A 40 años, abren investigación por responsabilidad de civiles en la gestación del golpe
Mario Carroza tramita una querella por los posibles delitos de alzamiento y sublevación.
Dilucidar quiénes participaron en la preparación del Golpe Militar y con cuánta anterioridad se comenzó a gestar es una de las tareas que durante estos ocho meses ha realizado de manera reservada el ministro en visita Mario Carroza.
El magistrado que indagó la muerte de Salvador Allende y que actualmente investiga las circunstancias en que falleció el poeta Pablo Neruda, abrió este proceso judicial en enero, luego de que las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos presentó una querella a fines de diciembre de 2012, y ahora se conocen sus primeras diligencias. En esta acción judicial, patrocinada por el abogado Eduardo Contreras, se menciona a un grupo de personas que tendría conocimiento de esta gestación, entre los cuales hay políticos, miembros de gremios, personas vinculadas a medios de comunicación, entre otros.
En esa querella se invocan los posibles delitos de los artículos 121 y 122 del Código Penal, alzamiento y sublevación y va dirigida contra quienes resulten responsables. Uno de los antecedentes que se adjuntó en esa acción judicial es un informe del Senado estadounidense elaborado en 1975 por la Comisión Church, en que se relata las acciones de inteligencia que realizó EE.UU. en Chile entre 1963 y 1973. “Se busca llegar al fondo. El Golpe no es obra sólo y exclusiva de las FF.AA., sino que a una conjura fraguada antes de que Allende asumiera el gobierno”, señaló Contreras.
Carroza solicitó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI que detectara las personas que tendrían alguna vinculación con el Golpe de Estado de 1973. “Se solicitó (en la querella) que se indagara el período anterior al Golpe Militar y verificar si en ese tiempo se cometieron algunos ilícitos. En ese sentido, hemos desarrollado todas las diligencias que sean necesarias para tomar una determinación una vez que éstas concluyan y establecer si hubo o no algún ilícito que pudiera perseguirse y, por supuesto, encontrar a los responsables”, dijo a La Tercera el juez Carroza. Agregó que “estamos en las indagaciones preliminares recabando los antecedentes y datos que sean necesarios”.
Una de esas diligencias será interrogar en calidad de testigo al ex secretario general del Partido Socialista Carlos Altamirano, quien tenía que ir ayer al tribunal. Sin embargo, esto no se concretó, según su abogado, por lo que se deberá fijar una nueva fecha. Esta será la primera declaración judicial del caso.
En el expediente también consta una diligencia en que el juez ordenó a la PDI “ubicar y entrevistar” en calidad de testigo a Agustín Edwards Eastman y, posteriormente, al abogado Pablo Rodríguez Grez.
