Argentina acordó pagar U$S 500 millones para cerrar juicios en el CIADI
El Estado desembolzará cerca de U$S 500 millones en bonos soberanos para cancelar las demandas de Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental. A cambio las empresas aceptaron quitas en el capital y los intereses.
La Argentina cerró ayer un acuerdo para cancelar las demandas que cinco empresas iniciaron contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial luego del estallido de la crisis de 2001-2002.
Si bien el acuerdo no fue confirmado oficialmente, Tiempo Argentino pudo saber que el Estado pagará cerca de 500 millones de dólares para cerrar las demandas que Azurix, Blue Ridge, Vivendi, National Grid y Continental Casualty Company habían iniciado contra la Argentina. Ese entendimiento implica una quita sustancial sobre el capital y los intereses de las demandas que plantearon las compañías.
Ayer se especulaba con la posibilidad de que el pago de esa deuda se efectuará con bonos soberanos de la República Argentina, especialmente Boden 2015 y Bonar 2017 y no se descarta que el acuerdo incluya un compromiso de inversión de esas compañías de un porcentaje no especificado de la sentencia inicial.
El entendimiento se selló en el marco de la visita del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, a Washington, donde participa de la asamblea anual conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y habría sido además el disparador para sellar una nueva “alianza estratégica” con el organismo multilateral de crédito bajo cuya órbita funciona también el CIADI (ver aparte) que implica un financiamiento por U$S por 3000 millones de dólares.
Las cinco empresas habían conseguido sentencias a su favor en el CIADI y el Uncitral (un organismo que depende de las Naciones Unidas) pero se suscitó luego una controversia porque la Argentina pretendía cancelar las deudas bajo la legislación nacional mientras que las compañías pretendían que fuera atendiendo a legislación extranjera.
Esa deuda, precisamente, era el argumento que utilizaba la administración de Barack Obama para trabar en los organismos multilaterales la aprobación de créditos para la Argentina. El acuerdo es además una nueva señal política de la voluntad de pago de la Argentina en medio de la disputa en la justicia estadounidense por las demandas de los fondos buitre que pretenden cobrar el ciento por ciento de la deuda que compraron a precio vil, luego de rechazar el proceso de reestructuración que aceptó el 93% de los tenedores.
El acuerdo incluye a cinco compañías que presentaron demandas contra el país, entre ellas Azurix, encargada del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires que en 2007 presentó una demanda ante el CIADI por 165 millones de dólares, luego de dar por extinguido el contrato en enero de 2002, luego de la crisis que terminó con la convertibilidad.
También fue de la partida Blue Ridge, la empresa que compró los derechos de CMS Gas Transmission, compañía que obtuvo un fallo inicial favorable en el CIADI luego de reclamar por el congelamiento de tarifas de Transportadora de Gas del Norte en 2002.
El convenio le pone fin también al reclamo del grupo francés de medios y telecomunicaciones Vivendi, que obtuvo en el CIADI una compensación de U$S 105 millones, por la ruptura del contrato de Aguas del Aconquija en la provincia de Tucumán. La demanda inicial data de 1996, cuando se le rescindió el contrato a la empresa luego de que durante más de 20 días salió agua contaminada de las canillas de las casas en Tucumán, mientras como contrapartida se registraba un incremento del 100% en la tarifa del servicio.
También cierra el reclamo de la británica National Grid, ex accionista de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país; y Continental Casualty Company (accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo que poseía Letras del Tesoro argentino en pesos convertibles al dólar).
El gesto de acuerdo y muestra de voluntad de pago ante un organismo como el Banco Mundial también tiene una especial importancia en el contexto del juicio que llevan adelante los fondos buitre en los tribunales estadounidenses. La Corte Suprema estadopunidense rechazó la primera apelación que llegó a sus manos, pero queda una segunda apelación que el gobierno haría antes de fin de año.
El gobierno norteamericano decidió no participar dando su opinión ante el máximo tribunal, pero sus opiniones están en línea con los argumentos argentinos y el gesto del gobierno nacional podría destrabar también la actitud de sus representantes. «
créditos por 3000 millones del banco mundial
El Gobierno cerró ayer una nueva «alianza estratégica» con el Banco Mundial, y todo parece indicar que la negociación se destrabó gracias al acuerdo en algunas de las demandas contra el país que obtuvieron fallos favorables en el CIADI, el tribunal arbitral del organismo multilateral de crédito.
«Tras una reunión con el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Hasan Tuluy, se anunció que los trabajos preparatorios de la Alianza Estratégica para el país sudamericano (por la Argentina) se encuentran en su fase final y que el documento se presentará al Directorio de la institución multilateral», según indicaron el Ministerio de Economía y el BM a través de un comunicado conjunto.
En concreto, la nueva alianza implica financiamiento de infraestructura social y desarrollo por U$S 3000 millones que se desembolsarán a razón de 1000 millones por año entre 2014 y 2016.
«Buscará avanzar en la visión del gobierno de Argentina orientada a expandir programas y políticas públicas», sostuvieron en el anuncio los protagonistas.
«Con volúmenes para programas de inversión en el entorno a los de la estrategia anterior, el programa de trabajo conjunto tiene sus ejes en mejorar el acceso a servicios públicos en las áreas de salud y educación para las poblaciones más pobres, y promover el desarrollo rural con inversiones en infraestructura», sostuvieron desde el Ministerio de Economía.
Lorenzino indicó que «la Argentina ha venido insistiendo en los foros internacionales sobre la necesidad de orientar el financiamiento a la infraestructura social y el desarrollo», y por eso «este acuerdo estratégico con el Banco Mundial refuerza el compromiso con los sectores y regiones más vulnerables del país».
«Argentina ha tenido logros muy significativos en la disminución de la pobreza y la promoción de mayor equidad en los últimos años. Desde el Banco Mundial acompañamos las prioridades del gobierno de Argentina y continuamos apoyando los esfuerzos por reducir la pobreza y generar mayores oportunidades para todo los argentinos», reconoció, por su parte, el vicepresidente Hasan Tuluy del BM.
En la actualidad, la Argentina cuenta con un programa diversificado de 31 proyectos de inversión por un total de US$ 6200 millones, con énfasis en las áreas de salud, protección social, infraestructura y medio ambiente.
