Honduras: dictan prisión para dirigenta indígena por protesta contra empresas
La lideresa Lenca, Berta Cáceres, ha dicho este día a través de Radio Globo al conocer la sanción que amenaza su libertad: «Me mantengo con la frente en alto y con toda dignidad: les digo que se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo Lenca frenara su lucha histórica en defensa de los bienes comunes».
Intibucá, Honduras. Este día, 20 de Septiembre de 2013, la Jueza Alicia Lizeth Naigh Reyes del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó prisión preventiva para la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres.
Ocurrió lo que había previsto el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), que la lideresa Lenca corría peligro de perder su libertad por la protesta social que, junto a su pueblo y campesinos, ha venido ejerciendo en la zona occidental del país, en defensa de sus territorios ancestrales.
Según Víctor Fernández apoderado legal del Copinh, la Jueza Naigh Reyes no se hizo presente a la audiencia, «Ella solamente notifico la sentencia mediante un escrito a los apoderados legales de los líderes campesinos: Bertha Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Membreño».
Ante este acontecimiento, la organización por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), envía una ALERTA nacional e internacional, y señala que la decisión de la Jueza establece que los dirigentes Lencas son responsables de causarle daños a la empresa mercantil DESA-SINOHYDRO, quien desarrolla el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instaurado en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.
Fernández aseveró que Aureliano Molina y Tomás Membreño, estarán sometidos a su vigilancia y tendrán que presentarse a los Juzgados cada 15 días a firmar un libro, pero Bertha Cáceres tendrá que ir a prisión preventiva al Centro Penal de la ciudad de La Esperanza, ciudad ubicada a 188 kilómetros al occidente de la capital hondureña.
El dictamen también ordena el desalojo inmediato de la toma de carretera, acción de protesta pacífica que por más de seis meses han desarrollado los campesinos Lencas junto a la comunidad de Río Blanco y el Copinh.
Por su parte Bertha Cáceres en comunicación telefónica a Radio Globo, dijo: «Me mantengo con la frente en alto y con toda dignidad: les digo que se equivocaron estos empresarios al pensar que el pueblo Lenca frenara su lucha histórica en defensa a los bienes comunes».
Cáceres señaló «Mi delito es portar mantas con el nombre del COPINH, gritar consignas y hacer poemas por la defensa del Río Blanco, por eso me acusan de incitadora, estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello también me declaro una perseguida política».
Cáceres afirmó que el movimiento campesino se está enfrentando un nuevo reto: «la lucha jurídica», ya que también su apoderado legal Víctor Fernández, está acusado por el mismo delito en el departamento de Atlántida, «accionar que sin duda obedece a una estrategia para debilitar mi defensa jurídica y desprestigiar el trabajo del abogado Fernández dentro de la organización Movimiento Amplio».
En reacción Bertha Oliva, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH), dijo que la resolución no le sorprende pues obedece a la doble moral del Estado de Honduras quien internacionalmente proclaman el respeto a los derechos humanos pero a través de sus operadores de justicia criminaliza la lucha de los defensores del país.
Oliva aseguró que informara de manera inmediatamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), sobre la resolución de enviar a prisión a Bertha Cáceres, quien es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por ellos.
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