Grave decisión de Venezuela – Diario El País, Uruguay
El siguiente editorial responde exclusivamente a la visión de este medio
Los admiradores de la República Bolivariana, esos que siguen elogiando el modelo implantado por Chávez, se las verán en figurillas para explicar por qué Venezuela abandonó la semana pasada el sistema interamericano de derechos humanos. En efecto, por decisión del gobierno de Caracas la Corte Interamericana dependiente de la OEA quedó privada de intervenir en defensa de los venezolanos que en lo sucesivo requieran su ayuda.
TEMAS
ALBA – Hugo Chávez – Organización de Estados Americanos – sistema Interamericano de Derechos Humanos
Con esta retirada resuelta en vida por Chávez que calificó a la Corte de «mafia», y ratificada por Nicolás Maduro, el Estado venezolano dejó sin cumplir más de una docena de sentencias condenatorias en donde se disponían indemnizaciones para unos 250 reclamantes. Con esta medida ahora es más grave el desamparo en el que quedan los sufridos habitantes de ese país en donde a la pérdida de jurisdicción de la Corte se suma una reforma del proceso penal que prohibió a las ONG apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La historia de los choques entre el gobierno venezolano y el sistema interamericano de derechos humanos comenzó en 2010 cuando la Corte elaboró un informe en donde se denunciaba el deterioro de la democracia bajo el régimen chavista. Allí se registraban, entre otras violaciones, las limitaciones a la libertad de expresión especialmente en medios audiovisuales, las distintas formas de acoso a opositores, la pérdida de autonomía de la justicia y la incidencia gubernamental en el órgano encargado de tutelar el proceso electoral.
En junio de este año, en ocasión de la asamblea general de la OEA, Caracas arremetió contra el sistema interamericano de derechos humanos al que acusó de favorecer los reclamos de la oposición. Sus críticas hallaron eco en Ecuador, un país que con Rafael Correa a la cabeza, participó últimamente en los intentos por debilitar a la Corte y a la Comisión de Derechos Humanos.
El gobierno de Correa, un contumaz perseguidor de la prensa libre, fue condenado varias veces por la OEA y, por supuesto, amenaza seguir el camino de Venezuela. Durante esa acometida en la OEA Uruguay fue uno de los países que más defendió el sistema de derechos humanos procurando evitar que se limitaran sus atribuciones, una postura que por momentos lo dejó enfrentado a Venezuela y Ecuador, dos países del Alba, ese bloque político inspirado por Chávez al que nuestra cancillería mira aun con cierta simpatía.
La postura uruguaya tuvo lógica, ya que pocos países del hemisferio cumplieron tan al pie de la letra las recomendaciones de la OEA, ese organismo multinacional otrora denostado por la izquierda que llegó a calificarlo como «el ministerio de colonias de Estados Unidos». La anulación de la ley de caducidad solicitada por la Comisión de Derechos Humanos así como la asunción de responsabilidad por violaciones cometidas bajo la dictadura fueron decisiones de nuestro gobierno que constituyeron un modelo de acatamiento al sistema interamericano de derechos humanos.
Coherente con esa posición asumida en la OEA, el gobierno uruguayo debería ahora manifestar oficialmente su preocupación por la decisión venezolana de salir de la jurisdicción de la Corte y arengarla a «consolidar dentro del cuadro de las instituciones democráticas un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales», tal como reza el Pacto de San José de Costa Rica firmado por ambos países.
Claro que adoptar una actitud de esa naturaleza supondría poner en evidencia la índole autoritaria y poco democrática del gobierno de Caracas, algo que difícilmente se haría bajo la presidencia de José Mujica, un presidente que hace unos meses, integrado a un acto de corte netamente político, convalidó con su presencia en Venezuela la irregular candidatura de Nicolás Maduro. Significaría además un desgarramiento para un grueso sector del Frente Amplio en donde se mantiene viva la adhesión al chavismo, observado y publicitado todavía como un ejemplo a imitar.
Por último, cabe preguntar cuál será la actitud del Mercosur ante esta salida del sistema interamericano de derechos humanos de su novel socio venezolano, una resolución confirmatoria de un rumbo autoritario que resulta violatorio de la cláusula democrática vigente en nuestro decaído bloque regional.
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