Aprueban ley de reparación de víctimas de delitos de lesa humanidad
La reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad tiene aval de una ley. La Asamblea Nacional aprobó una normativa para proteger a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos, entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008.
El Presidente, Rafael Correa, creó una Comisión de la Verdad para investigar las denuncias de atentados a los DD.HH., los cuales habían quedado en el limbo durante décadas. Los resultados de ese trabajo se empiezan a concretar. Ayer, la Corte Nacional de Justicia abrió un proceso penal contra seis ex policías y militares acusados de delitos de lesa humanidad y, simultáneamente, ordenó la detención de tres de ellos.
Ese mismo día, los legisladores de Alianza PAIS aprobaron una ley para garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como una investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables.
La ley, en su parte medular, tiene el fin de que el Estado reconozca su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad. Además, que reconozca que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos.
Según la ley, el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso documentados por la Comisión de la Verdad y reparará de manera integral a las personas que hayan sufrido vulneraciones y violaciones de los derechos humanos.
Para eso, se determina que la reparación integral buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos al estado anterior a la comisión del daño e incluirá el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.
La Procuraduría General del Estado reglamentará el procedimiento para los acuerdos reparatorios y tomar todas las medidas para su cumplimiento.
Según el proyecto, son beneficiarios de las medidas individuales del programas de reparación por vía administrativa, las víctimas directas de las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y también sus cónyuges o parejas por unión de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad en los casos y condiciones determinados en esta ley .
Las víctimas directas tienen derecho a beneficiarse de la rehabilitación física y atención psicosocial; la supresión, a solicitud de parte, de todos los datos y antecedentes personales constantes en los diferentes archivos judiciales, policiales, militares u otros, relacionados con los hechos documentados por la Comisión de la Verdad.
Este proyecto pasará a la Presidencia de la República para su revisión y en caso de que haya una enmienda volverá a la Asamblea; pero si el Ejecutivo no tiene ninguna observación regirá inmediatamente
