El parlamento decide hoy la explotación petrolera en la reserva Yasuní

El gobierno de Rafael Correa llega en una posición política cómoda a la sesión de la Asamblea de hoy, en la que su mayoría autorizará la explotación en el Yasuní. A las 09:00 el Plenario está convocado para conocer el segundo y definitivo informe del tema, sin que los sectores que se oponen a la explotación hayan logrado consolidar una posición de defensa.

De hecho, el Régimen logró controlar un escenario que lucía adverso, luego de que el 15 de agosto pasado hundiera su iniciativa ambiental de dejar bajo tierra el petróleo de esa zona protegida. En estos 49 días, la maquinaria gubernamental consiguió que su propuesta sumara apoyos políticos claves. Incluso que su discurso penetre gradualmente en la sociedad, que en primera instancia se mostraba contraria a la actividad extractiva en el bloque Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT).

La campaña comunicativa liderada por Correa, así como su promesa de beneficiar a las localidades más pobres con esos recursos, fueron decisivos para el mejor posicionamiento del Gobierno. Polibio Córdoba, director de Cedatos, explica que el Régimen logró llenar los ‘vacíos’ informativos que habían en una parte significativa de la sociedad sobre las consecuencias de la explotación.

«Lo ha llenado de forma diaria, por todos los medios posibles, siempre con la connotación de que esos fondos serán para los gobiernos locales y que el impacto ambiental será mínimo», dice. De ahí que indique que los últimos estudios señalen que el apoyo ciudadano a la iniciativa oficial de ir a la explotación en el Yasuní se mantiene por encima del 56%. Entre los resultados políticos concretos de esa ofensiva gubernamental figura el apoyo casi incondicional de gobiernos locales. La primera de esas adhesiones fue el de una treintena de alcaldes amazónicos, que el mes anterior llegó a Quito a expresar su respaldo a la iniciativa.

Y el punto culminante fue el viernes anterior, cuando 180 de los 221 alcaldes miembros de la Asociación de Municipalidades (AME) entregase un manifiesto de respaldo a la actividad extractiva. En contraste, los sectores políticos y sociales reacios a la actividad extractiva perdieron terreno en su pulso con el Régimen. Errores de procedimiento en el impulso a la consulta popular, así como su dispersión, han influido en su aparente debilidad. «La sociedad se ha mantenido apática y un poco al margen del debate», es una de las explicaciones de Humberto Cholango, titular de la Conaie, sobre el actual escenario del tema. El dirigente también admite que las fisuras y divergencias de intereses entre los grupos de oposición influyó para que la defensa del Yasuní perdiese peso.

No obstante, advierte que la idea de consulta sigue vigente. En el campo legislativo, la oposición tampoco ha logrado consolidar un frente de resistencia. Si bien Creo, Pachakutik, PSP, SUMA han expuesto sus argumentos, no llegaron a formar un bloque para tra el tema. Y grupos como el PSC han mantenido ciera distancia. Pese a ello, voces como la del asambleísta Diego Salgado (Creo) sostienen que la posición del Gobierno sigue siendo incómoda frente al Yasuní. «No estoy seguro que el Gobierno salga fortalecido».

Acciones claves del Gobierno 29 de agosto El Presidente organizó un diálogo con las organizaciones indígenas en Riobamba, para explicar los beneficios de la explotación. Calificó de «mentirosos» a la cúpula de la Conaie y se comprometió a ayudar a la satisfacción de necesidades básicas. 4 de septiembre Rafael Correa se trasladó a Macas (Morona Santiago), para inaugurar la Unidad Educativa del Milenio Bosco Wisuma.

El Gobierno afincó el argumento de que la construcción de este tipo de establecimientos educativos en la Amazonía y el resto del país serán posibles gracias a las rentas petroleras del Yasuní. 13 de septiembre Treinta alcaldes de la Amazonía organizaron en Quito una marcha de respaldo a la iniciativa de extraer los recursos petroleros de la zona protegida. El Presidente los recibió. Ese día 18 prefectos del país también dieron su respaldo al Ejecutivo. 15 de septiembre La campaña mediática del Gobierno sobre el Yasuní llegó a su punto máximo. Hasta ese fecha se emitieron 126 anuncios en nueve canales nacionales de televisión de su campaña. Las intervenciones del Presidente y los beneficios del uso de los recursos naturales fueron sus ejes. 27 septiembre Correa recibió el apoyo de las municipalidades y cuestionó a los sectores de oposición.

El 1 de octubre siguió con su libreto de demostrar prácticos de los fondos petroleros. Inauguró la Comunidad del Milenio en Cuyabeno, un proyecto financiado y ejecutado por Petroamazonas y la empresa Ecuador Estratégico. Acciones claves opositoras 19 de agosto Guillermo Lasso, expresidencial y líder de la oposición, dijo que propondrá a otros movimientos la recolección de firmas para «superar» la base del 5% del padrón. Reiteró su postura de apoyar la idea de dejar bajo tierra el crudo del Yasuní. 22 de agosto Grupos ambientales, juveniles e indígenas, representados por Julio César Trujillo, pidieron a la Corte Constitucional que califique su pregunta en su proyecto de consulta popular.

Ese mismo día fueron al Consejo Electoral para solicitar que se inicie el proceso de consulta popular. 27 de agosto Grupos juveniles, ambientalistas y líderes políticos de partidos de oposición protestaron en Quito. La Policía impidió su paso al Centro Histórico de Quito. Los manifestantes denunciaron represión policial; el Gobierno negó el uso de la fuerza. 5 de septiembre Magally Orellana y Cléver Jiménez (Pachakutik) organizaron una visita al bloque 31. Denunciaron la construcción de un camino al bloque ITT, donde se presume hay pueblos en aislamiento. 11 días después el bloque de Creo cuestionó los mapas del Ministerio de Justicia, como sustento. 24 de septiembre Los peticionarios de la consulta entregaron una carta a la Corte Constitucional exigiendo una respuesta a su pedido de calificación de la pregunta. Dos días más tarde el organismo aclaró que cualquier pedido primero debe ir acompañados de las firmas.

Ese paso está establecido en el Reglamento de consultas. Una docena de foros del tema El debate por la explotación en el Parque Nacional Yasuní se convirtió en un tema de interés ciudadano, en espacial de los universitarios. Al menos una docena de foros se realizaron a la largo del país, donde las universidades abanderaron estos espacios de discusión. En estos foros académicos, especialistas, políticos y público en general pudo debatir sobre los impactos y el tratamiento que se le dio a la declaratoria de interés nacional la actividad en el Yasuní.

En el campo jurídico, la crítica se enfocó a la forma en que la Asamblea desechó la opción de convocar a una consulta, así como la negativa a consulta prelegislativa. Desde lo ambiental se destacó la importancia que tiene el Yasuní, por su diversidad. En este marco se destacó la preocupación por la posible violación de un lugar de tránsito de los pueblos no contactados, así como por el real beneficio económico de la explotación.

Colectivos tienen vía libre para pedir formularios al CNE
Las organizaciones sociales y los colectivos que anhelan una consulta popular para evitar la explotación petrolera en el Yasuní, podrán llegar hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE) y pedir los formularios para la recolección de las aproximadamente 600 000 firmas que requieren. Ayer, el ente rector de los procesos electorales reformó el Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria de Mandato.

Lo hizo bajo la exigencia de la Corte Constitucional (CC), que el miércoles de la semana pasada, resolvió que toda consulta debe cumplir el trámite de recolección de firmas, validación de las mismas por el CNE, antes de dictaminar la constitucionalidad de la pregunta presentada. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica y uno de los rostros visibles en este proceso que respalda la pregunta elaborada por el jurista Julio César Trujillo, dijo que lo más probable es que recién el lunes acudirán a la sede del CNE para pedir los formularios. La demora, según dijo, es que necesitan de la capacitación que deberá ofrecer el organismo para así «cumplir con todas las exigencias técnicas».

Por ello, recién hoy y mañana se reunirán para saber qué estrategias deberán tomar. Son las estrategias en la tarea de recoger las firmas que correspondan al 5% del padrón electoral a nivel nacional, lo que más preocupa. «Sobre todo porque no tenemos experiencia en esto», confesó Martínez. Y aunque estas organizaciones individualmente no tienen un aparato político, «la suma de ellas nos da un carácter nacional y nos permitirá elaborar los mecanismos de comunicación que vamos a requerir», añadió. No es sola esta tarea una de las preocupaciones. La pregunta de Trujillo no es la única.

Ayer, el Frente de Defensa Total de la Amazonía, llegó hasta el CNE para entregar en Secretaría su pregunta, cuyo principal aspecto es la no extracción absoluta en esa región. Su vocero, David Íñiguez, oriundo de Guayaquil, dijo que no adhiere a la pregunta ya presentada porque se focaliza solo en el Yasuní. No le preocupa que durante el proceso pudiera haber una confrontación de intereses. De aplicarse durante la verificación de firmas las mismas bases para el reconocimiento de organizaciones políticas, la coincidencia de rúbricas podría generar un problema para cualquier de las dos iniciativas ciudadanas.

«Tendremos que estar pendientes de la verificación para que las cosas se lleven con seriedad», dijo. Sin embargo, el consejero electoral Juan Pablo Pozo, a través de Twitter sostuvo a este Diario que, si bien el CNE debe cumplir con el dictamen de la Corte, «sin perjuicio, a mi criterio el dictamen previo de esta debía ser antes de la entrega de formularios». Mientras en la Asamblea ya se discute el futuro del Yasuní, los colectivos ecologistas, al momento de pedir los formularios, tendrán 180 días para recoger las firmas. Si el CNE las valida, deberán esperar el pronunciamiento final de la Corte Constitucional.

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