El gobierno irá a La Haya si Uruguay no modifica su decisión sobre UPM
La Cancillería argentina presentó hoy una nota en la embajada de Uruguay en el país sobre el conflicto por la «autorización unilateral» del gobierno uruguayo para que la pastera UPM (ex Botnia) aumente la producción y advirtió que si la situación no se modifica, Argentina «se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia».
A través de la nota, el Gobierno nacional reiteró el reclamo a su par uruguayo para que «deje sin efecto la autorización, produzca la información complementaria pendiente, y se atenga al procedimiento de información y consulta previas previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay».
De no proceder así el Uruguay, la Argentina «considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay», según dice el texto.
Sobre el conflicto, el Gobierno argentino señala al del Uruguay que «tal medida constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay en el marco del citado artículo 7».
«El Gobierno argentino lamenta que el Gobierno uruguayo, a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente, haya adoptado esta medida», continúa la nota.
Para el Gobierno nacional, «esta interrupción unilateral constituye una nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010».
La nota de Cancillería manifiesta que «dicha autorización se inscribe también en la constatación del incumplimiento por parte de la planta de UPM (ex Botnia) de los standards establecidos pertinentemente y que se verán agravados si la autorización de aumentar la producción se implementara».
NOTA DE LA CANCILLERÍA ARGENTINA AL GOBIERNO URUGUAYO: http://www.mrecic.gov.ar/userfiles/nota_a_la_embajada_del_uruguay.pdf
Uruguay insiste en que la autorización a UPM no viola la soberanía ambiental argentina
El canciller Luis Almagro respondió por carta a su par argentino, Héctor Timerman, que la autorización a UPM se tomó cuando se habían agotado todos los plazos previstos en el estatuto del Río Uruguay, “no viola la soberanía ambiental argentina”, y que el trámite se inició “correctamente” ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Este lunes Almagro recibió la intimación oficial del gobierno argentino para que “de inmediato” Uruguay deje sin efecto la decisión de incrementar la producción de UPM, o de lo contrario recurrirá ante la Corte de La Haya.
El canciller argentino, Héctor Timerman, remitió una misiva a su par uruguayo, en la cual solicita que Uruguay “de inmediato” deje sin efecto, la decisión de habilitar a UPM a producir mayor cantidad de celulosa. De no ser así, advierte que recurrirá al tribunal internacional de La Haya.
Ante tal planteo, el gobierno respondió al planteo argentino. Según informó La Nación.com, la respuesta uruguaya fue “firme”, pero manteniendo “un canal de diálogo”.
El medio argentino aseguró que la respuesta también fue por vía epistolar.
El presidente José Mujica decidió que la respuesta fuera por carta, firmada por el canciller uruguayo, Luis Almagro y dirigida al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Héctor Timerman.
La respuesta
El gobierno uruguayo decidió dejar constancia que la autorización a UPM no depende de un aval de la Argentina, que además no tiene poder de veto.
La decisión sobre UPM “se tomó cuando se habían agotado todos los plazos previstos en el estatuto del Río Uruguay”, y “no viola la soberanía ambiental argentina”, expresa Uruguay.
Asimismo, asegura que UPM presentó la solicitud en 2011, que el trámite se inició “correctamente” ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en marzo de 2012.
Desde ese momento se realizaron los “contactos” al más alto nivel y que la Argentina dispuso de los dos plazos semestrales cada uno para hacer sus objeciones.
“Los 390 días que ha durado este proceso han sido más que suficientes. Además en la decisión de la Corte de La Haya de 2010 quedó claro que los mecanismos de consulta no debían derivar en que ningún país contara con una suerte de veto implícito”, expresa Uruguay, según La Nación.
