalización. Como te dije, la ubicación geográfica no nos favorece. Estamos donde la vida no vale nada. Quien no hace nada en otra parte del mundo lo vine a hacer a la Costa Caribe. Y si las organizaciones no damos la cara, ¿qué va a pasar? ¿Qué nivel de respuesta se le va a dar a la mujer?
La Ley 779 en el Caribe
¿Qué ha significado en la Costa Caribe la entrada en vigencia de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la 779, y su reciente reforma?
Ha sido otro dolor de cabeza. Cuando entró en vigencia la ley, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos nos tomamos el trabajo de llegar hasta donde estaban nuestras capacidades para hablar de ella. Hay resistencia y una contra campaña de líderes de los gobiernos regionales, que quieren manipular la ley y dicen que viene a restar derechos ancestrales con el tema de la mediación. Pero como hemos apuntado que en los casos de violencia hacia las mujeres no se debería mediar, como estaba aprobado hasta hace poco, había resistencia y mala información, que la ley venía a separar familias, que no era sana, etc.
Además de eso, la reforma la están aprovechando para hacer sentir que no va a pasar nada. Que las mujeres no tienen apoyo. También se invirtió un montón de plata en divulgación con las réplicas de la ley. Pero, ¿ahora qué haces con ese montón de leyes, que hasta se tradujeron en miskito y se entregaron en las comunidades que pudimos llegar, y hay una reforma del artículo? ¿Le vas arrancar la página? No se puede. Y sobre todo entrar de nuevo en un proceso de sensibilización para que no crean que con la mediación van hacer lo que quieran y que van a mediar en todos los casos. El contexto en sí del manejo de la ley es difícil y tiene que ser a largo plazo. Muchos critican el contenido de la ley sin haberlo leído.
El tema de la mediación no es que sea algo malo para nosotras, porque a veces es la única opción que tienen las mujeres en las comunidades donde no hay instancias, pero que no necesariamente favorecen la protección de sus derechos humanos.
¿Algún caso emblemático que recuerde en el Caribe?
A mi criterio todos los casos que vemos son emblemáticos. Es un montón de cosas que se tiene que evidenciar. Todo el tema de nuestro trabajo es emblemático, porque nuestra aceptación social no es favorable. Queremos un diálogo para evidenciar las cosas reales, pero allí ya somos un problema.
Nidia White es una ONG que no apunta a pedir ayuda, sino cómo revindicar este proceso y decir que al final es responsabilidad del Estado poder brindar este servicio a las mujeres, a las personas que están en riesgo.
Tenemos convenios con los gobiernos regionales que son firmados en papeles y que no han podido ser ejecutados. Compromisos son fáciles de asumir, pero que se cumplan es difícil. Aunque somos el único centro de servicio integrado en la zona no podemos decir que contamos con presupuesto del gobierno regional.
¿Se sienten abandonadas por el Estado?
Por supuesto. Pero una vez que se dejen de dar estos servicios van a decir que los casos disminuyeron, que no hay casos de violencia porque las mujeres ya no están siendo atendidas. Y eso hay que sumarle el sub registro que hay en la Costa. Nosotras podemos estar registrando máxime un 50% de los casos, porque hay un sinnúmero de casos que no llegan a las instancias administradoras de justicia, ni a nosotras.
El tema de la violencia hacia la mujer es de emergencia permanente. Si podemos tener emergencia temporal con los brotes de malaria y de dengue, y todo el mundo hace campaña a nivel de país, y se destinan recursos, la violencia es emergencia permanente en la Costa Caribe.
¿Qué campaña hemos acompañado para que apuntemos directamente a reducirla? Hagamos esas visitas casa por casa como se hace con el dengue. Hagamos visitas de gestión, hablémosle a la gente de la no violencia, de la importancia del cuido dentro de la propia familia. Es una emergencia que no es evidente. De enero a julio de 2013 hemos atendido 1, 940 casos en el albergue.
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