Países de la región adoptan el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas aprobaron hoy elConsenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que contiene una serie de acuerdos para reforzar la implementación de los asuntos de población y desarrollo después de 2014, al término de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realizó del 12 al 15 de agosto de 2013 en la capital de Uruguay.
La conferencia, organizada por la CEPAL y el Gobierno de Uruguay con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reunió también a 24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no gubernamentales, con una audiencia total que superó las 800 personas, convirtiéndose así en una de las reuniones intergubernamentales más grandes de los últimos años en la región.
El Consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.
Los delegados de los países señalaron que la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos, es el marco general que debe guiar la profundización de las políticas públicas y acciones necesarias para erradicar la pobreza, la exclusión y desigualdad. En este ámbito, acordaron también aplicar un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género e intercultural en el tratamiento de los asuntos de población y desarrollo, y garantizar un patrón de producción y consumo sostenible, evitando el agravamiento de los cambios climáticos indeseados, entre otras medidas.
En el primer tema prioritario, derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los países acordaron garantizar a todos estos grupos las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, sin ningún tipo de discriminación. También se acordó invertir más en juventud, especialmente en educación pública, así como implementar programas de salud sexual y reproductiva integrales y dar prioridad a la prevención del embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, entre otras.
Sobre el segundo, envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos, los delegados pactaron formular políticas con enfoque de género que aseguren un envejecimiento de calidad, incorporar a las personas mayores como foco prioritario de los programas públicos y ampliar los sistemas de protección y seguridad social.
El tercero dice relación con el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se contempla promover políticas que aseguren que las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y tomar decisiones al respecto de manera libre y responsable, con respeto a su orientación sexual, sin coerción, discriminación ni violencia. Asimismo los países se comprometen a revisar las legislaciones, normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud reproductiva, y garantizar su acceso universal. De igual forma, acordaron asegurar la existencia de servicios seguros y de calidad de aborto para las mujeres que cursan embarazos no deseados en los casos en que el aborto es legal, e instar a los Estados a avanzar en la modificación de leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.
En el cuarto tema prioritario, sobre igualdad de género, los delegados acordaron entre otras medidas cumplir con el compromiso de incrementar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación de las políticas en todos los ámbitos del poder público, hacer efectivas las acciones preventivas que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, integrándolo en los sistemas de protección social.
Sobre la migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes, se acordó garantizar la plena inclusión de todos los asuntos relacionados con este fenómeno en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el desarrollo post-2015, brindar asistencia y protección a las personas migrantes, respetando cabalmente sus derechos, y promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que incluyan a los trabajadores migrantes.
En el sexto punto que dice relación con la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental, los representantes acordaron construir territorios más articulados y cohesionados, mediante el diseño y ejecución de planes de gestión urbana con una visión centrada en las personas, y planificar el desarrollo territorial con perspectiva de derechos humanos y de género.
Sobre el séptimo – pueblos indígenas, interculturalidad y derechos– se acordó respetar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como las del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exhortando a los países a ratificarlo. Asimismo, se insta a garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a prestar especial atención a su movilidad y desplazamientos forzados y desarrollar políticas que permitan el consentimiento libre e informado en los asuntos que les afecten.
En relación a los afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial, los países recomiendan aplicar las disposiciones de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y abordar las desigualdades de género, raza y generacionales, especialmente la discriminación que sufren las mujeres y jóvenes de este grupo poblacional.
Al término de la conferencia los delegados aprobaron una agenda regional en población y desarrollo para América Latina y el Caribe sobre la base del seguimiento del Programa de Acción de El Cairo más allá de 2014, y se comprometieron a generar mecanismos regionales para el monitoreo y rendición de cuentas de esta agenda y a mejorar las fuentes de datos sobre población, promoviendo la plena independencia de los sistemas nacionales de estadísticas.
Los países señalaron que estos acuerdos se eleven como una contribución de América Latina y el Caribe para las reuniones de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y de la Asamblea General del organismo mundial que se celebrarán en Nueva York en abril y septiembre de 2014, respectivamente.
Finalmente, los delegados reconocieron y agradecieron el liderazgo de Uruguay en su rol de país anfitrión y en la presidencia de esta conferencia, y aprobaron una moción para que la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se realice en México en 2015.
DOCUMENTO COMPLETO: http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/0/50700/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf
