Otro paso hacia la modernización – Diario La República, Uruguay

Esta norma se suma a las ya aprobadas y promulgadas leyes de despenalización del aborto y de matrimonio igualitario, que significaron una adecuación de la legislación a la realidad social para acompasar los cambios operados en las pautas culturales de los uruguayos. Es una derrota de la hipocresía propia de las sociedades predominantemente conservadoras; y es, asimismo, el reconocimiento del fracaso de las políticas prohibicionistas y de las estrategias represivas.

Cierto es que en Uruguay la legislación no castigaba la homosexualidad ni prohibía que dos individuos del mismo sexo convivieran como pareja. Pero la sociedad sí criminalizaba ese tipo de uniones y discriminaba a los homosexuales. En los últimos años, se vivió un proceso de cambios en esa mentalidad predominante y las relaciones homosexuales dejaron de percibirse como algo pecaminoso. Esto se debió, en gran medida, a la campaña militante desarrollada por organizaciones civiles que incidieron fuertemente en los cambios producidos en la mentalidad media del ciudadano común. Hoy en día, la discriminación por razones de opción sexual ha retrocedido notoriamente, y la ley de matrimonio igualitario vino a consagrar formalmente los derechos de los homosexuales; y, junto a otras normas tendientes a evitar todo tipo de discriminación, va corrigiendo iniquidades que se arrastraban desde hace demasiado tiempo.

El aborto estuvo penalizado durante casi ochenta años y ello no fue óbice para que anualmente miles de mujeres recurrieran a esa práctica en casos de embarazos no deseados; las más pudientes concurrían a clínicas clandestinas de buen nivel para atenderse con las mayores garantías, mientras las de menores recursos apelaban a los servicios que brindaban clínicas clandestinas cuyas condiciones de higiene dejaban mucho que desear. La Ley 18.987 no simplemente despenalizó el aborto en ciertas condiciones sino que reguló dicho acto médico de modo de democratizarlo y de brindar a todas las mujeres la posibilidad de someterse a esa práctica con todas las garantías de salubridad y bajo el control de las instituciones de asistencia médica.

En lo que tiene que ver con la marihuana, recordemos que en Uruguay estaba prohibido todo lo relativo a la producción y comercialización de la sustancia, mas no su consumo. De ese modo, se daba una situación paradojal, pues se obligaba a los consumidores a recurrir al mercado negro en manos de narcotraficantes para procurarse la dosis necesaria. El proyecto de ley de regulación de la producción, comercialización y consumo de cannabis pone fin a esa realidad absurda y tiende a desbaratar el mercado negro y a proteger al consumidor, dándole garantías sobre la calidad del producto.

De la misma manera que la despenalización del aborto no significó un estímulo a dicha práctica, la regulación del cannabis en modo alguno ha de ocasionar un incremento de los consumidores, como han sostenido algunos pintando un panorama apocalíptico en el que los uruguayos nos convertiríamos todos en drogadictos.

En fin, consideramos positivo que el Estado enfrente la realidad y ejerza un control sobre todo este delicado asunto, en lugar de aferrarse a un statu quo de prácticas que han demostrado su más absoluta inoperancia en el combate al narcotráfico.