El artículo del escritor y periodista uruguayo Raúl Zibechi titualdo «El modelo extractivo rechazado en las calles» analiza las distintas protestas que se suceden en la región contra las empresas trasnacionales y destaca los triunfos recientes contra la Barrick Gold en Chile y Monsanto en Argentina

Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas.

“En democracia los desaparecidos somos los pueblos”, dijo Mercedes Maidana, quien se definió como “colla trashumante” que no ha dejado de cultivar la tierra pese a que vive en una de las ciudades del norte argentino. Con esa frase estableció un hilo rojo entre las dictaduras y los regímenes actuales durante el encuentro “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas”, realizado a fines de agosto en Buenos Aires[1].

En esas fechas la legislatura de Neuquén  votaba el acuerdo YPF-Chevrón por el que se extiende la concesión del área Loma La Lata hasta 2048 en la que se utilizará la modalidad de la fractura hidráulica (fracking). La represión contra miles de manifestantes frente a la legislatura provocó la retirada de sala de siete diputados, tres radicales, dos vinculados a la CTA y otros dos de izquierda, entre ellos Raúl Godoy dirigente de la empresa recuperada Zanón.

En toda la región latinoamericana se suceden conflictos por la resistencia de los pueblos a un modelo que destruye el medio ambiente y limita la posibilidad de que las comunidades sigan cultivando la tierra y viviendo como ellas desean. Entre ellos, destacan los conflictos contra la minería y contra las fumigaciones y cultivos transgénicos.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), hay más de 195 conflictos activos por la megaminería en la región: Perú y Chile encabezan la lista con 34 y 33 conflictos respectivamente, le siguen México con 28, Argentina con 26, Brasil con 20 y Colombia con doce. Los que menos conflictos mineros presentan son Trinidad y Tobago, Paraguay y Uruguay con uno.

La megaminería está afectando un total de 290 comunidades. En algunos países como Perú, donde el 25% del territorio fue concesionado a multinacionales mineras, la conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala y llevó a la militarización de varias provincias. Los conflictos socio-ambientales entre 2006 y 2011 provocaron la muerte de 195 activistas en el país andino.

La resistencia a la soja, el principal cultivo transgénico en la región, se está haciendo sentir con fuerza en Argentina, donde Monsanto pretende instalar una planta en la localidad Malvinas Argentinas, cerca de Córdoba, para producir semillas de maíz. En esa ciudad las Madres de Ituzaingó consiguieron ganar una primera batalla contra las fumigaciones. Ituzaingó es un barrio obrero de seis mil habitantes del sur de Córdoba rodeado de campos de soja.

Madres sin hijos

Sofía Gatica asegura que su barrio “fue declarado inhabitable en 2005 aunque en 2002 las autoridades habían dicho que todo estaba bien. Recién en 2008 intervino la presidenta ordenando una investigación sobre el impacto del uso de agroquímicos”[2].

La fundadora de Madres de Ituzaingó dio a luz una hija hace trece años. Días después los riñones de la beba dejaron de funcionar. La madre quiso saber los motivos de la muerte de su hija y empezó a hablar con las vecinas.

Sin ninguna experiencia, alrededor de dieciséis madres comenzaron a recorrer puerta a puerta las casas del barrio y descubrieron que los índices de cáncer son 41 veces superiores al promedio nacional. “Hay 300 enfermos de cáncer, nacen niños con malformaciones, el 80% de los niños tienen agroquímicos en la sangre y el 33%  de las muertes son por tumores”, dijo Sofía. El agua de sus tanques estaba contaminada con plaguicidas, como consecuencia de las fumigaciones aéreas.

Las Madres de Ituzaingó pusieron en pie la campaña “Paren de Fumigar”, para denunciar la situación que vivían. Recién en 2008 el ministro de Salud ordenó una investigación al Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que ratificó la investigación hecha por las madres vinculando la exposición a agrotóxicos con efectos para la salud. Una ordenanza municipal posterior prohibió la fumigación aérea a una distancia menor a los 2.500 metros de las viviendas.

En 2010 la Corte Suprema de Justicia no sólo prohibió las fumigaciones cerca de centros poblados sino que invirtió las cosas: en adelante los vecinos no tendrán que demostrar el daño de las fumigaciones sino que el gobierno y los sojeros deberán probar que los químicos que usan son seguros.

Siendo el tercer mayor exportador de soja del mundo, Argentina utiliza 300 millones de litros de agrotóxicos, incluyendo glifosato y endosulfán, éste ya prohibido en 80 países incluyendo todos los de la Unión Europea mientras Naciones Unidas considera que debe dejar de ser producido y comercializado.

En abril de 2012 Sofía recibió el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medio ambiente. “Nos recibió el presidente Obama y meses después recibimos una carta en donde nos dice que no puede hacer nada contra Monsanto”.

2 lograron llevar a juicio penal a los responsables, por primera vez en el país. El 21 de agosto la Cámara del Crimen de Córdoba encontró culpables a un productor y a un fumigador de contaminar y afectar la salud de la población. La pena fue de tres años de prisión condicional sin cárcel.

“Fue un fallo histórico”, dijo Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud y actual integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, ya que es la primera vez que la justicia condena a los causantes de contaminación y enfermedades[3]. Pero ese mismo día el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, presentaba junto a los directivos de Monsanto la nueva semilla de soja transgénica: Invicta RR2 Pro.

El objetivo de las Madres de Ituzaingó es conseguir que empresas como Monsanto se retiren del país. “La alternativa está en nosotros mismos porque lo que estamos viviendo es un genocidio encubierto en toda América Latina”, dice Sofía. La empresa promete que la nueva semilla será “una segunda generación de soja”.

La minería, fuente de conflictos y crisis

Perú y Chile son los países con más conflictos mineros en la región. Jaime Borda, de la Red Muqui Sur de Perú, advirtió que los gastos para exploración minera en el mundo se multiplicaron por diez desde 2002. Enseña un mapa que muestra “cómo ven los empresarios al Perú”, un país cubierto de cuadrados que representan las concesiones mineras[4]. En 2002 había apenas 7,5 millones de hectáreas concedidas a la minería, cifra que saltó a casi 26 millones en 2012, el 20% de la superficie del país.

Algunas provincias andinas como Apurímac tienen el 57% de la superficie concedida a las mineras. Borda sostuvo que la elevada conflictividad que registra el país está motivada por el hecho de que “la población entendió que la protesta es la única forma de que el gobierno escuche a las comunidades”. Se preguntó si es posible una relación nueva y diferente con la minería.

La respuesta no fue sencilla. Las grandes empresas mineras, como las recién fusionadas Glencore y Xstrata controlan monopólicamente los mercados: 70% del mercado mundial de zinc, 55% del cobre, 45% del plomo. “Las bases del crecimiento extractivo se han agotado en términos democráticos y se vuelve un crecimiento cada vez más agresivo, vertical, autoritario y profundamente centralista”, dijo Borda.

Por eso defendió “mayor institucionalidad en el tema ambiental, fortalecer la descentralización y el ordenamiento territorial”, ya que no está claro quién planifica el crecimiento de la minería que está convirtiendo la región sur en un corredor minero.

El chileno Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) destacó que su país, pese a ser el primer productor del cobre del mundo, renunció a regular el mercado y los precios al punto que “las transnacionales deciden dónde y a qué ritmo explotar”[5]. La minería es el principal producto de exportación pero supone menos del 1%  del empleo, pero el 70% es precario por subcontratos.

En 2010, el 25% del territorio estaba en exploración o explotación. En Chile la minería consume el 37% de la electricidad que produce el país, que llegará al 50% en pocos años, frente al 28% de la industria y el 16% del sector residencial. Eso impone al Estado la permanente construcción de nuevas fuentes de energía, que aceleran el desplazamiento de poblaciones y el trasvase de tierras agrícolas a otros usos.

En paralelo, el Estado es el gran perdedor con la expansión minera. En 1990 la estatal Codelco concentraba el 75% de la producción minera, porcentaje que cayó al 28% en 2007 por las permanentes concesiones a privadas. Sin embargo, los aportes fiscales son inversos: con ese pequeño porcentaje de la producción, Codelco aportaba en 2008 al fisco 8.300 millones de dólares frente a sólo 3.400 millones de las privadas pese a que producen el doble.

Los opositores a la minería han cosechado una importante victoria en Chile. Desde 2000 sostienen una pugna contra la minera Barrick Gold que explota Pascua Lama en la frontera chileno-argentina. La justicia decidió la paralización de la explotación mientras no regularice obras de contención y manejo de aguas contaminadas.

El proyecto de Barrick, el mayor productor de oro del mundo, de unos 8.500 millones de dólares, fue paralizado en abril por una corte local a pedido de comunidades indígenas de la zona. Días atrás la Corte Suprema confirmó la suspensión de la mina[6].

En consecuencia Barrick reportó pérdidas de 8.560 millones en el segundo trimestre 2013 (el 40% de su patrimonio) y los accionistas iniciaron un juicio contra los directivos por ocultar y tergiversar información desde octubre del 2009. Puede ser el comienzo de los problemas de la minería en Chile: el Norte del país sufre una importante crisis hídrica cuya principal responsabilidad recae en la megaminería[7].

Ellos o nosotros

El biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo en 2004[8], sostiene que “el actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de la megaminería”[9]. Argumenta que en los cultivos no se extraen metales sino nutrientes que luego se exportan como granos. “Agricultura y megaminería tienen en común, además el consumo de agua y la generación de pasivos ambientales”.

Mientras la minería deja depósitos estériles y colas de mineral, la agricultura industrial “deja acumulaciones diseminadas de plaguicidas que persisten por años y décadas”. Con esa mirada aborda el emprendimiento de Monsanto en Malvinas Argentinas, una localidad a 14 kilómetros de Córdoba y a 10 del barrio Ituzaingó, que tiene poco más de 12 mil habitantes.

Como todas las ciudades situadas en campos de soja recibe los efectos de los plaguicidas. Afortunadamente, explica Montenegro, la noticia de la llegada de Monsanto se produjo mientras en la sociedad se debaten “los efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente”, gracias a la persistencia de las Madres de Ituzaingó.

Ironías de la vida, la noticia fue dada el 15 de junio de 2012 por la presidenta Cristina Fernández desde Estados Unidos, tres días después de iniciado el primer juicio contra los responsables de la contaminación en Ituzaingó. Apenas se enteraron del proyecto, los habitantes de Malvinas Argentinas pusieron en pie la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida integrada por el colectivo Red de Médicos de Pueblos Fumigados y vecinos de la localidad.

En abril la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y el Conicet (consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) hicieron pública una encuesta realizada en Malvinas Argentinas: el 87% desean una consulta popular y el 58% rechaza la instalación de la multinacional. Pero el 73% tiene miedo de opinar en contra de Monsanto por temor a salir perjudicado y el 65% no tiene confianza en el estudio de impacto ambiental que realizará la propia empresa[10].

Monsanto planifica instalar 240 silos de semillas de maíz transgénico con el objetivo de llegar a 3,5 millones de hectáreas sembradas. El doctor Ávila Vázquez asegura que uno de los principales riesgos es una enfermedad llamada “pulmón de granjero” que produce la formación de fibrosis en los pulmones. Un problema adicional es que “no existe en Latinoamérica un lugar donde existan tantos silos juntos y los granos estarán recubiertos con una película de agroquímicos”[11].

La planta usará millones de litros de agroquímicos para el curado de semillas y una parte de los efluentes “se liberarán al suelo y al agua, provocando un grave perjuicio”, sostiene Ávila Vázquez. La frontera agrícola seguirá creciendo y morirán muchos insectos. “Estas semillas están prohibidas en Europa porque han llevado a la muerte masiva de abejas, mariposas monarcas y vaquitas de San Antonio”, señaló el médico.

Por su parte, Montenegro sostiene que “Argentina tendría las dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas, lo cual fortalecerá el ya descontrolado modelo extractivo”. La asamblea sostiene que el municipio aplica una ley provincial que tiene menos exigencias ambientales que la nacional. En abril el Tribunal Supremo de Justicia habilitó la obra que había sido suspendida por otro juzgado[12].

Las protestas contra Monsanto se incrementaron desde el 18 de setiembre cuando los manifestantes instalaron un campamento impidiendo el paso de camiones con materiales para la construcción de la planta. Hubo una fuerte represión policial en la que fue herida Sofía Gatica. “No vamos a permitir el ingreso de ningún camión ni que se instale Monsanto, porque son ellos o somos nosotros. Yo ya perdí a mi hija”, dijo Sofía[13].

El sindicato de la construcción desalojó el 26 de setiembre a los manifestantes de uno de los portones de entrada y la CGT reclama por las fuentes de trabajo que se pierden[14]. A pesar de la mezquindad del sindicalismo empresarial, las protestas llevaron a la suspensión de las obras el 1 de octubre  por la falta de materiales.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

http://www.cipamericas.org/es/archives/10888