Acta secreta sobre los vínculos de la Corte Suprema y el gobierno militar
La reunión entre el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano y otros ministros, con miembros de la Junta de Gobierno, liderados por Augusto Pinochet, tenía como eje principal la petición de los jueces para que mejoraran sus pensiones. En medio de las negociaciones, los magistrados manifestaban abiertas muestras de apoyo y lealtad hacia “nuestra Junta de Gobierno”. Recalcando el trabajo codo a codo y la necesidad de solucionar problemas “amistosamente, para que las cosas no trasciendan afuera”.
A las 16:00 horas del 30 de octubre de 1974, el entonces presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano,junto a otros tres magistrados, se reunía secretamente con integrantes de la Junta de Gobierno liderada por Augusto Pinochet.
Casi 40 años después, fragmentos de lo discutido en dicha cita, recogida en el acta secreta 165ª, dan cuenta de la cercanía y connivencia que se gestó entre el Poder Judicial y el Gobierno Militar, en medio de la petición de mayores asignaciones y jubilaciones por parte de los jueces.
Junto a Urrutia Manzano, asistieron a la reunión sus sucesores a la cabeza de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre e Israel Bórquez, además de Juan Pomés. Este último, junto a Bórquez y Urrutia Manzano, se habían reunido secretamente el mismo día del Golpe Militar, que apoyaron abiertamente, según consta en El Libro Negro de la Justicia Chilena, de Alejandra Matus.
Famosa se hizo la frase de Israel Bórquez: “Los desaparecidos me tienen curco”. Mientras que el discurso de apertura del año judicial de 1975 de Urrutia Manzano, quien tras el Golpe se adelantó a investir al general Pinochet con la banda presidencial, en una clara muestra de respaldo a la dictadura negó tajantemente la existencia de detenidos desaparecidos o de de torturas y “otras atrocidades”.
En tanto, el ministro Eyzaguirre había aceptado gustosamente sumarse a una gira gubernamental por Europa en 1974, junto al presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán y el abogado Julio Durán, cuyo fin era explicar las razones y fundamentos del Golpe.
El tema principal del encuentro secreto esa tarde de octubre a la que asistieron estos magistrados, se refería a la situación previsional del Poder Judicial. Específicamente la necesidad, según señalaban los magistrados presentes, de impulsar un proyecto pendiente que favorecía los montepíos de las viudas de Ministros y las jubilaciones de los mismos con motivo del 35% de asignación profesional.
Al respecto, Eyzaguirre señalaba que la Corte Suprema estaba consciente de “la situación extremadamente grave desde el punto de vista financiero en que se encuentra el país. Estamos conscientes de que los señores miembros de la Junta de Gobierno han recibido una herencia fatal y desesperada. No nos atreveríamos a venir a plantear a la Honorable Junta de Gobierno una situación que significara un mayor gasto público, porque consideraríamos una falta de patriotismo de nuestro actuar pedir una cosa así (…)”.
Urrutia Manzano agregaba que “ustedes tienen un testigo presencial a quien pueden interrogar acerca de esto: el Auditor General de Guerra, que una vez a la semana está precisamente en la primera sala, en la Sala mía, trabajando con nosotros. Él ha visto cuántas veces la Corte Suprema ha sorteado riesgos para evitar que se deslice un comentario en el exterior (del país) que pudiera perjudicar a nuestra Junta de Gobierno, pues eso la Corte Suprema no lo acepta, y hemos buscado con él la manera armoniosa de salir del tranco para que no salga a la publicidad algún error que ha podido cometer algún fiscal”.
Lo que era secundado por Urrutia Manzano, que exponía ante los militares que “como les expresó el ministro Eyzaguirre, nosotros comprendemos la situación en que está la Junta y la situación del país. Hemos prestado el mayor apoyo posible que hemos podido a la Junta, porque estamos convencidos de eso y lo hemos hecho sinceramente, sin esperar nada. Pero hoy día nos encontramos en una situación francamente insostenible (…) ahí está el Ministro señor Ortiz, que está pidiendo permiso tras permiso, y entonces, tengo ahí un hueco y tan es así, que ni hemos querido nombrar suplente”.
Pero es una intervención del ministro Eyzaguirre la que grafica especialmente la extrema cercanía y colaboración entre ambos poderes, y da cuenta de los esfuerzos de los jueces por trabajar favoreciendo a los militares, evitándoles problemas en el exterior y con la prensa.
“El Poder Judicial ha sido maltratado desde hace muchísimo tiempo por una razón muy sencilla: porque siempre fue tremendamente legalista; porque impuso el cumplimiento de la Constitución y de las leyes valientemente contra cualquier tipo de Gobierno. Y al actual Gobierno la Corte Suprema le tiene especial estimación”.
El magistrado agregaba que “ustedes tienen un testigo presencial a quien pueden interrogar acerca de esto: el Auditor General de Guerra, que una vez a la semana está precisamente en la primera sala, en la Sala mía, trabajando con nosotros. Él ha visto cuántas veces la Corte Suprema ha sorteado riesgos para evitar que se deslice un comentario en el exterior (del país) que pudiera perjudicar a nuestra Junta de Gobierno, pues eso la Corte Suprema no lo acepta, y hemos buscado con él la manera armoniosa de salir del tranco para que no salga a la publicidad algún error que ha podido cometer algún fiscal, por ejemplo, alguna petición que no debió haberse hecho, y lo solucionamos siempre así, amistosamente, para que las cosas no trasciendan afuera, porque para nosotros es fundamental eso: la colaboración que nosotros podamos prestarle a la Junta de Gobierno honesta y sinceramente”.
Por su parte, Urrutia Manzano recalcaba que “eso le está probando a usted que si hemos venido aquí es porque estamos en situación desesperada”.
Los arrumacos también venían del otro lado. Pinochet en persona le respondía al magistrado, que “el mismo cariño que usted me expresaba en días pasados es el que tenemos nosotros por ustedes”.
LOS RECURSOS DE AMPARO
Entre septiembre de 1973 y diciembre de 1983 los tribunales chilenos acogieron apenas 10 de los 5.400 recursos de amparo presentados a favor de personas detenidas ilegalmente por orden de las autoridades del Gobierno Militar.
Según un Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el elevado número de recursos rechazados obedecía principalmente a la lógica adoptada por las Cortes chilenas en estos casos, que tenía dos pilares: daba plena fe a los informes ministeriales de que no se había detenido al amparado, dejando absolutamente de lado las pruebas o testimonios que avalaran la denuncia. O, en caso de que las autoridades admitieran la detención, los jueces hacían vista gorda porque había sido un arresto realizado legalmente.
La situación de los recursos de amparo fue tratada tangencialmente en el secreto encuentro de fines de 1974 entre magistrados y militares.
Al finalizar el extenso diálogo sobre las pensiones, Urrutia Manzano desliza el tema:
“Tomándome la libertad, solo deseo agregar algo completamente al margen de esto. Tenemos problemas: los famosos informes de los Ministerios en los recursos de amparo. Tengo 300 informes pendientes. A petición de la Corte Suprema, envié al respecto un oficio al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Llegaron 50 informes, pero quedan 250, y ahora han llegado otros 50 amparos. Comprendo la situación, pero le pido, señor Presidente, si se podría acelerar esto, porque después vienen los reclamos”.
La respuesta de Pinochet fue escueta: “Hay problemas por gente que se traslada afuera. Además, por ejemplo, ayer una señora estaba buscando a una persona, pero había entregado otro nombre. Me voy a preocupar de este asunto”.
