Las (in)definiciones de los programas económicos de los candidatos presidenciales
En el marco del seminario «la agenda económica de los candidatos presidenciales: ¿Cómo sostener el crecimiento?», organizado por Sofofa en conjunto con la U. del Desarrollo, los economistas plantearon sus objetivos, pero dejando sin respuesta algunos temas sensibles.
Era la primera vez que los representantes de los programas económicos de las candidaturas de Michelle Bachelet, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami estaban frente a frente, en el mismo salón, para presentar las propuestas económicas de sus presidenciables.
En ese contexto, el encuentro, que se dio en el marco del seminario «¿Cómo sostener el crecimiento económico?» organizado por la Sofofa, era esperado tanto por el mundo académico, como por los agentes privados, sobre todo considerando el debate instalado respecto al manejo fiscal del gobierno, criticado por la Concertación, y aplaudido por la Alianza.
Sin embargo, si bien tanto Felipe Morandé, como Alejandro Micco y Andrés Solimano exhibieron algunos lineamientos y objetivos claros y definidos en algunas materias, dejaron tantas (o más) dudas respecto a otras definiciones y materializaciones de sus proyectos, como en materia de crecimiento económico, energético, y tributarias.
En ese sentido, importante es destacar, por ejemplo, que la candidatura de Evelýn Matthei lleva un tiempo considerablemente menor respecto a la de sus contendores, por lo que constantemente manifestó que hay cosas que aún no se definen, mientras que Solimano anticipó la pronta publicación del programa económico.
Por su parte, Micco dio cuenta del mayor tiempo de coordinación en su comando, aunque no expuso nuevas iniciativas respecto a las ya conocidas, y no quiso descartar o apoyar proyectos como el de Hidroaysén.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Tras las exposiciones de los economistas, no queda claro el panorama económico que le espera al país para el próximo año, ya que por un lado se reconoce un escenario adverso en 2014 para la actividad, por otro se espera aumentar las tasas de productividad, capital humano, y en definitiva, de crecimiento potencial.
Así lo afirma Felipe Morandé, quien afirma que en un eventual gobierno, apostarían por avanzar hacia un PIB de tendencia en torno a 5,5%, por sobre el 5% actual
«Queremos sentar las bases para elevar el crecimiento potencial a 5,5%. Hoy según la comisión de expertos del Banco Central el PIB potencial está en 4,9%, pero probablemente esté más cerca del 4,5%. Por eso es que queremos elevar en un punto el crecimiento potencial de la economía», explicó, aunque advirtió que el cómo hacerlo está todavía en líneas gruesas.
Al respecto, Micco respondió que «obviamente nos gustaría tender a un PIB potencial de 5,5% pero eso no se hace por decretos ni por declaraciones, sino que con medidas, y esas nos indican que la gran limitante para lograr el crecimiento del país es el bajo capital humano, que no permite nuevas tecnologías de punta».
Sin embargo, reconoció que «aún no tenemos proyecciones de crecimiento para el 2014, aunque si uno ve las cifras y las expectativas, la economía se está desacelerando».
En tanto Solimano, tampoco entregó supuestos macroeconómicos para el siguiente ejercicio, enfocándose en el concepto de democracia económica, como nuevo modelo de desarrollo.
POLÍTICA ENERGÉTICA
Por lejos, las presentaciones respecto a las políticas energéticas fueron las que más dudas dejaron en el seminario de Sofofa.
Respecto a la candidatura de la Alianza, Morandé explicó que recién mañana se conocerán sus propuestas al respecto.
«Tenemos una comisión energía liderada por Sebastián Bernstein y esperamos de aquí al viernes vamos a saber exactamente que está proponiendo», reconoció.
De todas formas, anticipó que desde el comando, «creemos que desde un principio que todas las fuentes energéticas disponibles deben ser integradas, obviamente incluida la energía hidráulica, para aprovechar el recurso agua».
Asimismo, el economista le dio vital importancia que el suministro de Gas Natural Licuado pueda extenderse a otras regiones, aportando positivamente a la matriz energética.
Lo más importante, a su juicio, es crear un «gran acuerdo nacional» para evitar la judicialización.
Por su parte, Andrés Solimano no fue claro respecto a la posición respecto a las energías hidroeléctricas, ya que si bien manifestó abiertamente que «en campaña de Marco no somos partidarios de Hidroaysén, porque no es un proyecto que le convenga al país», más tarde señaló que «creemos que la energía hidroeléctrica es importante, importante y Chile es un país de cadenas montañosas, valles y tranques, lagos y ahí se pueden crear centrales y no se tiene por que intervenir la Patagonia», para excluir al polémico proyecto en Aysén.
Mientras, el representante de la ex presidenta Michelle Bachelet, prefirió no descartar o aprobar la ejecución del proyecto Hidroaysén.
«Eso se va ir revisando caso a caso, ya que se gobierna para el conjunto, con los marcos legales de todo el país, y no para una empresa en particular. Para estar en condiciones de tomar una decisión la institucionalidad tiene que estar validada», afirmó.
En todo caso, Solimano sostuvo que era necesario repatriar los derechos de agua y luego concesionarlos. «El Estado no puede hacerlo todo», dijo.
En tanto, Micco sí definió que se pretende mejorar el proyecto de ley con respecto a la carretera eléctrica, impulsar la ley de servidumbre (sobre concesiones públicas), e intentar bajar la judicialización de proyectos de este sector, vinculando al a ciudadanía en la toma de decisiones, algo similar al modelo alemán.
Además, compartió con Morandé la idea de masificar el gas natural licuado.
REFORMA TRIBUTARIA
Pero sin duda la reforma tributaria fue la estrella de la jornada, tanto por los detalles ya disponibles como por las críticas que ha recibido el diseño propuesto por Bachelet.
Así, mientras Felipe Morandé dejó claro desde el comienzo de su intervención que «los ruidos» de una nueva Constitución, así como cambios tributarios afectan la inversión en el país, no descartó tajantemente que pudiese haber ajustes impositivos en el programa de la abandera de la Alianza: «si hacemos ajustes van a ser para mejorar lo que hay», dijo.
Asimismo, comentó que los acuerdos que se piden él no los centraría solamente para subir los impuestos, ya que «eso es muy limitado y pone el acento donde no debiera. ¿Por qué no incluir dentro de ese acuerdo nacional que queremos llegar a ser un país desarrollado integralmente, con un mayor ingreso per capita y mejor distribuido?. O sea, pongamos los acuerdos en términos de lo que es sustancial, no de un instrumento como es la reforma tributaria», precisó.
Alejandro Micco, en tanto, volvió a resaltar la importancia de contar con una reforma tributaria (US$8.200 millones, equivalente a 3,01% del PIB) para poder hacer los «grandes cambios» que contempla el programa de gobierno de Bachelet, ya que «los gastos que se están planteando entendemos que son permanentes y, por ende, requerimos tener recursos permanentes».
La idea, comentó, es subir gradualmente la tasa de impuestos a las empresas de 20% a 25% y eliminar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), reemplazándolo por un mecanismo de depreciación instantánea para fomentar la inversión.
Al respecto, el economista dijo que hasta ahora ningún integrante del equipo económico ha planteado algún mecanismo alternativo a la eliminación del FUT. Incluso aseguró que su supresión es la recomendación que han hecho expertos internacionales.
«Desde José de Gregorio nadie ha planteado que hubiese algo mejor o una mejor solución a la eliminación al FUT», ejemplificó Micco. Agregó que «estamos en un punto de inflexión como en los 90» y que se debe hacer un nuevo pacto social que permita estabilidad y equidad «por lo próximos 25 años».
Para Andrés Solimano, en tanto, el financiamiento del Programa de Democratización Económica que plantea Marco Enríquez-Ominami, sí tiene varios cambios tributarios.
Uno de ellos, dijo, será «un impuesto en primera categoría con base devengada, con una tasa de 26%». Asimismo, se buscará «una mayor contribución tributaria de la gran minería privada, (ya que) la gran minería privada contribuye menos que Codelco».
Otros gravámenes que se verían tocados sería tener impuestos verdes (a combustibles fósiles) y una reducción de exenciones tributarias. Esto, junto a fortalecer la autonomía económica de las regiones mediante un royalty regional.
