Aprueban ley para constituir empresas sociales manejadas por trabajadores
El presidente Evo Morales promulgó ayer el Decreto Supremo 1754, norma que garantiza la constitución de empresas sociales por parte de los trabajadores, lo que también les da pie para hacerse cargo de las empresas en quiebra, liquidación o cerradas.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Jaime Ponce, dijo que, en la línea de las nacionalizaciones del Gobierno, era previsible la medida, pero que es una mala señal para el sector. Analistas económicos añaden que esas entidades pueden ser insostenibles porque los trabajadores no tienen experiencia ni conocimientos en gestión empresarial.
El decreto fue promulgado en el marco del 62 aniversario de la creación de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y, durante el acto desarrollado en Palacio de Gobierno, Morales dijo que el Gobierno atiende las demandas de todos los sectores.
“Ahora ya no hay que estar sometido a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos, ahora más bien si los dueños amenazan de esta manera es mejor que la empresa entre en quiebra o cierra el empresario, entonces los fabriles serán dueños, serán nuevas empresas sociales y comunitarias”, resaltó citado por Oxígeno.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, detalló que a ese decreto acompaña una resolución biministerial contra las empresas que no respetan los derechos laborales.
Destacó la resolución de su cartera de Estado que regula la instalación de “manera indiscriminada” de cámaras de vigilancia en lugares que afecten a la dignidad de los trabajadores.
Al respecto, Ponce advirtió que la constitución de empresas sociales y la prohibición de exportar a las empresas que eviten o prohíban la conformación de sindicatos “son malas señales que el Gobierno está dando y que inundan de incertidumbre el clima de las inversiones en Bolivia”.
Comentó que “antes que hacerse cargo de empresas quebradas y anunciar restricciones”, el Gobierno debería ver la forma de potenciar a la empresa privada a través de una ley que garantice y no espante las inversiones.
El analista Iván Arias dijo ayer que el decreto forma parte de una serie de medias supuestamente “innovadoras” que “a la larga resultan insostenibles, como lo demuestra la experiencia vivida con la empresa Ametex”, que después de haberse reconstituido en Empresa Nacional Estratégica de Textiles (Enatex), el 11 de junio de 2012, “ahora se debate entre la vida y la muerte”.
“A dos años de su conformación, y después que les dijeron a los trabajadores que eran los dueños, esta empresa social Enatex, no es rentable”, sostuvo.
En criterio del analista económico Pedro Vacaflor, este tipo de empresas no garantiza éxito y lo que está haciendo el Gobierno es transferir la experiencia de los innumerables avasallamientos de yacimientos mineros a las fábricas, donde un grupo de trabajadores puede sabotear las operaciones hasta precipitar su cierre o quiebra, a favor de la creación de una empresa de carácter social.
Para el analista José Luis Evia, no es la mejor manera de resolver casos de quiebra o crisis, porque niega al empresario la posibilidad de cambiar de rubro si detecta que la unidad productiva no genera utilidades.
“Si un empresario que tiene conocimientos, experiencia, conoce los mercados y tiene acceso a crédito, no ha podido llevar adelante una empresa, ¿cómo pueden los trabajadores hacerla rentable si no cuentan con esas habilidades?”, cuestionó y añadió que constituir empresas sociales supone mucho riesgo.
