Negociaciones de paz en época electoral – Diario El Mundo, Colombia
El siguiente editorial responde exclusivamente a la visión de este medio
Sería sensato que el Gobierno y el país analizaran la opción de suspender las negociaciones.
La presión en torno a las negociaciones del Gobierno y las Farc en La Habana y el proyecto de ley para refrendar los acuerdos en las elecciones de 2014, han adelantado el reloj de las campañas al Congreso y la Presidencia de la República, en por lo menos dos meses, como lo están demostrando hechos que se suceden sin pausa.
El debate que apenas comienza, y que debe llevarse con máximo respeto, está marcado por la confrontación del presidente Santos y el expresidente Uribe, cada uno al frente de fuertes equipos de campaña. Así la ley no le permita al mandatario anunciar su participación electoral, sus amigos han venido promoviendo una coalición en la que deberían confluir la “Unidad Nacional”, con el doctor Díaz-Granados, su nuevo director; el Partido Liberal, cuyos expresidentes han hecho fila tras el gobernante, y con la “Fundación Buen Gobierno”, a cargo de Germán Vargas Lleras. Por su parte, el expresidente Uribe llevará la batuta de su nuevo movimiento político, el “Centro Democrático”, aunque todavía no ha confirmado que sería él quien encabezaría lista al Senado. El solo debate entre el expresidente y un mandatario que ya no puede ocultar sus expectativas, sería marco excepcional para una campaña llamada a fortalecer la democracia. Para los doctores Santos y Uribe, esta contienda es la oportunidad de dirimir, frente a sus electores, las diferentes visiones de país que enarbolan.
Junto a los indiscutibles protagonistas, y sin que pensemos que su papel será de coristas, jugarán las nuevas alianzas políticas, en especial la conformada en el centro del espectro por el Partido Verde, Compromiso Ciudadano y el movimiento Progresistas. En las elecciones a Congreso, los partidos Liberal y Conservador esperan defender sus identidades como expresiones de centro-izquierda y centro-derecha, mientras que la izquierda busca fortalecerse desde el Polo Democrático, modulando su incapacidad para hacer alianzas con su fuerte presencia en los recientes paros y con sus muy mediáticos debates políticos en el Congreso. Es difícil, aun para las democracias con partidos consolidados e instituciones maduras, llegar a un debate electoral tan interesante como el que ahora se plantea para Colombia y que los propios partidos, además del Gobierno, deben garantizar que se desarrolle sin más intereses que el de la sana competencia de las ideas.
Ayer, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que permitiría la realización del referendo constitucional aprobatorio de los acuerdos de La Habana en el marco de las elecciones de Congreso o Presidencia de 2014. El acelerado trámite de esa iniciativa parecería obedecer a un inminente acuerdo de paz, lo cual se contradice con el lento caminar de este proceso, explicado por Carlos Eduardo Jaramillo, exconsejero de Paz, en el hecho de que “una negociación de paz funciona en unos tiempos que no necesariamente son los tiempos de las instituciones ni de la Constitución”. Si a un año y un mes de iniciado el proceso, las partes apenas han logrado acuerdos en uno de los seis puntos a discutir, la presión por ese referendo se explicaría bajo el entendido de que se acepta volver a tener una campaña contaminada por la presión de las negociaciones y en la cual la agenda del debate electoral se limitaría a criticar o defender lo que apresuradamente se adelante en La Habana.
En noviembre no estaremos ante un proceso maduro, como aspiraban los negociadores oficiales, sino frente a una mesa que solo serviría para radicalizar posiciones que politizan cada vez más la búsqueda de la elusiva paz, y como plataforma a la guerrilla para reeditarse como sujeto político y borrar la imagen de terrorista que merecidamente le entregaron sus compatriotas y la comunidad internacional.
Hechas las consideraciones anteriores, sería sensato que el Gobierno y el país analizaran la opción de suspender las negociaciones. En ese contexto, el Gobierno Santos podría dedicarse de lleno a defender sus ejecutorias y a convalidar mediante el apoyo en las urnas, su iniciativa de negociación, modelo muy distante del de consolidación de la seguridad democrática, que motivó los nueve millones de votos que obtuvo en 2010. Por su parte, las demás opciones políticas tendrían que defender sus alternativas y enfocarse en explicar integralmente sus programas de gobierno.
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