El gobierno acusó a Dominicana de violar las leyes internacionales
Haití dijo el sábado que «disiente en términos enérgicos» con la decisión de una corte en la República Dominicana que anula la ciudadanía de hijos de migrantes haitianos.
El gobierno haitiano se había mantenido mayormente callado sobre el fallo de la corte que amenaza con convertir en apátridas a cientos de miles de personas, pero anunció esta semana que estaba llamando a consulta a su embajador ante la República Dominicana.
«El Ministerio de Relaciones Internacionales lamenta profundamente que haitianos y sus descendientes dominicanos que han contribuido significativamente al actual progreso de la República Dominicana por su trabajo y sacrificio sean ahora tratados como extranjeros en tránsito», señaló la dependencia en un comunicado.
La Corte Constitucional de la República Dominicana determinó la semana pasada que bloqueará la ciudadanía de miles de personas nacidas de trabajadores migrantes haitianos desde 1929. Esto podría afectar a aproximadamente 300.000 personas, en su mayoría nacidas dominicanas de ascendencia haitiana.
El ministerio haitiano de Relaciones Exteriores aseveró que la decisión de la corte viola varias leyes y acuerdos internacionales, incluida una determinación de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además instó a las autoridades dominicanas a abordar en una «manera objetiva y justa» el papel de los dominicanos descendientes de haitianos en la República Dominicana.
El fallo de la corte agravó una relación ya recelosa entre los dos países, los cuales comparten la isla caribeña La Española. Las tensiones entre los vecinos empeoró a mediados de año, cuando el gobierno haitiano impuso una prohibición a la importación de pollo y huevo dominicano, citando un reporte -que resultó falso- de que había gripe aviar en la República Dominicana.
Funcionarios haitianos admitieron el error, pero mantuvieron vigente la prohibición por razones que no han explicado del todo.
Funcionarios dominicanos han prometido un sendero a la residencia legal a las personas a quienes se les anule su certificado de nacimiento, pero no han proporcionado detalles sobre cómo operaría.
